La UE ofrece un adelanto millonario a los agricultores para destrabar el acuerdo con el Mercosur

La Unión Europea, a través de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció anticipar 45.000 millones de euros del próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) a los agricultores europeos a partir de 2028, con el objetivo de desbloquear la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que se votará en los próximos días en Bruselas. La propuesta es relevante porque busca destrabar uno de los tratados de libre comercio más importantes negociados por el bloque europeo en las últimas décadas, en medio de fuertes resistencias internas, especialmente de países con peso agrícola como Francia e Italia, según informó Euro News.

El ofrecimiento fue comunicado por Von der Leyen a los Estados miembros mediante una carta enviada esta semana, en un momento considerado decisivo para el futuro del acuerdo con los países del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El tratado, cuya negociación se extendió por más de 25 años, ya fue firmado, pero aún requiere la ratificación política dentro de la Unión Europea para entrar en vigor.

La iniciativa de la Comisión apunta a atender una de las principales objeciones planteadas por el sector agropecuario europeo: el temor a una competencia desleal frente a las importaciones agrícolas sudamericanas, que podrían ingresar al mercado europeo con menores costos y estándares productivos distintos. En ese contexto, el acceso anticipado a fondos de la PAC aparece como una herramienta para reforzar los ingresos rurales y amortiguar eventuales impactos negativos.

En su mensaje, Von der Leyen sostuvo que los 45.000 millones de euros permitirán “garantizar la disponibilidad de recursos adicionales a partir de 2028 para atender las necesidades de los agricultores y las comunidades rurales”. Ese monto representa aproximadamente dos tercios de los fondos previstos en el próximo marco financiero de la PAC y se sumaría a una reserva adicional de 6.300 millones de euros ya contemplada para enfrentar perturbaciones del mercado agrícola.

La propuesta llega en un escenario de profunda división interna dentro de la UE. Mientras países como Alemania y España impulsan activamente la entrada en vigor del acuerdo, al considerar que fortalecerá la posición comercial europea y abrirá nuevos mercados para sus exportaciones industriales y de servicios, un bloque encabezado por Francia intentó frenar su aprobación, alegando riesgos para su sector agropecuario y reclamando mayores garantías regulatorias.

En las últimas semanas, la postura francesa se endureció a partir de una crisis agrícola interna, con protestas de productores que reclaman mejores condiciones de ingresos y mayor protección frente a las importaciones. Italia, por su parte, se convirtió en el actor clave para definir el futuro del tratado: su voto es considerado matemáticamente decisivo para alcanzar la mayoría cualificada necesaria para la ratificación.

El acuerdo con el Mercosur requiere el respaldo de una mayoría de Estados miembros que represente al menos el 65% de la población de la UE. Al mismo tiempo, una minoría de bloqueo formada por solo cuatro países que concentren el 35% de la población podría impedir su aprobación. En ese escenario, el posicionamiento de Italia resulta central, ya que puede inclinar la balanza a favor o en contra del tratado.

Con ese telón de fondo, la Comisión Europea convocó esta semana en Bruselas a los ministros de Agricultura de los 27 Estados miembros para debatir no solo el financiamiento de la PAC, sino también las demandas planteadas por Francia, entre ellas la exigencia de reciprocidad en las normas de producción, mayores controles sanitarios y ambientales, y mecanismos de salvaguarda frente a eventuales aumentos de importaciones agrícolas.

Hasta el momento, no está claro si la promesa de mayor flexibilidad presupuestaria será suficiente para convencer a París y Roma. Mientras Francia insiste en que el acuerdo debe garantizar igualdad de condiciones para los productores europeos, Italia evalúa si el adelanto de fondos y las herramientas de protección ofrecidas alcanzan para tranquilizar a su sector rural respecto de los ingresos futuros.

El mapa de apoyos y rechazos dentro de la UE sigue fragmentado. Hungría y Polonia ya confirmaron antes de fin de año que se oponen al acuerdo, mientras que Bélgica y Austria adelantaron que podrían abstenerse. La votación formal quedará en manos de los embajadores de los 27 Estados miembros, que deberán pronunciarse esta semana en Bruselas.

Si el acuerdo obtiene el respaldo necesario, Von der Leyen quedará habilitada para firmarlo formalmente en América Latina en los próximos días, un paso simbólico y político de alto impacto para las relaciones birregionales. El tratado prevé la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, que abarcaría a más de 700 millones de personas y consolidaría un vínculo estratégico entre Europa y Sudamérica en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de suministro.

Para el Mercosur, la ratificación representaría un acceso preferencial a uno de los mercados más grandes y sofisticados del planeta, mientras que para la UE implicaría asegurar materias primas estratégicas, diversificar socios comerciales y reforzar su presencia económica en América Latina frente al avance de otras potencias.

El desenlace de la votación será seguido de cerca tanto por los gobiernos como por los sectores productivos de ambos lados del Atlántico. Más allá del resultado inmediato, el debate puso en evidencia las tensiones internas de la Unión Europea entre apertura comercial, protección de sectores sensibles y sostenibilidad del modelo agrícola, un equilibrio que seguirá marcando la agenda política del bloque en los próximos años.