Ecuador y Colombia buscan una salida negociada para desactivar el conflicto arancelario

Ecuador y Colombia iniciaron esta semana un canal diplomático para frenar la escalada comercial provocada por la decisión del gobierno ecuatoriano de aplicar una tasa del 30% a las importaciones colombianas, una medida que encendió alertas en ambos lados de la frontera y motivó respuestas inmediatas desde Bogotá. El conflicto, que se desarrolla en enero de 2026 y tiene como escenario principal la relación bilateral andina, resulta relevante por su impacto potencial sobre el comercio intrarregional, la integración económica y la estabilidad política entre dos socios históricos de la Comunidad Andina (CAN).

Según informó Infobae, el detonante fue el anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una “tasa de seguridad” del 30% a productos provenientes de Colombia, con vigencia prevista para el 1 de febrero. La medida fue rechazada formalmente por el gobierno colombiano, que la consideró unilateral y contraria a los compromisos asumidos en el marco normativo de la Comunidad Andina de Naciones.

La reacción de Bogotá se materializó a través de una nota verbal de la Cancillería colombiana, fechada el 21 de enero, en la que se cuestionó la legalidad de la decisión ecuatoriana y se advirtió sobre sus consecuencias económicas y políticas. En ese documento, Colombia sostuvo que la imposición de un gravamen de ese tipo vulnera el principio de libre comercio intracomunitario que rige en la CAN y desconoce los mecanismos de consulta previstos ante controversias comerciales entre Estados miembros.

En el mismo intercambio diplomático, el gobierno colombiano propuso instalar una mesa binacional de alto nivel con el objetivo de alcanzar una solución negociada. La iniciativa contempla una reunión ministerial el 25 de enero en Ipiales, ciudad fronteriza del departamento de Nariño, con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambos países. La intención explícita es evitar que el conflicto derive en una cadena de represalias que profundice el deterioro del vínculo bilateral.

Mientras avanzaban las gestiones diplomáticas, la tensión comercial se intensificó. Colombia anunció primero la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador y luego anticipó la aplicación de un arancel del 30% a un conjunto de productos ecuatorianos, como respuesta directa a la decisión de Quito. En la frontera, la situación derivó en una aceleración de operaciones logísticas para adelantar exportaciones antes de la entrada en vigencia de las medidas, lo que provocó congestión en los pasos fronterizos y un aumento de los costos de transporte.

El conflicto no pasó inadvertido para los organismos regionales. La Comunidad Andina intervino con un llamado público a la moderación y al diálogo. En un comunicado difundido el 22 de enero desde Lima, el secretario general del bloque, Gonzalo Gutiérrez Reinel, informó que se enviaron comunicaciones formales a los presidentes de Ecuador y Colombia solicitando la postergación de las medidas anunciadas y ofreciendo la mediación del organismo para facilitar un entendimiento. El mensaje subrayó la importancia de preservar la integración regional y proteger a los ciudadanos andinos de los efectos negativos de una disputa comercial.

Desde el gobierno ecuatoriano, la respuesta fue cautelosa. La canciller Gabriela Sommerfeld, quien se encontraba participando del Foro Económico Mundial en Davos, confirmó la disposición de Quito a mantener un encuentro bilateral, aunque señaló que la fecha propuesta por Colombia podría modificarse. Según explicó, la reunión podría concretarse la semana siguiente a la planteada inicialmente, sin confirmar aún el lugar ni la conformación definitiva de las delegaciones.

El trasfondo del conflicto combina factores económicos, políticos y de seguridad. Ecuador justificó la imposición de la tasa como una herramienta vinculada a la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad interna. Colombia, en cambio, recordó en su nota diplomática que ambos países mantienen una cooperación “estrecha e histórica” en esa materia y mencionó acciones conjuntas adoptadas en el marco de decisiones andinas, argumentando que la medida no se ajusta a los compromisos vigentes.

Más allá del intercambio diplomático, el episodio reavivó el debate sobre la fragilidad de los mecanismos de integración regional frente a decisiones unilaterales. Analistas y operadores del comercio advirtieron que una ruptura prolongada podría afectar cadenas de suministro, encarecer productos y generar incertidumbre para empresas que operan a ambos lados de la frontera. En particular, sectores vinculados a alimentos, manufacturas y energía aparecen entre los más expuestos a una prolongación del conflicto.

En este contexto, los próximos días serán clave para definir el rumbo de la disputa. La confirmación de una fecha y una agenda concreta para la reunión ministerial, así como la eventual aceptación de medidas transitorias que congelen los aranceles mientras se negocia una salida, serán señales determinantes para evaluar si el canal diplomático logra desactivar la escalada. La intervención de la CAN, en tanto, busca evitar que el conflicto siente un precedente que debilite el esquema de integración andina.

Con la presión del calendario —el 1 de febrero como fecha de entrada en vigor de los gravámenes— y con costos económicos ya visibles en la frontera, Ecuador y Colombia enfrentan el desafío de compatibilizar sus agendas internas con la necesidad de preservar un vínculo comercial estratégico. El desenlace de esta negociación no solo impactará en la relación bilateral, sino también en la credibilidad de los acuerdos regionales en un momento de crecientes tensiones comerciales a nivel global.