El Gobierno de Santa Fe resolvió prorrogar la Emergencia y el Desastre Agropecuario en el norte de la provincia como respuesta al impacto persistente de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. La medida, dispuesta a través del Decreto Nº 3184/25, extiende la vigencia del régimen excepcional hasta el 28 de febrero de 2026, alcanza a distritos del departamento 9 de Julio y resulta clave para garantizar la continuidad productiva en una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias.
La decisión fue adoptada por el Ejecutivo provincial a partir de evaluaciones técnicas que confirmaron que las condiciones climáticas adversas continúan comprometiendo los rindes y la capacidad productiva de numerosos establecimientos. En ese marco, el objetivo central de la prórroga es acompañar a los productores mediante beneficios fiscales, administrativos y financieros que permitan mitigar pérdidas y sostener la actividad económica regional.
La extensión de la emergencia rige de manera retroactiva desde el 1 de septiembre de 2025 e incluye a las localidades de Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore. En tanto, quedaron exceptuadas Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis, donde los relevamientos oficiales detectaron mejoras productivas que no justifican la continuidad del régimen especial.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron que la medida refuerza una política de acompañamiento activo al sector agropecuario, especialmente en contextos climáticos extremos. El ministro Gustavo Puccini destacó que la prórroga busca brindar previsibilidad y respaldo a los productores de la región norte, subrayando que el Estado provincial sostiene una presencia activa para amortiguar los efectos de la sequía. “Con esta decisión, el Gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro refuerza su acompañamiento al sector agropecuario, brindando herramientas que permiten mitigar el impacto de la sequía y sostener la actividad productiva”, expresó el funcionario.
Uno de los aspectos centrales de la normativa es la simplificación administrativa. De acuerdo con lo establecido, los productores que ya cuenten con certificados de Emergencia Agropecuaria pasarán automáticamente a la condición de Desastre Agropecuario, sin necesidad de realizar nuevos trámites. Aquellos que ya se encuentren bajo la categoría de Desastre mantendrán dicha condición, quedando eximidos de cualquier gestión adicional ante la administración provincial.
Para los productores que aún no hayan presentado su declaración jurada de daños, el Ministerio recordó que el procedimiento es 100 % digital. El trámite debe realizarse a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), donde se completa el formulario correspondiente con la información sobre pérdidas y afectaciones. En el caso específico del sector apícola, la presentación se canaliza mediante el sistema Proap, adaptado a las particularidades de esa actividad.
La normativa establece como fecha límite el 29 de enero de 2026 para la presentación de las declaraciones juradas, aunque faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a prorrogar ese plazo en caso de ser necesario, según la evolución de la situación climática o la demanda administrativa. En paralelo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, junto con la Subdirección General de Ordenamiento Territorial y Emergencia Agropecuaria, será responsable de confeccionar y actualizar de manera semanal el Registro Único de Productores en Situación de Emergencia o Desastre, que se difundirá públicamente a través de resoluciones ministeriales.
En materia de beneficios fiscales, la prórroga contempla alivios diferenciados según la categoría asignada a cada productor. Aquellos con certificados de Emergencia Agropecuaria, cuyos establecimientos se encuentren en zonas rurales o suburbanas incluidas en la medida, accederán a la prórroga de los vencimientos de las cuotas quinta y sexta del Impuesto Inmobiliario 2025 y de la primera cuota correspondiente al año 2026.
Por su parte, los productores con certificados de Desastre Agropecuario obtendrán un beneficio mayor: la condonación de las cuotas quinta y sexta del Impuesto Inmobiliario 2025 y de la primera cuota del año 2026, siempre que los predios estén ubicados dentro de las áreas alcanzadas por el decreto. Además, la normativa prevé que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o proceda a la devolución de montos ya abonados, en los casos en que se hubieran pagado impuestos que luego resultaron condonados.
Otro punto relevante del decreto es la suspensión de acciones judiciales y administrativas vinculadas al cobro de impuestos provinciales. La medida rige por un plazo de 180 días contados a partir de la finalización del período de emergencia y desastre agropecuario, y se aplica conforme a lo establecido por la Ley Nº 11.297. Este beneficio busca evitar que los productores enfrenten procesos de ejecución fiscal en un contexto de extrema dificultad económica.
La prórroga de la emergencia se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno santafesino para enfrentar los efectos de eventos climáticos extremos, que en los últimos años han impactado de manera recurrente sobre distintas regiones productivas de la provincia. La sequía prolongada en el norte santafesino no solo afecta los rindes agrícolas y ganaderos, sino que también condiciona el empleo rural, la cadena de valor y la economía de numerosas localidades.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el seguimiento de la situación continuará de manera permanente, con monitoreos técnicos y evaluaciones de campo que permitan ajustar las políticas públicas en función de la evolución climática. En ese sentido, no se descarta la adopción de nuevas medidas si las condiciones adversas persisten durante los próximos meses.
Con esta decisión, Santa Fe busca sostener la producción, preservar el entramado agropecuario y brindar previsibilidad a un sector clave para la economía provincial, reafirmando el rol del Estado como acompañante activo en contextos de emergencia.
