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El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, enfrenta este viernes una instancia decisiva en el Senado de la Nación: el debate del Presupuesto 2026, un proyecto que, de aprobarse sin modificaciones, se convertiría en la primera ley de leyes propia de la actual administración. El tratamiento resulta relevante no solo por su impacto institucional, sino también porque es leído por el mercado como una señal política y fiscal clave, capaz de fortalecer la estrategia del ministro de Economía Luis Caputo para enfrentar los vencimientos de deuda de enero y consolidar una baja del riesgo país. La información fue difundida por Infobae.
Tras la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término, el equipo económico observó una mayor calma cambiaria y una compresión del indicador de riesgo país, elaborado por JP Morgan. En ese contexto, la sanción del Presupuesto 2026 aparece como una de las variables políticas que el mercado monitorea para definir su posicionamiento frente a los bonos argentinos y a la eventual reapertura del financiamiento externo.
Desde el Palacio de Hacienda interpretan que contar con un presupuesto aprobado no solo ordena la ejecución del gasto, sino que refuerza la previsibilidad fiscal, un factor central para los inversores. “La aprobación del Presupuesto 2026 habilitaría al Gobierno a volver a emitir deuda en el exterior”, señalaron analistas del mercado citados por Infobae, en referencia a una condición que muchos fondos consideran indispensable para ampliar exposición a activos argentinos.
En esa línea, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, advirtió que el mercado sigue de cerca tres variables inmediatas: la compra de dólares del Tesoro, la dinámica del tipo de cambio y la evolución de las tasas de interés. A ese conjunto se suma el factor político de la sanción del presupuesto, que podría contribuir a una nueva baja del riesgo país. Según Botto, incluso antes de que el nuevo esquema cambiario opere plenamente, los inversores anticiparon una reacción positiva, reflejada en la caída del indicador por debajo de los 600 puntos, una suba del Merval en dólares y una mejora general de los instrumentos del Tesoro.
Otro aporte en la misma dirección llegó desde Wise Capital, donde destacaron que la ley de leyes permitiría avanzar con emisiones en dólares bajo legislación extranjera, un formato preferido por los inversores internacionales. De sostenerse este escenario, evaluaron, el Tesoro tendría margen para recuperar el rollover de su deuda durante 2026, un punto sensible tras años de restricciones en el acceso a los mercados.
Más allá del impacto simbólico y financiero, el Presupuesto 2026 incorpora herramientas concretas que amplían el margen de maniobra de Caputo. Entre ellas se destaca el artículo 56, ya aprobado en la Cámara de Diputados, que habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos sin las limitaciones establecidas por la Ley de Administración Financiera, conocida como Ley Guzmán.
El texto faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a efectuar compras, ventas y canjes de instrumentos financieros, incluyendo bonos, acciones y derivados, con el objetivo de reordenar el perfil de la deuda pública. En la práctica, esto permitiría intercambiar deuda vieja por nueva, extendiendo plazos y mejorando el calendario de vencimientos, una opción especialmente relevante de cara al 9 de enero de 2026, cuando vencen más de USD 4.200 millones, de los cuales alrededor de USD 3.700 millones están en manos de bonistas privados.
Consultadas por Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía aclararon que, para los compromisos de enero, las alternativas evaluadas siguen siendo las mencionadas por Caputo en el streaming La Casa: un repo con bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones, la posibilidad de swaps con Estados Unidos y China, y el esquema de “refinanciamiento en el mismo día”. No obstante, la aprobación del presupuesto ampliaría el abanico de opciones disponibles para el mediano plazo.
El camino legislativo del Presupuesto 2026 no estuvo exento de tensiones. En Diputados, el oficialismo logró la media sanción, pero debió ceder en el capítulo 11, que proponía derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. Esa modificación obliga ahora al Ejecutivo a reacomodar partidas para sostener el objetivo de equilibrio fiscal.
El propio presidente Milei reconoció en una entrevista televisiva que no vetará esos artículos, pero avanzará en una reasignación de gastos. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, afirmó, según consignó Infobae.
El principal límite para ese ajuste es el gasto previsional, que representa cerca de la mitad del gasto total y se actualiza mensualmente por inflación. Si bien la fórmula fue establecida por decreto, modificarla en el corto plazo aparece como una alternativa políticamente costosa. Según Guido Rangugni, vicepresidente de la ASAP, el gasto previsional al cierre de 2025 ya se ubica por encima de lo previsto para 2026, incluso bajo supuestos de inflación optimistas. En su estimación, existiría una subestimación de entre 5 y 6 puntos en ese rubro.
Para los analistas, la importancia del Presupuesto 2026 trasciende el contenido numérico. Su aprobación en el Senado sería interpretada como una señal de gobernabilidad y de capacidad del oficialismo para articular mayorías legislativas, un factor que incide directamente en la percepción de riesgo. En un contexto regional e internacional volátil, la validación parlamentaria de la estrategia fiscal refuerza la narrativa de orden macroeconómico que el Gobierno busca instalar.
En el equipo económico confían en que, con el presupuesto sancionado, se consolide una tendencia de compresión del riesgo país, un indicador clave para abaratar el costo del financiamiento y reinsertar gradualmente a la Argentina en los mercados internacionales. Aunque reconocen que la baja no será lineal, consideran que la combinación de disciplina fiscal, respaldo político y nuevas herramientas financieras puede marcar un punto de inflexión.
Así, el debate de este viernes en el Senado se presenta como algo más que un trámite legislativo. Para el Gobierno de Milei y para Caputo, el Presupuesto 2026 funciona como un test de credibilidad ante los inversores y como una pieza central de la estrategia para atravesar los próximos vencimientos sin sobresaltos y sentar las bases de una normalización financiera más duradera.
