Santiago del Estero anuncia aumento salarial del 42,4% para la administración pública y continuidad de los bonos

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció este martes un incremento salarial del 42,4% para todos los empleados de la administración pública provincial, así como la continuidad de los bonos otorgados en 2025, en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo con representantes gremiales. La medida, que comenzará a aplicarse desde febrero, tiene como objetivo fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a las familias santiagueñas, según detalló el gobierno provincial.

El aumento supera en 10 puntos porcentuales la inflación interanual registrada por el INDEC entre enero de 2025 y enero de 2026, que fue del 32,4%. Además, se estableció un piso salarial provincial de $1.130.000 para toda la administración pública, incluyendo hasta dos cargos en el sector docente, garantizando así un ingreso mínimo que cubra necesidades básicas.

En cuanto a los bonos, se confirmó que se mantendrá durante 2026 el mismo cronograma aplicado en 2025, incluyendo el bono de inicio del ciclo lectivo, el del Día del Trabajador, el aguinaldo a abonarse en dos cuotas y el bono de fin de año distribuido en tres pagos. El primero de estos beneficios, correspondiente al inicio de clases, será abonado el viernes 20 de febrero por un monto de $250.000 sin descuentos, y los empleados municipales también recibirán este pago, previa solicitud de las intendencias y comisiones municipales.

El gobierno provincial también anunció un incremento en la asignación por hijo en concepto de ayuda escolar, que pasará a $280.000 y comenzará a pagarse a partir del 10 de marzo de 2026, con el fin de cubrir gastos asociados a materiales, transporte y actividades educativas.

Por otra parte, los contratos de locación de servicios fueron actualizados, pasando a percibir $910.000 los trabajadores no profesionales y $1.010.000 los profesionales, en línea con los ajustes salariales generales de la administración pública.

El gobernador Suárez destacó que “estas medidas buscan acompañar a los trabajadores frente a la inflación y generar estabilidad en el presupuesto familiar”, subrayando el esfuerzo económico que representa para la provincia. Desde el gobierno remarcaron que estas decisiones forman parte de un proceso de negociación constante con los gremios, destinado a atender las demandas de los distintos sectores de la administración pública y a consolidar un diálogo institucional estable.

El incremento salarial y la continuidad de los bonos llegan en un contexto nacional marcado por la inflación elevada, que ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Con un aumento superior a la inflación, la provincia busca mitigar la pérdida de valor de los ingresos, beneficiando especialmente al sector docente y a los empleados municipales.

El establecimiento del piso salarial de $1.130.000 garantiza que ningún trabajador de la administración pública perciba menos de ese monto, incluyendo a quienes ocupan hasta dos cargos en educación, y refuerza la intención del gobierno de cubrir las necesidades básicas de los empleados. Los bonos, en tanto, se consolidan como un complemento significativo al salario básico, distribuyendo ingresos adicionales a lo largo del año y ofreciendo previsibilidad financiera a los trabajadores.

El incremento de la ayuda escolar a $280.000 por hijo refuerza el compromiso del gobierno con la educación, sumando un aporte directo a los ingresos de los trabajadores para afrontar los gastos del nuevo año escolar. De manera paralela, los ajustes en los contratos de locación de servicios buscan equiparar la retribución de profesionales y no profesionales con los incrementos generales, asegurando un esquema salarial más equitativo.

Estas medidas forman parte de un esquema integral de compensación que combina aumento salarial, bonos y asistencia escolar, diseñado para proteger el poder adquisitivo y mejorar la planificación financiera de las familias. Analistas locales señalan que la política salarial también busca incentivar la permanencia del personal en la administración pública y fortalecer la economía local mediante un mayor consumo.

Históricamente, Santiago del Estero ha utilizado los bonos complementarios al salario básico como herramienta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores públicos, y en 2026 se ratifica esta política sin modificaciones, consolidando la práctica iniciada en 2025. El gobierno provincial subrayó que estas medidas reflejan un equilibrio entre el cuidado fiscal y el bienestar social, en un contexto de ajustes presupuestarios y aumento del costo de vida a nivel nacional.

Con la implementación de estas medidas, los trabajadores de la administración pública santiagueña recibirán un refuerzo significativo en sus ingresos durante 2026, mientras que el gobierno reafirma su compromiso con la estabilidad económica y social de la provincia.