Acuerdo Mercosur–Unión Europea: la olivicultura argentina advierte riesgos por la competencia de aceites europeos subsidiados

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, celebrado la semana pasada en Paraguay por los gobiernos del bloque regional y las autoridades comunitarias, encendió señales de alerta en la olivicultura argentina, un sector estratégico para las economías regionales de San Juan, Mendoza y La Rioja. Productores, industriales y analistas advierten que la apertura del mercado, sin un desarme paralelo de los subsidios agrícolas europeos, podría generar un escenario de competencia desigual, con impacto directo sobre los precios internos, el empleo rural y las exportaciones de aceite de oliva y aceitunas.

La preocupación surge en un contexto en el que el tratado es presentado como una oportunidad para diversos complejos agroindustriales del Mercosur, en especial los vinculados a la producción pampeana. Sin embargo, el caso del complejo olivícola muestra una realidad diferente: la eventual reducción de aranceles permitiría un mayor ingreso de aceites europeos, principalmente de España, Italia y Portugal, cuyos sistemas productivos reciben fuertes apoyos estatales.

Según información publicada por AgroLatam.com, hoy la Argentina aplica un arancel cercano al 31% a la importación de aceite de oliva. Aun así, marcas europeas ya logran posicionarse en las góndolas locales con precios competitivos, incluso por debajo de los valores de exportación a granel del aceite argentino. La eliminación o reducción de ese arancel, sin modificaciones en la política de subsidios de la Unión Europea, podría profundizar esa tendencia.

El foco del conflicto está puesto en España, que concentra cerca del 50% de la producción mundial de aceite de oliva, con unas 2,8 millones de hectáreas de olivos. De acuerdo con el análisis sectorial, no se trata de un sistema intrínsecamente más eficiente que el argentino, sino de uno fuertemente subsidiado. Gran parte del olivar español es de secano, con rendimientos relativamente bajos —entre 300 y 500 kilos de aceite por hectárea— y esquemas de cosecha manual o semimecanizada, con costos elevados que son compensados por ayudas públicas.

Las estimaciones citadas por AgroLatam.com indican que los subsidios europeos al sector olivícola rondan los 2.000 millones de euros anuales, y que en regiones como Andalucía hasta el 30% del ingreso del productor proviene de aportes estatales. Este esquema, advierten los especialistas, genera una forma de dumping indirecto que presiona a la baja los precios internacionales y erosiona la competitividad de países que no cuentan con subsidios estructurales comparables, como la Argentina.

El impacto potencial del acuerdo se vuelve más sensible al analizar el mercado regional. Brasil consume alrededor de 100.000 toneladas de aceite de oliva por año, más de tres veces la producción argentina, y depende de las importaciones para cubrir más del 95% de su demanda. Más de la mitad de ese volumen proviene de España y Portugal, lo que convierte al mercado brasileño en un espacio altamente competitivo.

Para la Argentina, Brasil representa el principal destino dentro del Mercosur y una oportunidad clave de crecimiento para el sector olivícola. Sin embargo, los referentes del complejo advierten que si el aceite europeo ingresa con menores aranceles, el precio de referencia regional tenderá a bajar, arrastrando los valores de toda la cadena y afectando directamente la rentabilidad de los exportadores locales.

Desde el punto de vista productivo, la olivicultura argentina exhibe altos niveles de eficiencia y tecnología. El sistema se apoya mayoritariamente en riego por goteo, cuenta con cosecha totalmente mecanizada, registra rendimientos promedio de entre 1.700 y 1.800 kilos de aceite por hectárea y obtiene una calidad de fruta reconocida internacionalmente. Estos indicadores, subrayan los técnicos, desmienten la idea de que el problema radique en la productividad.

El núcleo de la preocupación está en que el aceite europeo se comercializa a precios que no reflejan su costo real de producción, debido al peso de los subsidios. A esa distorsión externa se suman, en el caso argentino, costos internos elevados, como una carga del 27% de IVA en la energía, altos costos laborales y otras obligaciones impositivas que reducen el margen del productor y del industrial.

En este escenario, el sector olivícola plantea que la implementación del acuerdo Mercosur–Unión Europea debe ser gradual y equilibrada, con mecanismos que contemplen las asimetrías existentes. La reducción de aranceles, sostienen, no puede avanzar de manera aislada sin un desarme efectivo de los subsidios agrícolas europeos, especialmente en los países con mayor peso productivo.

La condición central que plantea la cadena es clara: acoplar la apertura comercial con reglas de competencia equitativas. De lo contrario, la liberalización podría transformarse en una amenaza directa para una de las economías regionales más eficientes y tecnificadas del país, con consecuencias sobre el empleo rural, la inversión y la sustentabilidad de largo plazo del sector.

Desde la olivicultura argentina advierten que el debate no apunta a frenar la integración comercial, sino a garantizar que el proceso se dé en condiciones justas. En un contexto de creciente competencia global y mercados cada vez más exigentes, la ausencia de equilibrio entre aranceles y subsidios podría redefinir el mapa productivo regional y debilitar a un complejo que, hasta ahora, ha logrado posicionarse por calidad, eficiencia y valor agregado.