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El Gobierno de Bolivia autorizó de forma excepcional la importación de petróleo crudo y combustibles refinados para garantizar el suministro interno ante la persistente escasez de combustibles y la presión inflacionaria, informó el Ejecutivo este martes. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo 5548, que habilita a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías nacionales a traer petróleo y productos asociados exclusivamente para ser procesados en el país, en una estrategia destinada a estabilizar los mercados energéticos y fortalecer la producción local.
La decisión del presidente Rodrigo Paz y su gabinete, adoptada en el marco de una declarada emergencia energética y social, busca responder a las dificultades de abastecimiento que enfrentan sectores productivos y usuarios particulares, motivadas por factores económicos internos y el incremento sostenido de los precios. La medida también apunta a evitar el uso de subsidios estatales, según lo expresado por autoridades gubernamentales.
La norma establece que los hidrocarburos importados deberán ser refinados en instalaciones nacionales antes de su comercialización. Una vez procesados, los combustibles podrán distribuirse a través de YPFB o por medio de operadores autorizados por el Estado. El decreto otorga al Comité de Producción y Demanda (PRODE) la responsabilidad de determinar los volúmenes a importar, considerando tanto las necesidades del mercado como la capacidad operativa de las refinerías bolivianas.
El Ejecutivo aclaró que estas operaciones de importación y comercialización no estarán sujetas a subsidios estatales ni requerirán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, una señal clara de que el enfoque del Gobierno es evitar presiones fiscales adicionales en medio de un contexto económico delicado.
Una de las disposiciones más relevantes del Decreto Supremo 5548 es la fijación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) en cero bolivianos por litro para los combustibles derivados del petróleo importado durante el primer año de vigencia del decreto. Esta exención fiscal busca facilitar la implementación de la importación, reducir costos en la cadena de suministro y fomentar la llegada de insumos energéticos al país sin distorsionar los precios internos de forma abrupta.
La medida se produce semanas después de que el Ejecutivo declarara la emergencia energética y social, motivada por la situación económica nacional y una inflación acumulada de 20,40% en 2025, un factor que ha tensionado los precios de los bienes y servicios, incluyendo los combustibles.
Dentro de este marco, el Gobierno también autorizó la libre importación y venta de combustibles, una medida que rompe con esquemas de mercado más rígidos que estaban vigentes desde hace décadas y establece nuevos precios de referencia para productos clave como la gasolina y el diésel.
Los nuevos precios oficiales fijados para los combustibles consideran la eliminación de subsidios que se mantenían por más de 20 años. De este modo, la gasolina especial se cotiza en 6,96 bolivianos por litro (aproximadamente 1 dólar), la gasolina premium en 11 bolivianos (1,58 dólares) y el diésel en 9,80 bolivianos (1,40 dólares). Estos valores representan aumentos del 86% y 162%, generando debate entre diferentes sectores de la sociedad y la economía nacional.
Además del decreto 5548, el Gobierno aprobó otras dos normas que buscan abordar distintos aspectos de la crisis económica y energética. El Decreto Supremo 5547 establece arancel cero para la importación de grano de soja, con el objetivo de reforzar la producción de derivados que forman parte de la matriz productiva.
Por su parte, el Decreto Supremo 5549 promueve la generación y distribución de energías renovables, en un esfuerzo por diversificar la matriz energética nacional y reducir la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales. Esta iniciativa se enmarca en políticas globales que apuntan hacia una transición energética más sostenible, aunque en Bolivia se inserta también como respuesta a desafíos concretos de abastecimiento y acceso a energía.
La adopción de estas medidas ha sido valorada por algunos actores del sector productivo. El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, aseguró que las iniciativas oficiales pueden ser instrumentos útiles para garantizar la estabilidad económica y el suministro de diésel, un insumo fundamental para el sector agrícola.
Hernández destacó que el diésel es un elemento clave para la producción de alimentos, y que asegurar su disponibilidad es esencial para la continuidad de actividades del campo y la seguridad alimentaria. Además, consideró que las medidas adoptadas durante los primeros 100 días de la gestión gubernamental buscan mantener el abastecimiento interno y sostener la actividad agrícola frente a los retos derivados del contexto económico actual.
El anuncio de Bolivia se produce en un momento en el que los mercados energéticos globales enfrentan múltiples presiones, incluidas fluctuaciones de precios internacionales del petróleo. En este escenario, la decisión de permitir importaciones excepcionales refleja la necesidad del país andino de asegurar el acceso a insumos energéticos críticos, al tiempo que busca equilibrar las finanzas públicas y evitar subsidios que podrían agravar desequilibrios fiscales.
Con la entrada en vigencia de estas normas, el Gobierno de Bolivia apunta a estabilizar el suministro de combustibles, fortalecer las capacidades de producción interna y diversificar la matriz energética mediante el impulso de energías renovables. La responsabilidad del PRODE en la definición de volúmenes a importar será clave para ajustar la respuesta estatal a las necesidades del mercado.
Asimismo, la implementación efectiva de los precios sin subsidios, y la capacidad de las refinerías nacionales para procesar los hidrocarburos importados, serán factores determinantes en la evolución de la crisis energética, según informó Infobae.
