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La provincia de Salta avanza en la implementación de un Protocolo Preventivo de Seguridad Vial para ordenar la logística minera, reforzar los controles en rutas estratégicas y establecer estándares obligatorios para las empresas que operan bajo permisos provinciales. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Minería, fue presentada ante compañías del sector con el objetivo de reducir riesgos operativos en los corredores que conectan los proyectos con centros de abastecimiento y exportación. La medida adquiere especial relevancia en un escenario de expansión minera en el norte argentino, donde la eficiencia logística, la seguridad vial y la continuidad operativa resultan determinantes para la competitividad del sector.
El eje central del nuevo esquema es la elaboración de una Resolución provincial que fijará requisitos preventivos específicos para la operatoria logística. Aunque la Provincia no tiene competencia directa sobre el control del tránsito en rutas nacionales, sí puede establecer condiciones obligatorias para las compañías que desarrollan actividades bajo concesión local. En ese marco, el protocolo busca elevar el piso de cumplimiento en materia de seguridad vial, trazabilidad, control documental y gestión del riesgo.
Durante el encuentro convocado por la Secretaría, representantes de empresas mineras y responsables de áreas logísticas analizaron las principales problemáticas detectadas en los corredores mineros, especialmente en los trayectos hacia la región de la Puna salteña. Entre los factores críticos señalados figuran la fatiga de los conductores, el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, las jornadas extensas y la tercerización del transporte, variables que impactan de manera directa tanto en la seguridad de las personas como en la estabilidad de la cadena de suministro.
Como parte de la estrategia institucional, la Provincia prevé la creación de una Mesa Técnica Permanente de Seguridad Vial Minera, concebida como un ámbito de seguimiento continuo, análisis de datos y mejora permanente. El espacio será coordinado por la Secretaría de Minería e integrará a organismos provinciales, fuerzas de seguridad, áreas de salud, autoridades de vialidad, municipios atravesados por corredores mineros y representantes del sector privado.
El objetivo será compartir información en tiempo real, examinar estadísticas de siniestralidad, identificar zonas críticas, evaluar tiempos de respuesta ante emergencias y proponer medidas correctivas. Desde una perspectiva logística, la iniciativa apunta a reducir interrupciones en el transporte, mejorar la previsibilidad de las operaciones y fortalecer la resiliencia operativa en corredores de alta complejidad geográfica y climática.
La consolidación de este ámbito técnico responde al crecimiento sostenido de la actividad minera, que exige mayores niveles de coordinación entre actores públicos y privados. El traslado de insumos estratégicos, maquinaria pesada y producción mineral incrementa la circulación de camiones de gran porte y obliga a reforzar los mecanismos de fiscalización y prevención.
En paralelo con la elaboración del protocolo, la Provincia intensificó los controles en la Ruta Nacional 51, uno de los principales ejes logísticos hacia los proyectos ubicados en la Puna. Los operativos se desplegaron a la salida de Campo Quijano y abarcaron la verificación de documentación obligatoria, la trazabilidad de las cargas, la situación fiscal y laboral de los transportistas y las condiciones técnicas de los vehículos.
Las inspecciones incluyeron la revisión del cumplimiento de normativas de tránsito, controles de peso y evaluación de las condiciones mecánicas de los camiones. El objetivo oficial es asegurar que el transporte de minerales e insumos críticos se realice bajo estándares adecuados, con pleno respeto a las exigencias legales y con garantías de seguridad para conductores y comunidades.
Desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento, estos operativos buscan minimizar riesgos asociados a incumplimientos que podrían derivar en demoras logísticas, sanciones administrativas o paralización de proyectos estratégicos. La fiscalización coordinada entre áreas fiscales, técnicas, laborales y de seguridad forma parte de una estrategia integral orientada a ordenar un sistema logístico que crece al ritmo de la expansión minera regional.
El fortalecimiento de los proveedores locales constituye otro de los pilares del esquema. Representantes de la Cámara Regional de Proveedores de la Minería de Tolar Grande plantearon ante autoridades provinciales la necesidad de avanzar en procesos de profesionalización, capacitación técnica y mayor integración productiva.
Las empresas regionales prestan servicios vinculados a logística, transporte, mantenimiento de campamentos, catering, seguridad y soporte operativo, tareas esenciales para el funcionamiento de proyectos en altura. Su consolidación impacta en la eficiencia del abastecimiento, en la reducción de costos indirectos y en la generación de empleo local, factores clave para el desarrollo sostenible de las comunidades cercanas.
La articulación público-privada y el acceso a herramientas de promoción y financiamiento aparecen como ejes centrales para integrar a estos actores en una cadena cada vez más exigente en estándares técnicos, cumplimiento normativo y desempeño logístico. La profesionalización del entramado proveedor no solo fortalece la competitividad, sino que también mejora la transparencia y trazabilidad del sistema.
En un sector donde la logística representa una porción significativa de los costos y del riesgo operativo, la implementación de normas claras, controles sistemáticos y mecanismos de evaluación permanente puede incidir de manera directa en la seguridad vial y en la sostenibilidad de los proyectos a mediano y largo plazo. Con la futura Resolución, la creación de la mesa técnica y el refuerzo de controles en rutas clave, la Provincia busca consolidar un esquema que combine seguridad, previsibilidad y competitividad. Según pudo saber Infobae, el avance del protocolo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura y la gobernanza del sector minero en el norte argentino.
