Uruguay habilita una nueva terminal sobre el río Uruguay con capital paraguayo y foco en celulosa y energías renovables

Uruguay autorizó la instalación de una terminal portuaria multipropósito sobre el río Uruguay, impulsada por capitales paraguayos y con una inversión estimada en US$150 millones, que operará como estación de transferencia fluvial–marítima para celulosa y combustibles renovables con destino a Estados Unidos, Europa y Asia. La habilitación fue otorgada por el Ministerio de Ambiente, que concedió la Autorización Ambiental Previa al proyecto promovido por la empresa Woi S.A., vinculada al grupo empresarial paraguayo Zapag, con el objetivo de fortalecer los corredores logísticos regionales y ampliar la capacidad exportadora en la cuenca.

La iniciativa se emplazará en el sur del departamento de Soriano, sobre la margen del río Uruguay, a unos 10 kilómetros al norte del puerto de Nueva Palmira y a aproximadamente 4,5 kilómetros de la playa de la Agraciada. La ubicación, próxima a uno de los nodos portuarios más relevantes del país, otorga al emprendimiento un valor estratégico en términos de conectividad fluvial, articulación con la infraestructura existente y proyección regional.

De acuerdo con la planificación presentada por los desarrolladores, la terminal funcionará como un punto de transferencia de mercaderías entre el transporte fluvial y el marítimo, con capacidad de almacenamiento previo en tierra. El esquema operativo busca captar cargas originadas principalmente en Paraguay, aprovechando la hidrovía y el sistema de navegación regional para canalizar exportaciones hacia mercados de alta demanda.

El proyecto prevé, en una primera etapa, el manejo de alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales de celulosa, con la posibilidad de escalar hasta 1,8 millones de toneladas por año a medida que se consolide la operación. Estos volúmenes se concentrarán temporalmente en la terminal antes de su embarque para exportación. En paralelo, se proyecta el movimiento de aproximadamente 900.000 metros cúbicos anuales de combustibles renovables, también orientados a mercados externos, principalmente Estados Unidos y Europa.

La autorización ambiental otorgada no solo habilita el desarrollo del emprendimiento, sino que también establece una serie de condiciones técnicas y obligaciones de gestión que deberán cumplirse antes y durante la ejecución de las obras. Entre los requisitos se incluye la presentación de un Plan de Gestión Ambiental, así como la obligación de informar formalmente la fecha de inicio de los trabajos a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. El proyecto contempla además obras de infraestructura que podrían tener incidencia directa sobre la dinámica del río y la operatoria de la zona, como el balizamiento de las aguas y la construcción de un terraplén sobre el río Uruguay, aspectos que deberán ser monitoreados por la autoridad competente.

La carga que alimentaría la futura terminal provendría, en gran medida, de dos desarrollos industriales de gran escala en Paraguay: por un lado, la producción de celulosa vinculada al proyecto Paracel, ubicado en el departamento de Concepción; por otro, la producción de combustibles renovables de la planta Omega Green, en la ciudad de Villeta. Ambas iniciativas forman parte del ecosistema empresarial del grupo Zapag y apuntan a posicionar a Paraguay como un proveedor relevante de insumos industriales y energéticos con bajo impacto ambiental relativo.

En ese sentido, la nueva terminal en territorio uruguayo aparece como una pieza clave dentro de una estrategia logística regional integrada, que combina producción industrial en Paraguay, transporte fluvial a través de la hidrovía y salida marítima desde puertos sobre el río Uruguay y el Río de la Plata. Este tipo de esquemas gana peso en un contexto internacional donde los costos logísticos, la eficiencia operativa y la trazabilidad de las cadenas de suministro se volvieron factores determinantes para la competitividad exportadora.

La cercanía con el puerto de Nueva Palmira, uno de los principales hubs de transferencia de cargas del país, abre interrogantes y desafíos para la planificación del sistema portuario. Especialistas del sector suelen señalar que la coexistencia de múltiples terminales en un mismo corredor puede generar oportunidades de complementariedad, pero también exige una coordinación fina en materia de accesos, servicios, tráfico fluvial y ordenamiento territorial para evitar cuellos de botella o conflictos operativos.

Desde una perspectiva económica, el proyecto representa una señal de confianza de capitales extranjeros en la estabilidad institucional y en el marco regulatorio uruguayo. La inversión de US$150 millones no solo impacta por su magnitud, sino también por el potencial efecto multiplicador sobre el empleo, los servicios asociados y la actividad logística en el litoral oeste del país. Además, refuerza el posicionamiento de Uruguay como plataforma regional de servicios portuarios, capaz de captar flujos de comercio más allá de su propia producción.

La expansión de este tipo de infraestructuras también reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. La autorización ambiental previa implica que el proyecto superó una instancia técnica de evaluación, pero su implementación efectiva requerirá controles continuos y cumplimiento estricto de las condiciones impuestas. El impacto sobre el entorno natural, la navegación y las comunidades cercanas será un aspecto central en el seguimiento de la obra y en la futura operación.

En un escenario global marcado por la reconfiguración de las cadenas logísticas, la búsqueda de rutas más eficientes y la presión por reducir la huella ambiental del comercio internacional, los corredores fluviales del Cono Sur adquieren una relevancia creciente. La apuesta por una terminal multipropósito sobre el río Uruguay se inscribe en esa tendencia y proyecta a la región como un espacio clave para la articulación entre producción, transporte y exportación.

Con la autorización ya concedida, el desafío inmediato será traducir el proyecto en obras concretas y en una operación que logre integrarse de manera ordenada al ecosistema portuario existente. Su evolución será observada de cerca tanto por los actores del sector logístico como por las autoridades y las comunidades locales, en la medida en que puede redefinir parte del mapa de flujos comerciales en el litoral del país.