Uruguay busca reposicionarse como destino de inversión extranjera directa (IED) en un contexto regional cada vez más competitivo, marcado por cambios macroeconómicos en países vecinos, nuevas oportunidades financieras y una menor tolerancia de los inversores a los altos costos internos. El desafío se volvió central para la agenda del Gobierno de cara a 2026, en un escenario de bajo crecimiento y caída de la inversión a mínimos desde 2020, según un análisis publicado por Ámbito.
La estrategia oficial se apoya en un activo histórico: la estabilidad institucional y jurídica, que permitió al país consolidar una imagen de previsibilidad en América Latina. Sin embargo, ese diferencial ya no resulta suficiente por sí solo. El nuevo paradigma regional obliga a Uruguay a competir no solo por confianza, sino también por costos, escala y rentabilidad, en una región donde varios países mejoraron sustancialmente su atractivo para el capital internacional.
En ese marco, el Gobierno avanza en ajustes al régimen de promoción de inversiones, con nuevos beneficios impositivos y herramientas destinadas a reactivar proyectos productivos. La apuesta es sostener la llegada de capitales en un escenario donde la inversión privada perdió dinamismo y donde la competencia regional se volvió más agresiva.
Uno de los principales cambios del contexto latinoamericano es la mejora relativa de los países vecinos. Paraguay logró alcanzar el Grado Inversor a fines de 2025, Argentina avanza en un proceso de estabilización macroeconómica y Chile combina tasas de interés más bajas con un mercado financiero profundo. Este conjunto de factores redefine el mapa de decisiones de los inversores internacionales.

“Se acabó la época en que Uruguay captaba inversiones por descarte”, sintetizó el analista financiero Ezequiel Gutiérrez, de Nobilis, en declaraciones citadas por Ámbito. Según su diagnóstico, la región plantea hoy “una competencia mucho más agresiva”, en la que ya no alcanza con ofrecer seguridad jurídica para retener proyectos de inversión de escala.
Gutiérrez señaló que Paraguay protagonizó el cambio estructural más relevante, al combinar bajos costos y carga tributaria con una mayor validación de su seguridad institucional ante los mercados internacionales. “Ahora compite directamente por la instalación de industrias”, explicó. En cuanto a Argentina, sostuvo que si consolida su estabilización macroeconómica puede ofrecer un potencial de rentabilidad difícil de igualar para Uruguay, mientras que Chile continúa disputando capital corporativo gracias a su profundidad financiera.
Desde esta perspectiva, el desafío para Uruguay pasa por mejorar la productividad y reducir el costo país. La previsibilidad sigue siendo un activo, pero debe complementarse con reformas que permitan sostener la competitividad frente a economías más grandes o más baratas.
Una visión con matices aportó Alan Babic, asesor financiero de Balanz, quien reconoció que Paraguay aparece como un competidor directo, aunque aclaró que aún debe recorrer un camino para equiparar la trayectoria uruguaya. En diálogo con Ámbito, destacó que “la historia respalda a Uruguay” y descartó cambios abruptos en las reglas de juego. En su visión, el inversor global contará con más alternativas para diversificar, lo que puede resultar positivo para toda la región.

Entre las fortalezas estructurales de Uruguay, Babic subrayó la capacidad del país para cumplir sus compromisos incluso en contextos adversos. Recordó que durante la crisis de 2002 el Estado honró su deuda, un antecedente que todavía pesa en la percepción de riesgo. A esto se suma el mantenimiento del Grado Inversor, una inflación dentro del rango meta y un marco macroeconómico considerado ordenado por los mercados.
Gutiérrez coincidió en que la previsibilidad es el principal diferencial del país en un contexto global incierto. Destacó la estabilidad regulatoria, la continuidad de las reglas de juego más allá de los ciclos políticos y el respaldo que otorga el Grado Inversor, que posiciona a Uruguay como un destino de “fly to quality” para los capitales que buscan refugio.
También resaltó herramientas ya consolidadas, como la Ley de Inversiones y el régimen de Zonas Francas, que definió como instrumentos potentes para atraer capital, con foco en la previsibilidad fiscal y la seguridad patrimonial.
Del lado de las debilidades, ambos analistas coincidieron en la estructura de costos. Uruguay es percibido como un país caro en dólares, una condición que impacta sobre la rentabilidad de sectores exportadores y del turismo. El atraso cambiario, los costos energéticos y laborales elevados aparecen como barreras relevantes para nuevos proyectos productivos.
A esto se suma un limitante de escala. El tamaño reducido del mercado interno obliga a que los proyectos de inversión nazcan con una clara orientación exportadora, ya que el consumo local no justifica grandes volúmenes. En menor medida, también se mencionan rigideces del mercado laboral que pueden restar agilidad frente a economías más flexibles.
El escenario global tampoco resulta neutro. Según Gutiérrez, los principales riesgos provienen del elevado endeudamiento de las economías desarrolladas, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, y la posibilidad de un rebrote inflacionario que altere el rumbo de la política monetaria internacional. Este contexto, advirtió, tiende a incrementar la volatilidad financiera y obliga a los inversores a adoptar estrategias más selectivas.
En ese marco, el acuerdo Mercosur–Unión Europea aparece como un factor potencialmente dinamizador. Babic señaló que los tratados de libre comercio suelen generar más negocios, empleo y oportunidades de inversión en países exportadores como los de América Latina, lo que podría beneficiar indirectamente a Uruguay en el mediano plazo.
Respecto a los cambios tributarios incluidos en el Presupuesto, Gutiérrez consideró que no alteran los fundamentos que explican el atractivo del país como destino de inversión. Sostuvo que, para el inversor, resulta más relevante la estabilidad del marco fiscal que el nivel puntual de impuestos, aunque advirtió que cualquier ajuste debe ser monitoreado en un contexto de alta sensibilidad competitiva.

Babic admitió que existieron consultas por los cambios impositivos, pero señaló que aún es temprano para evaluar su impacto. Destacó, no obstante, la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay para seguir impulsando las inversiones en pesos, una tendencia que gana espacio en el mercado local.
En cuanto a los sectores con mayor potencial, el mercado inmobiliario aparece como uno de los más dinámicos, junto con el desarrollo del mercado de capitales doméstico. Babic subrayó que el fortalecimiento del peso como moneda de confianza amplía las alternativas de financiamiento para empresas y proyectos productivos.
Gutiérrez, por su parte, anticipó oportunidades selectivas en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, aunque con expectativas desiguales. Para perfiles de riesgo moderado, recomendó priorizar la renta fija, especialmente bonos soberanos y corporativos con grado de inversión, mientras que en renta variable sugirió una exposición controlada y una mirada prudente sobre los activos tecnológicos.
En síntesis, Uruguay enfrenta un punto de inflexión en su estrategia de atracción de inversiones. La estabilidad institucional sigue siendo un pilar, pero el nuevo escenario regional exige avanzar en competitividad, costos y productividad para no perder terreno frente a vecinos que hoy ofrecen alternativas cada vez más atractivas para el capital internacional.