Acuerdo UE–Mercosur: oportunidades, límites y el desafío interno para la Argentina

La Argentina se encamina a un nuevo capítulo en su inserción internacional tras el avance definitivo del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya firma está prevista para el 17 de enero de 2026 en Asunción, en un contexto de aceleración política y comercial inédita. El entendimiento, impulsado por la urgencia estratégica europea y acompañado por concesiones mutuas, promete mejoras en acceso a mercados, previsibilidad normativa e inversiones, aunque con beneficios desiguales entre sectores y plazos largos para su implementación plena.

El acuerdo involucra a los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y adquiere relevancia por su escala: se trata de uno de los mayores tratados comerciales del mundo en términos de población y comercio. Para la Argentina, el pacto aparece como una ventana para consolidar exportaciones, atraer capitales y ordenar reglas de juego, en un momento en que el país busca estabilizar su macroeconomía y reducir el histórico costo interno de producir y comerciar.

La aprobación del Consejo Europeo, con una mayoría calificada de países y población, habilitó un mecanismo de entrada en vigor transitoria que comenzará apenas se concrete la firma. Durante ese período, estimado en al menos tres años, el acuerdo regirá de manera provisional mientras los parlamentos nacionales avanzan con la ratificación definitiva. La singularidad del esquema radica en que los países del Mercosur no deberán firmar en simultáneo: el tratado quedará “disponible” y cada Estado adherirá cuando obtenga aval legislativo. El incentivo es claro: el primero en ingresar accederá al total de las cuotas otorgadas por la UE, que luego se irán redistribuyendo a medida que se sumen los demás socios.

Desde el punto de vista comercial, el acuerdo prevé la eliminación gradual de la mayoría de los aranceles, con cronogramas diferenciados según productos y sectores. En el caso argentino, los beneficios inmediatos son acotados en volumen, pero relevantes en términos de precio y previsibilidad. Para la industria aceitera, principal rubro exportador del país, la eliminación de derechos de importación en la UE recién se concretará a partir del séptimo año para aceites de soja y girasol, y del décimo año para el biodiésel. Aun así, el valor central del acuerdo radica en el marco regulatorio que establece, al fijar reglas ambientales, sanitarias y sociales más claras y estables.

Uno de los cambios más significativos es la desaparición del principio precautorio como argumento para imponer barreras paraarancelarias, que será reemplazado por criterios científicos. Esta modificación fue leída como un avance clave por los países sudamericanos, históricamente afectados por restricciones técnicas difíciles de revertir. En paralelo, la inclusión del tema deforestación quedó limitada a una recomendación, lo que redujo tensiones con economías como Brasil y Paraguay, donde la cuestión ambiental había generado fuerte resistencia.

No ocurre lo mismo con la llamada “cláusula espejo”, que plantea la aplicación de estándares equivalentes en materia sanitaria, de calidad, seguridad y ambiente. Este punto podría derivar en disputas y exigirá adaptaciones productivas, especialmente para pequeños y medianos productores. Mientras los agricultores europeos temen no poder competir con la oferta sudamericana, los procesadores de alimentos del Viejo Continente observan una oportunidad para expandir ventas en el Mercosur, con productos de mayor valor agregado, desde alimentos elaborados hasta vinos y aceite de oliva.

Para la Argentina, el acuerdo también funciona como un ancla institucional. Impone avances en áreas históricamente postergadas, como propiedad intelectual y patentes, y elimina la posibilidad de reinstalar mecanismos discrecionales de control comercial, como ROE, registros o declaraciones juradas. En materia fiscal, se establece un cronograma de reducción de retenciones a las exportaciones, aunque el ritmo efectivo dependerá de las decisiones del Gobierno y de la evolución de las cuentas públicas.

Más allá del comercio, el mayor potencial del acuerdo aparece en el frente de las inversiones. La experiencia de los años noventa mostró que la apertura y la previsibilidad regulatoria pueden atraer capitales europeos interesados en infraestructura, energía, servicios y agroindustria. Sin embargo, el punto de partida es complejo: la infraestructura argentina presenta un atraso estimado en casi tres décadas, con déficits críticos en logística, transporte y energía.

La Hidrovía, eje central del comercio exterior, opera desde hace cinco años con el contrato vencido y acumula una licitación fallida. La red vial requiere caminos, puentes y autopistas, mientras que el ferrocarril de cargas debería expandirse rápidamente hasta al menos 30.000 kilómetros para ser competitivo en volumen y distancia. A esto se suma la falta de energía suficiente y de acceso en amplias zonas productivas, junto con carencias en comunicaciones, red de frío y servicios tecnológicos, factores que encarecen la producción y desalientan inversiones.

El acuerdo con la UE puede convertirse, en ese sentido, en un catalizador. Si se combina con reformas laboral y tributaria, y con un ordenamiento de la dispersión de tasas municipales, la Argentina podría mejorar su perfil de riesgo y acceder a capitales de largo plazo para financiar obras estratégicas. Sin ese complemento interno, los beneficios del tratado corren el riesgo de diluirse.

En términos geopolíticos, el entendimiento refleja también un reacomodamiento global. Europa busca reafirmar su presencia en Occidente, frente a tensiones comerciales con Estados Unidos y a la presión de Rusia en su propio continente. Para el Mercosur, el acuerdo implica una oportunidad de consolidación regional, al obligar a coordinar posiciones y administrar en conjunto cuotas y compromisos.

El balance final muestra un acuerdo positivo, pero exigente. No garantiza por sí solo un salto exportador inmediato ni una avalancha de inversiones automáticas. Sí ofrece un marco más previsible, acceso preferencial a uno de los mayores mercados del mundo y un incentivo claro para ordenar la economía interna. El desafío para la Argentina será convertir esa oportunidad en resultados concretos, con políticas que acompañen y potencien lo que el tratado habilita.