El Gobierno de la Provincia de Salta reabrió este 13 de febrero las negociaciones paritarias 2026, en un encuentro con representantes gremiales donde se expuso la situación económica general y se ratificó la continuidad del diálogo iniciado hace siete años. La reunión incluyó un análisis del contexto nacional adverso, la caída de recursos y las medidas adoptadas para sostener el sector productivo, el turismo y el empleo en la provincia. Las partes acordaron una nueva convocatoria para el 19 de febrero.
Según se informó oficialmente, el eje del diálogo volvió a centrarse en la defensa del servicio público, la distribución equitativa de los recursos disponibles y el sostenimiento de la Provincia frente a la crisis económica nacional. En términos reales, Salta recibe casi un 7% menos de ingresos nacionales, lo que implica una pérdida equivalente del poder de compra.
Durante el encuentro se reafirmó la importancia de sostener la economía provincial mediante medidas concretas como el otorgamiento de bonos, la asistencia a pequeñas y medianas empresas (pymes), la reducción de impuestos, la implementación de planes de pago, el apoyo al turismo, el acompañamiento permanente a los municipios y el sostenimiento de la carrera del empleado público.
Desde el Gobierno provincial se destacó la convicción de mantener un Estado presente, especialmente en un escenario marcado por la caída de los recursos nacionales. En los últimos dos años, la Provincia dejó de percibir 700 mil millones de pesos. De no haberse producido esas reducciones, Salta contaría hoy con cerca de un billón de pesos adicional por año.

El impacto económico también se refleja en los indicadores laborales: siete de cada diez personas presentan problemas de empleo y la pérdida de puestos de trabajo es la más significativa desde la pandemia. En ese marco, se señaló que el modelo económico nacional combina baja de la demanda con desaceleración de la inflación, lo que genera un contexto de recesión con caída de la industria y el empleo.
Asimismo, se advirtió que la denominada reforma laboral opera como una reforma impositiva al proponer la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresarios, tributo coparticipable que impacta directamente en los recursos provinciales.
A pesar del sostenimiento del equilibrio fiscal y de políticas de reducción de impuestos, la Provincia perdió 317 pymes en los últimos dos años, en línea con una caída de 18.500 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Desde el Ejecutivo se remarcó que este escenario refuerza la necesidad de profundizar el diálogo paritario y las políticas públicas de acompañamiento al sector productivo.
Del encuentro participaron el coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; además de secretarios de Estado y representantes gremiales de Educación, Salud y otras áreas.
La próxima reunión del 19 de febrero buscará acercar posiciones en un contexto donde la discusión salarial se desarrolla en paralelo con el desafío de sostener la actividad económica, el empleo y el acompañamiento a los sectores productivos y turísticos de la provincia.