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El mercado de bonos de Japón atraviesa un episodio de fuerte inestabilidad que encendió alertas entre inversores globales, en un contexto marcado por el endurecimiento gradual de la política monetaria, el anuncio de un giro expansivo en la política fiscal y la creciente dependencia del país de los capitales extranjeros. El movimiento más brusco se registró el 20 de enero, cuando los bonos del gobierno japonés (JGB) a muy largo plazo sufrieron una liquidación histórica, justo antes de una reunión clave del Banco de Japón, prevista para el 22 y 23 de enero, en Tokio, con impacto directo sobre el costo de financiamiento de la tercera economía del mundo.
Ese día, el rendimiento de los bonos a 30 años saltó cerca de 25 puntos básicos, el mayor aumento diario desde al menos 1999, según datos citados por Société Générale, mientras que la tasa de los títulos a 40 años superó el 4% por primera vez en la historia. Aunque al día siguiente hubo una corrección parcial, la señal fue clara: los inversores comenzaron a descontar un choque abierto entre la política fiscal del gobierno y la estrategia monetaria del banco central.
La tensión se aceleró tras el anuncio político del 19 de enero, cuando la primera ministra Takaichi Sanae, en el cargo desde octubre, convocó a elecciones anticipadas para el 8 de febrero. El objetivo declarado fue obtener respaldo para un programa de expansión fiscal que incluye una suspensión por dos años del impuesto al consumo del 8% sobre los alimentos, junto con mayor gasto en defensa y política industrial.
La propuesta fiscal no pasó inadvertida para el mercado. La suspensión del impuesto a los alimentos tendría un costo estimado de 5 billones de yenes anuales, equivalentes a 32.000 millones de dólares, o cerca del 6% de la recaudación fiscal proyectada para el último ejercicio. Aunque Takaichi aseguró que el recorte impositivo se financiará sin aumentar la deuda, los inversores reaccionaron con escepticismo, en un país que ya enfrenta una deuda pública neta cercana al 130% del PIB.
Según el análisis de The Economist, fuente de la información original, el temor no se limita a una eventual derrota electoral. La aceptación transversal de recortes de impuestos dentro del sistema político japonés sugiere que la moderación fiscal perdió peso en el debate público. El contraste es marcado con la gestión anterior: su predecesor, Ishiba Shigeru, era considerado un halcón fiscal y defensor del control del gasto.
La reacción de los bonos dejó al descubierto un cambio estructural en el mercado de deuda japonesa. En particular, los títulos de plazos superiores a diez años dependen cada vez más de compradores extranjeros, un fenómeno que amplifica la volatilidad ante cualquier señal de riesgo fiscal o monetario.
En 2025, los inversores del exterior representaron el 53% de la demanda final de bonos gubernamentales de largo plazo, frente al 22% previo a la pandemia. La explicación es doble. Por un lado, los compradores domésticos tradicionales, como aseguradoras y fondos locales, redujeron su presencia. Por otro, el propio Banco de Japón, que durante años fue un actor dominante del mercado, comenzó a retirarse gradualmente tras décadas de estímulo monetario extremo.
A diferencia de los actores locales, que compraban JGB por razones regulatorias o de política económica, los inversores internacionales priorizan precio y rendimiento. En ese marco, cualquier percepción de laxitud fiscal o de suba sostenida de tasas se traduce rápidamente en ventas.
El trasfondo del temblor financiero es el cambio de escenario inflacionario. Japón, históricamente marcado por la deflación, registra desde hace casi cuatro años una inflación por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Pese a ello, la autoridad monetaria avanzó con extrema cautela en la normalización de su política.
Sin embargo, las señales recientes apuntan a un proceso más firme. En diciembre, el gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, afirmó que “la inflación subyacente de Japón se acerca constantemente al 2%”, declaración citada por The Economist. El funcionario mencionó como factores clave los beneficios empresariales récord, la escasez estructural de mano de obra, las subas salariales consecutivas y el aumento de las expectativas de inflación.
Si este diagnóstico se consolida, el esquema de tasas reales negativas llegaría a su fin. Actualmente, la tasa nominal se ubica en torno al 0,75%, pero las estimaciones internas del banco central sitúan la tasa “neutral” —la que no estimula ni frena la economía— en un rango de 1% a 2,5%, de acuerdo con cálculos citados por Goldman Sachs.
El mercado parece anticiparse. El rendimiento del bono a diez años, que refleja las expectativas de tasas promedio para la próxima década, escaló hasta el 2,3%, desde apenas 0,6% dos años atrás.
El nuevo escenario expone un conflicto directo entre el Banco de Japón y el gobierno. Mientras Ueda busca encarecer el crédito para contener la inflación y fortalecer el yen, Takaichi impulsa un estímulo fiscal que, en los hechos, podría implicar más endeudamiento.
La primera ministra fue explícita en su rechazo a una política monetaria más dura. Según recordó The Economist, Takaichi calificó las subas de tasas como “estúpidas”, una crítica que revive tensiones históricas entre el poder político y el banco central. Su mentor político, el ex primer ministro Abe Shinzo, resolvió un conflicto similar en 2013, forzando entonces al Banco de Japón a alinearse con el gobierno.
La estrategia fiscal del oficialismo conlleva riesgos claros. Una inflación más alta durante más tiempo erosionaría el poder adquisitivo de los hogares japoneses y reduciría el valor real de los JGB. Además, el margen para estímulos parece acotado: la estimación oficial de la brecha de producción, que mide cuánto se aleja la economía de su potencial, se encuentra cerca de cero.
Aun así, los analistas descartan un escenario de colapso inmediato. Japón no enfrenta, por ahora, un episodio comparable al “momento Liz Truss” del Reino Unido en 2022, cuando una expansión fiscal abrupta desató un pánico financiero. La principal diferencia es que la mayoría de los bonos japoneses aún están en manos domésticas, lo que actúa como amortiguador.
Sin embargo, el mensaje del mercado fue contundente. En un contexto de normalización monetaria global y con una base de inversores cada vez más sensible al riesgo político y fiscal, Japón ya no puede asumir que su deuda estará blindada frente a los vaivenes internos. Como advirtió Infobae, la reciente volatilidad en los bonos japoneses funciona como una señal de alerta temprana: el delicado equilibrio entre política fiscal y monetaria será determinante para evitar una crisis de confianza de mayor escala en la tercera economía del mundo.
