Soja: ROSARIO
$500.000 0.40%
Maíz: ROSARIO
$292.000 -0.34%
Trigo: ROSARIO
$263.700 -0.11%
Durante 2025, el Gobierno de La Pampa sostuvo una política activa de obra pública en todo el territorio provincial, logró finalizar proyectos estratégicos y mantener otros en ejecución, a pesar del escenario nacional marcado por recortes presupuestarios y la paralización de obras con financiamiento originalmente comprometido por el Estado nacional. La decisión de la Provincia de asumir con recursos propios la continuidad de esas iniciativas permitió garantizar servicios esenciales, preservar el empleo y consolidar a la infraestructura como eje del desarrollo.
La política de obra pública fue definida como prioritaria por la gestión encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto, en un contexto económico complejo y con una marcada retracción de la inversión nacional. Frente a ese escenario, La Pampa resolvió sostener y finalizar obras que resultaban centrales para la salud, la educación, la seguridad, el saneamiento, la vivienda y la conectividad vial, evitando impactos negativos directos en la vida cotidiana de las comunidades.
El sostenimiento de la obra pública fue posible a partir del financiamiento provincial, que permitió dar continuidad a programas descentralizados de la Administración Provincial del Agua, avanzar con pavimentaciones y obras viales impulsadas por la Dirección Provincial de Vialidad, y sostener la construcción de viviendas a través del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV). En los hechos, la Provincia absorbió obras que habían quedado sin respaldo nacional y garantizó su ejecución para evitar retrocesos en infraestructura básica.
A lo largo de 2025 se finalizaron e iniciaron obras de alto impacto social. La política habitacional volvió a ocupar un lugar central, con la entrega de viviendas que permitió a cientos de familias acceder a una solución habitacional y proyectar un futuro con mayor estabilidad. En paralelo, se desarrollaron intervenciones viales estratégicas, entre las que se destacaron la Doble Vía de General Pico, la Travesía Urbana de General Acha, asfaltos urbanos en distintas localidades y trabajos de repavimentación en rutas provinciales. Estas obras fortalecieron la seguridad vial, mejoraron la conectividad productiva y dinamizaron la economía regional.
El área de saneamiento y abastecimiento de agua también concentró inversiones relevantes. Entre las obras más significativas se encuentran la cisterna de 15 millones de litros para Santa Rosa y la cisterna de 5 millones de litros junto con dos acueductos para General Pico, infraestructuras que aseguran reservas estratégicas de agua potable y permiten planificar el crecimiento urbano presente y futuro. Estas intervenciones resultan claves para garantizar salud pública y condiciones de desarrollo ordenado.
En Villa Casa de Piedra se registraron avances decisivos con la finalización de la Bodega y obras destinadas al riego, que consolidan a la localidad como un polo productivo y turístico estratégico. Estas inversiones se enmarcan en una planificación que busca diversificar la matriz económica, agregar valor a la producción local y generar nuevas oportunidades de empleo.
La infraestructura educativa fue otro de los ejes sostenidos durante el año. En distintas localidades se construyeron nuevas aulas, se realizaron ampliaciones edilicias y refacciones integrales, con el objetivo de mejorar la capacidad de matrícula y garantizar espacios adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La inversión educativa se vinculó directamente con la planificación urbana y el crecimiento demográfico, evitando saturaciones y mejorando las condiciones de acceso a la educación pública.
En el ámbito de la salud pública, durante 2025 se finalizaron obras de gran relevancia, como el Hospital Nivel IV del barrio Federal en General Pico y el hospital de Uriburu, además de mejoras y ampliaciones en centros de salud de Santa Isabel, La Adela y otras localidades. También se modernizaron hospitales existentes mediante la incorporación de tecnología y la optimización de áreas críticas, fortaleciendo la capacidad de atención del sistema sanitario provincial.
La política de infraestructura alcanzó también al área de seguridad, con ampliaciones y mejoras en comisarías y alcaldías, orientadas a optimizar los espacios de trabajo y las condiciones operativas destinadas a la prevención y la protección ciudadana.
Más allá de las obras concretas, la gestión provincial subrayó el rol social de la obra pública como política estructural. La infraestructura no se limitó a la ejecución de proyectos físicos, sino que fue concebida como una herramienta de transformación social, capaz de estructurar el territorio, generar empleo, favorecer el arraigo y ampliar derechos. Cada red de agua, cada vivienda, cada hospital o ruta se integró en una estrategia más amplia de desarrollo equilibrado.
Las obras de saneamiento permitieron garantizar salud y habilitar el crecimiento urbano ordenado; la política habitacional evitó la expansión de asentamientos informales; la inversión vial aseguró conectividad y acceso a servicios; y la infraestructura educativa y sanitaria reforzó la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Esta mirada integral buscó articular urbanización, salud, educación y vivienda para construir ciudades más inclusivas y sostenibles.
Desde el punto de vista económico, la obra pública funcionó como un dinamizador clave. Cada proyecto movilizó mano de obra local, proveedores, comercios y pymes, integrando una extensa cadena de valor. La continuidad de los planes de infraestructura permitió sostener el empleo y generar previsibilidad, amortiguando los efectos de la crisis macroeconómica y favoreciendo la circulación de recursos dentro de la Provincia.
Las obras viales tuvieron un impacto directo en la competitividad productiva, al mejorar la accesibilidad, reducir tiempos logísticos y facilitar el traslado de bienes y personas. En los entornos urbanos, el pavimento ordenó el crecimiento, mejoró la movilidad y generó espacios más seguros para la comunidad.
La planificación de la infraestructura fue otro de los aspectos destacados. Definir prioridades, anticipar necesidades y proyectar inversiones permitió maximizar el impacto social de cada obra. Una red de saneamiento bien diseñada evita colapsos futuros; un barrio con servicios consolida el arraigo; una ruta correctamente planificada garantiza mayor durabilidad y seguridad. Esta lógica de previsión técnica convirtió a la obra pública en una herramienta de equilibrio territorial.
En términos cuantitativos, durante 2025 La Pampa ejecutó 252 obras, de las cuales 74 fueron finalizadas y 178 continuaron en ejecución, con una inversión superior a $562.703 millones. Los recursos se distribuyeron entre infraestructura vial, saneamiento, salud, educación, vivienda y servicios esenciales, reflejando la decisión de sostener una política de inversión pública incluso en un contexto de fuerte retracción nacional.
El balance del año dejó en evidencia que la obra pública fue asumida como una política de Estado, orientada a construir igualdad, generar empleo, promover derechos y sostener el desarrollo provincial. La presencia del Estado se materializó en cada infraestructura concluida, en cada servicio garantizado y en cada comunidad que pudo evitar el impacto de la paralización de proyectos estratégicos.
