Santa Fe activa un frente técnico para frenar trabas europeas al biodiésel

El Gobierno de Santa Fe anunció este sábado que asumirá un rol activo en la defensa del biodiésel argentino ante la Unión Europea, luego de que ese bloque clasificara a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” bajo el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), una decisión que amenaza exportaciones por unos US$ 350 millones anuales y afecta de manera directa a la provincia que concentra la totalidad de las terminales exportadoras del país.

La medida europea restringe el uso de soja argentina para la producción de biodiésel dentro de su mercado, bajo el argumento de que ciertos cultivos destinados a biocombustibles podrían generar impactos ambientales indirectos. En la práctica, la decisión limita el acceso del producto nacional a uno de sus principales destinos externos.

Desde la administración que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro sostienen que la clasificación es arbitraria y tiene un sesgo proteccionista, ya que —según plantean— desconoce la evidencia científica y el esquema de sostenibilidad del modelo productivo argentino.

“El biodiésel de soja es trabajo, innovación y divisas para el país. Santa Fe no se queda de brazos cruzados: tomamos posición y estamos trabajando para defender lo que nos pertenece”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La provincia ya formalizó su inscripción en el procedimiento de consulta pública abierto por la Comisión Europea, con el objetivo de presentar fundamentos técnicos que respalden la sustentabilidad del complejo soja–biodiésel. Además, puso a disposición información estratégica para que sea considerada en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde las controversias comerciales son canalizadas por los Estados nacionales.

Si bien las provincias no pueden litigar de manera directa ante la OMC, la posición santafesina se articula con la Cancillería argentina, que es la que representa formalmente al país en el sistema multilateral de comercio. El Gobierno provincial busca así fortalecer la estrategia nacional con datos productivos, ambientales y económicos.

Para estructurar esa respuesta, el Ministerio de Desarrollo Productivo dictó la Resolución Nº RES-2026-00000107, que declara de interés ministerial el abordaje técnico-institucional del tema y crea un Grupo de Trabajo para el Análisis Estratégico del Biodiésel. El equipo elaborará un informe técnico, económico y jurídico sobre el impacto de la normativa europea y formulará recomendaciones.

El grupo estará coordinado por la Secretaría de Comercio Exterior y contará con la participación de áreas técnicas del Ministerio, otras dependencias provinciales, entidades académicas y representantes de la cadena de valor.

“El liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro se refleja en la decisión de avanzar con rapidez y firmeza en este frente. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo encabezamos la coordinación técnica y política, articulando con cámaras empresarias, productores y especialistas para garantizar un planteo integral y contundente”, señaló la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Santa Fe es un actor central en el complejo sojero y en la industria del biodiésel. La provincia concentra el 100% de las terminales exportadoras del país y una parte sustancial del procesamiento industrial de la oleaginosa. Por eso, cualquier restricción en el acceso al mercado europeo tiene un impacto directo en la actividad, el empleo y el ingreso de divisas.

Desde la administración provincial remarcaron que la estrategia combina respaldo legal, argumentos técnicos y coordinación política con el Gobierno nacional. “Este frente de defensa estratégica es nuestra respuesta institucional. Con respaldo legal, con datos y con argumentos, vamos a proteger el empleo y la producción de cada santafesino. Santa Fe toma posición y acompaña al Gobierno Nacional en la defensa de la posición argentina frente a la Unión Europea”, sostuvo Puccini.

La disputa se inscribe en un escenario más amplio de tensiones comerciales vinculadas a estándares ambientales y regulaciones sobre biocombustibles, en el que los países exportadores buscan sostener el acceso a mercados exigentes mientras enfrentan nuevas exigencias regulatorias.