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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la decisión de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compartan un mismo Consejo de Administración responde a las reformas legislativas implementadas a partir de 2025, orientadas a consolidar un nuevo modelo de empresa pública del Estado. La mandataria realizó estas declaraciones el 4 de enero de 2026, durante una gira oficial en la Refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, y señaló que la medida es clave para mejorar la productividad, el control operativo y la soberanía energética del país.
Según informó Infobae, Sheinbaum sostuvo que los cambios normativos permitieron avanzar en la reintegración vertical de Pemex, un proceso que eliminó la fragmentación de sus subsidiarias y las volvió a concentrar bajo una única conducción. El mismo esquema se aplicó a la CFE, con el objetivo de ordenar la gestión, reducir superposiciones y fortalecer la capacidad del Estado para planificar el sistema energético de manera integral.
En su exposición, la presidenta destacó que contar con un solo Consejo de Administración implica una transformación profunda respecto del modelo vigente durante las últimas décadas. “Esta integración vertical le permite mayor productividad, mayor control, mayor desarrollo, menos corrupción y poder recuperar de nuevo la capacidad que tenía Pemex”, afirmó Sheinbaum, al explicar los fundamentos de la reforma. La mandataria remarcó que la reorganización busca dotar a las empresas de una estructura más eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del país.
Sheinbaum contextualiza la decisión dentro de un proceso histórico más amplio. Recordó que, antes de la llamada Cuarta Transformación, el rumbo de la política energética estuvo marcado por reformas orientadas a reducir la participación directa del Estado en el sector. “El objetivo era disminuir su capacidad, privatizarlo y, al mismo tiempo, ir incorporando a empresas privadas, nacionales y extranjeras, particularmente en la producción de petróleo”, señaló, al referirse a las políticas aplicadas desde la década de 1990.
La presidenta mencionó que uno de los hitos iniciales de ese proceso se produjo en 1992, y que tuvo su punto culminante con la reforma energética de 2013, impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa modificación constitucional abrió el sector a las denominadas “rondas” de exploración y producción para empresas privadas, con el objetivo de incrementar la inversión y la producción petrolera.
Sin embargo, Sheinbaum afirmó que los resultados no fueron los esperados. Según su análisis, la apertura no se tradujo en un aumento sostenido de la producción y coincidió con una caída significativa de la capacidad operativa de Pemex. “Tampoco produjeron los privados”, expresó la mandataria, al describir el escenario que derivó, hacia 2018, en una reducción de los niveles de extracción y refinación.
De acuerdo con la presidenta, el cambio de orientación comenzó a partir de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno. En ese marco, sostuvo que se revirtió una parte sustancial de la reforma de 2013 y se avanzó en la recuperación del control estatal sobre los recursos energéticos. “Cambió por completo la dinámica, nos permitió echar para atrás una buena parte de la reforma del 2013”, indicó.
Uno de los pilares de este nuevo enfoque fue la modificación del Artículo 28 de la Constitución, que redefinió el estatus jurídico de Pemex y la CFE. Durante los años previos, ambas compañías habían sido catalogadas como “empresas productivas del Estado”, una figura que, según Sheinbaum, diluía su carácter público. “Eso le quitaba su carácter público a las empresas”, afirmó al referirse a esa denominación.
Con la reforma constitucional, Pemex y la CFE pasaron a ser definidas como “empresas públicas del Estado”, un cambio conceptual que, en palabras de la presidenta, implica reconocerlas como “empresas del pueblo de México y de la nación”. Este nuevo encuadre jurídico respalda la integración vertical y la unificación de los órganos de conducción, al tiempo que refuerza el rol estratégico del Estado en la planificación energética.
En su discurso, Sheinbaum subrayó que la nueva política energética no persigue la eliminación del sector privado, sino el fortalecimiento de la capacidad estatal para garantizar el suministro y orientar el desarrollo del sistema. En ese sentido, sostuvo que Pemex y la CFE deben poder operar sin ser consideradas monopolios, dada su función estratégica. Según explicó, el objetivo es que ambas empresas “puedan producir la cantidad de energía eléctrica o de petróleo, o de petrolíferos, o de otros productos” necesarios para el país.
La mandataria también vinculó la reorganización institucional con la necesidad de revertir las consecuencias financieras acumuladas en años anteriores. Recordó que, bajo el esquema previo, Pemex alcanzó niveles récord de endeudamiento. “El endeudamiento de Pemex llegó a su nivel más alto: 100 mil millones de dólares de endeudamiento, baja de la producción, casi cierre de las refinerías”, enumeró, al describir el escenario heredado.
Para Sheinbaum, ese contexto fue el resultado de una combinación de apertura al capital privado y pérdida de control estatal, que debilitó la capacidad de decisión de las empresas públicas. La integración vertical y la conducción unificada aparecen, en su planteo, como herramientas para ordenar la gestión y recuperar márgenes de planificación de largo plazo.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la presidenta destacó la importancia de su infraestructura, en particular en el segmento de generación hidroeléctrica. La CFE cuenta con 15 centrales hidroeléctricas de gran escala, ubicadas en ríos estratégicos como el Grijalva, el Balsas, el Santiago, el Huites, el Papaloapan y el Zimapán, además de 10 centrales de mediana escala y 35 mini hidroeléctricas distribuidas en distintas regiones del país.
Sheinbaum señaló que esta capacidad instalada constituye un activo clave para la transición energética y para garantizar el abastecimiento eléctrico con criterios de seguridad y soberanía. En ese marco, la unificación del Consejo de Administración busca facilitar una visión integral del sistema energético, coordinando la producción de hidrocarburos, la generación eléctrica y el desarrollo de infraestructura.
La presidenta cerró su mensaje remarcando que la nueva política energética apunta a consolidar un modelo en el que el Estado recupere un rol protagónico, sin perder eficiencia ni capacidad operativa. La integración vertical de Pemex y la CFE, junto con la redefinición de su estatus jurídico, forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a asegurar el control nacional sobre los recursos energéticos y a fortalecer la capacidad de inversión y gestión de las empresas públicas.
En ese sentido, Sheinbaum insistió en que las reformas no deben leerse solo como un cambio administrativo, sino como una redefinición del vínculo entre el Estado, las empresas estratégicas y la sociedad. Bajo este enfoque, Pemex y la CFE vuelven a ocupar un lugar central en el proyecto energético del país, con una estructura de conducción unificada y alineada con los objetivos de desarrollo nacional.
