Mendoza lanza una especialización inédita para reforzar la fiscalización estatal ante el crecimiento económico

El Gobierno de Mendoza lanzó una Especialización para Inspectores del Estado destinada a fortalecer y jerarquizar las tareas de fiscalización y control en un contexto de crecimiento de la actividad económica, con especial énfasis en la minería y otras actividades extractivas. El anuncio fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo este lunes en la Casa de Gobierno, acompañado por autoridades del gabinete provincial. La iniciativa comenzará a implementarse en 2026 y busca dotar a los equipos de inspección de herramientas técnicas comunes, mejorar la coordinación entre organismos y elevar la capacidad del Estado para prevenir incumplimientos y daños ambientales.

Durante la presentación, Cornejo subrayó que el escenario de mayor dinamismo productivo exige un Estado con controles más sólidos y profesionalizados. En ese marco, sostuvo que la fiscalización debe estar a la altura del crecimiento económico previsto para los próximos años, particularmente en sectores como la minería, los hidrocarburos y otras actividades de impacto territorial. El mandatario planteó que Mendoza cuenta con una amplia presencia de agentes en el territorio, pero reconoció que no siempre esa fiscalización está integrada o sistematizada, lo que genera ineficiencias y superposiciones.

La especialización apunta precisamente a corregir esas falencias mediante una formación conjunta e interdisciplinaria, respetando los saberes específicos de cada área, pero con una base común de conocimientos. El objetivo es integrar a los distintos actores que ya realizan tareas de control —provinciales, municipales y nacionales— para optimizar recursos, reducir tiempos de intervención y mejorar la eficacia de los procedimientos. En el caso de la actividad minera, el programa reconoce el rol central de la Policía Ambiental Minera, aunque incorpora también a organismos como Vialidad, municipios, entes de control sanitario y dependencias con competencia en rutas, transporte y ambiente.

La capacitación estará a cargo del Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas y el Instituto de Educación Superior, y se estructurará en torno a cuatro ejes: trazabilidad y guías de transporte de minerales, seguridad e higiene en operaciones y logística, control de rutas y accesos a la provincia y cumplimiento de normativas ambientales y territoriales. La propuesta busca que todos los agentes cuenten con un conocimiento estandarizado que facilite la articulación interinstitucional y eleve los estándares de fiscalización.

El alcance del programa será significativo. Según se informó, la intención del Ejecutivo es que alrededor de mil agentes públicos comiencen a capacitarse desde el inicio del próximo año. La modalidad será 100% virtual, con una carga horaria total de 240 horas, lo que permitirá la participación de trabajadores en actividad sin necesidad de traslados. La certificación contará con el aval de la Dirección General de Escuelas y del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), otorgando puntaje y antecedentes válidos para concursos y postulaciones dentro del Estado.

Desde el área de Energía y Ambiente, se destacó el carácter intersectorial y multidisciplinario de la iniciativa, que involucra a organismos vinculados con la educación, la seguridad, la producción, el turismo y la fiscalización. La mirada transversal del programa parte de la premisa de que la fiscalización ambiental no puede recaer en un solo ministerio, sino que debe ser una responsabilidad compartida por todo el Estado. En ese sentido, se puso en valor la actualización de marcos normativos, como las modificaciones al Código de Procedimiento Minero y a la Ley Provincial de Tránsito, que ampliaron las capacidades de control en rutas y transportes de minerales.

El lanzamiento también se inscribe en un debate social más amplio sobre el desarrollo de la minería en Mendoza. El Gobierno provincial reafirmó su respeto por las distintas posturas y el derecho a la manifestación, pero hizo hincapié en atender las preocupaciones vinculadas a la capacidad de control del Estado. En ese punto, se destacó que la provincia se encuentra hoy en mejores condiciones que una década atrás, gracias a la incorporación de tecnología, equipamiento, vehículos adaptados a zonas de montaña, conectividad satelital y una formación más exigente del personal.

Otro aspecto relevante del programa es la promoción de controles participativos y la participación ciudadana. Se informó que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil podrán involucrarse en instancias de monitoreo a través de los mecanismos previstos por la Unidad de Gestión Ambiental, con el objetivo de fortalecer la confianza pública y la transparencia de los procesos de fiscalización.

La especialización está dirigida a equipos del Iscamen, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Provincial y Nacional, municipios, el EMOP y áreas de Ambiente, Fiscalización y Control, entre otros organismos que intervienen de manera cotidiana en el territorio. Al unificar criterios en materia de normativa ambiental, seguridad e higiene y transporte de minerales, el programa busca reducir la fragmentación operativa y avanzar hacia un sistema de controles moderno, integrado y eficiente.

Las inscripciones se abrirán el 6 de febrero, y el inicio de las clases está previsto para el segundo trimestre de 2026, con cursadas semestrales, instancias sincrónicas y clases grabadas. En una segunda etapa, una vez capacitado el personal estatal, la formación podría ampliarse a otros públicos interesados. Con esta iniciativa, Mendoza apuesta a profesionalizar el Estado, anticiparse a los desafíos del crecimiento productivo y consolidar un modelo de fiscalización basado en la prevención, la coordinación interinstitucional y la capacitación continua.