La Unión Europea presiona para activar de forma provisoria el acuerdo con el Mercosur

La Unión Europea volvió a dar una señal política a favor del acuerdo de asociación con el Mercosur, luego de que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, instara a Bruselas a avanzar con la aplicación provisional del tratado, pese a que el Parlamento Europeo decidió llevar el pacto ante la Justicia comunitaria. El pedido se realizó este viernes, tras una cumbre extraordinaria celebrada en la capital belga, y reactivó el debate sobre los tiempos y condiciones para la puesta en marcha del acuerdo firmado entre ambos bloques.

Según informó Infobae, Costa recordó que el Consejo Europeo ya dio luz verde la semana pasada para que la Comisión Europea no solo firme el acuerdo, sino que también habilite su aplicación provisional, un mecanismo previsto en el derecho comunitario para comenzar a implementar partes de un tratado antes de su ratificación definitiva. “El Consejo ya decidió dar el permiso para la firma y para la aplicación provisional del acuerdo”, afirmó el funcionario, al tiempo que exhortó a la Comisión a utilizar esa facultad.

El planteo del presidente del Consejo se produjo en un contexto de tensiones internas dentro de la Unión Europea, luego de que el Parlamento Europeo resolviera el miércoles elevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esa decisión, impulsada por una coalición política transversal, introduce un factor de incertidumbre jurídica que podría demorar la entrada en vigor plena del pacto.

A pesar de ese escenario, desde la Comisión Europea dejaron abierta la puerta a avanzar. La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, explicó que existe un “claro interés” entre varios líderes europeos para que los beneficios del acuerdo comiencen a aplicarse lo antes posible. No obstante, aclaró que aún no se adoptó una decisión formal y que cualquier paso dependerá de que al menos uno de los países del Mercosur complete sus procedimientos internos de ratificación.

“Nosotros estaremos listos cuando ellos estén listos”, señaló von der Leyen, en referencia a los socios sudamericanos. La jefa del Ejecutivo comunitario precisó que la Comisión no necesita una nueva autorización política para avanzar, ya que el Consejo Europeo ya otorgó el mandato correspondiente, pero subrayó que la aplicación provisional solo será viable cuando alguno de los Estados del Mercosur formalice su adhesión.

Desde el punto de vista legal, la Comisión Europea no está obligada a esperar el pronunciamiento del Parlamento Europeo ni el fallo del TJUE para iniciar la aplicación provisional del acuerdo. El derecho comunitario establece que, una vez firmado un tratado internacional, la Comisión puede poner en marcha su aplicación parcial siempre que exista una decisión previa del Consejo y que al menos una de las partes haya completado sus trámites internos.

En el caso del acuerdo UE-Mercosur, el único requisito pendiente es que Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay ratifiquen el tratado en sus respectivos parlamentos. Hasta el momento, ninguno de los cuatro países concluyó ese proceso, aunque en varios de ellos el acuerdo cuenta con respaldo político mayoritario, especialmente por su potencial impacto en el comercio y las inversiones.

El conflicto político en Europa quedó expuesto con la votación del Parlamento Europeo que decidió acudir al Tribunal de Justicia. La iniciativa contó con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea, sectores de la extrema derecha, eurodiputados del Partido Popular Europeo —en particular representantes de Polonia— y legisladores franceses de distintos bloques. Todos ellos expresaron objeciones vinculadas a la legalidad del acuerdo y a su compatibilidad con normas ambientales, laborales y comerciales de la Unión.

El recurso judicial no anula el tratado ni impide su aplicación provisional, pero sí introduce un horizonte de incertidumbre. Según estimaciones del propio Parlamento Europeo, el TJUE podría demorar entre 18 y 24 meses en emitir un fallo, un plazo que, de confirmarse, postergaría la entrada en vigor definitiva del acuerdo hasta bien entrada la segunda mitad de la década.

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur fue firmado el sábado pasado en Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes. El pacto busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de más de 700 millones de personas, y contempla la reducción de aranceles, la apertura de mercados de servicios, normas comunes en compras públicas y compromisos en materia ambiental y de desarrollo sostenible.

Para los países del Mercosur, la aplicación provisional del acuerdo permitiría comenzar a aprovechar beneficios comerciales concretos, como el acceso preferencial a mercados europeos para productos agroindustriales y la atracción de inversiones. Para la Unión Europea, el tratado representa una herramienta estratégica en un contexto de reconfiguración del comercio global y de competencia con otras potencias económicas.

El debate sobre los tiempos del acuerdo refleja también las tensiones internas dentro de la UE entre sectores que priorizan la apertura comercial y aquellos que reclaman mayores garantías ambientales y de protección para los productores locales. Francia, por ejemplo, ha sido uno de los países más críticos, mientras que Alemania y España se manifestaron históricamente a favor del pacto.

En este escenario, la presión del Consejo Europeo busca evitar que el acuerdo quede paralizado por disputas políticas o judiciales y mantener el impulso alcanzado tras la firma. La eventual aplicación provisional aparece como una salida intermedia que permitiría avanzar sin esperar la ratificación completa, aunque su concreción dependerá, en última instancia, de las decisiones que adopten los países del Mercosur en los próximos meses.