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El Gobierno de China anunció que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses de sus empresas luego de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional la concesión que permitía a la firma Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, operar dos puertos estratégicos vinculados al Canal de Panamá. La reacción oficial se conoció este viernes 30 de enero de 2026, en Pekín, y suma un nuevo capítulo de tensión geopolítica y comercial en torno a una de las vías marítimas más relevantes del comercio global.
Según informó DW, el pronunciamiento chino se produjo horas después de que el máximo tribunal panameño anulara la ley y las adendas que daban sustento legal a la concesión portuaria, tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades y posibles perjuicios económicos para el Estado panameño. La decisión judicial afecta directamente la operatoria de los puertos de Balboa y Cristóbal, dos puntos clave en los accesos al canal interoceánico.
En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, sostuvo que el Ejecutivo chino respaldará a la empresa involucrada y aseguró que se tomarán acciones para resguardar los derechos de las compañías de origen chino. “El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, afirmó el vocero, de acuerdo con lo consignado por DW.
Guo evitó pronunciarse sobre el contenido del fallo judicial panameño y aclaró que Pekín no evalúa ni comenta decisiones del poder judicial de otros países. Sin embargo, subrayó que la compañía afectada ya expresó su desacuerdo con la resolución y analiza los pasos a seguir.
El grupo CK Hutchison considera que la decisión del Tribunal Supremo panameño contradice la base legal bajo la cual el propio Estado de Panamá aprobó originalmente la concesión. En ese sentido, la empresa dejó constancia de que se reserva el derecho de recurrir a instancias judiciales para impugnar el fallo y defender sus intereses.
La concesión fue otorgada originalmente en 1997, cuando Panama Ports Company obtuvo el control de los puertos de Balboa y Cristóbal. En 2021, el contrato fue prorrogado de manera automática por un período equivalente, una decisión que generó controversia política y denuncias de supuesta corrupción, además de cuestionamientos por las condiciones económicas del acuerdo, consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee solo el 10 % de las acciones de la empresa concesionaria.
La auditoría que dio origen a las demandas judiciales concluyó que existieron irregularidades administrativas y posibles daños económicos, lo que derivó en el pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. A partir de ese fallo, la concesión quedó sin efecto y se abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la operatoria portuaria.
El fallo judicial también genera interrogantes sobre la venta global de activos portuarios que CK Hutchison viene negociando a nivel internacional. La operación incluye más de 40 puertos y contempla un acuerdo con un consorcio liderado por BlackRock, con participación de la naviera estatal china Cosco.
Consultado sobre este punto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino evitó realizar comentarios y se remitió a la postura de la empresa. Tampoco brindó precisiones sobre eventuales proyectos portuarios futuros de China en torno al Canal de Panamá, al señalar que no dispone de información al respecto.
El acuerdo de compraventa de los puertos panameños fue interpretado en su momento por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una victoria de su administración. Trump había sostenido que la presencia del operador hongkonés en dos de los cinco puertos que rodean el canal implicaba una forma de “control chino” sobre una infraestructura estratégica para el comercio mundial.
Bajo ese argumento, el mandatario estadounidense llegó a amenazar con recuperar el control del Canal de Panamá, una vía que fue construida y operada por Estados Unidos durante gran parte del siglo XX y que fue transferida al Estado panameño hace 25 años.
El Canal de Panamá es una de las principales arterias del comercio internacional: por allí transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, con Estados Unidos como su principal usuario. La importancia geopolítica y económica de la vía explica el interés de las grandes potencias en todo lo que rodea su administración, operación y logística asociada.
Desde Panamá, las autoridades han rechazado reiteradamente las acusaciones de injerencia extranjera. El Gobierno panameño sostuvo que no existe intervención de China ni de ningún otro país en la administración del canal y aclaró que la concesión de puertos no implica control sobre la vía interoceánica.
El presidente panameño, José Raúl, afirmó en distintas oportunidades que la soberanía sobre el canal “no está en discusión” y remarcó que la vía “es y seguirá siendo panameña”. En esa línea, el fallo de la Corte Suprema fue presentado como una decisión estrictamente judicial, basada en el análisis de la legalidad del contrato y sus prórrogas.
La reacción de Pekín introduce un nuevo factor de tensión diplomática en la región. Aunque China evitó confrontar directamente con el sistema judicial panameño, el anuncio de posibles “medidas” para proteger a sus empresas anticipa un seguimiento cercano del caso y eventuales acciones en el plano legal o diplomático.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de competencia geopolítica, donde las infraestructuras críticas, como puertos y corredores comerciales, se convierten en puntos sensibles de disputa entre potencias. En ese marco, el futuro de los puertos vinculados al Canal de Panamá y la redefinición de su operatoria podrían tener implicancias que exceden el ámbito local y se proyectan sobre el comercio y la política internacional.
