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El Gobierno de la provincia de Córdoba creó un Consejo de Seguridad Rural Provincial con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate del delito en zonas rurales, a partir de una articulación entre los ministerios de Bioagroindustria, Seguridad y Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal y las principales entidades agropecuarias. La medida busca dar respuesta a una demanda sostenida del sector productivo y mejorar la coordinación institucional frente a hechos delictivos en el interior provincial, informo TNCampo.
La creación del nuevo organismo quedó formalizada mediante la firma de un acta acuerdo que establece que el Consejo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según informó el Ejecutivo provincial, la iniciativa apunta a consolidar un esquema de trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para actuar con mayor eficacia en la prevención y persecución penal de delitos rurales.
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, sostuvo que la medida responde a un reclamo histórico de los productores. “Fortalecer la seguridad en el ámbito rural es una prioridad para acompañar a nuestros productores. Este acuerdo consolida una herramienta concreta de articulación y coordinación que nos permitirá actuar con mayor eficacia y previsibilidad en todo el territorio provincial”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que el nuevo consejo potenciará la tarea de la Patrulla Rural de la Policía provincial. “Este flamante Consejo de Seguridad Rural va potenciar aún más el trabajo que ya viene realizando nuestra Patrulla Rural de la Policía de Córdoba en todo el interior provincial”, señaló.
Quinteros agregó que la provincia presenta una configuración territorial que exige políticas diferenciadas. “Córdoba combina grandes conglomerados urbanos con extensas zonas rurales y productivas, y el estado provincial debe adaptarse a esta realidad para llegar a cada cordobés, a cada productor, viva donde viva”, expresó.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, remarcó la necesidad de fortalecer la respuesta judicial ante este tipo de hechos. “El delito rural requiere respuestas judiciales rápidas y articuladas. Este consejo nos permite sistematizar el trabajo entre investigación, persecución penal y territorio en nuestro interior”, indicó.
El Consejo de Seguridad Rural tendrá como función principal coordinar acciones destinadas a mitigar los delitos en áreas rurales, a partir del fortalecimiento de la articulación interinstitucional y la participación activa de las entidades representativas del agro.
El acta prevé la implementación de canales directos de comunicación entre productores y fuerzas de seguridad, que incluirán grupos oficiales de mensajería, líneas telefónicas específicas y el uso de radios rurales. Además, se incrementarán los patrullajes preventivos en zonas y horarios considerados críticos.
Entre las acciones contempladas también se encuentran jornadas de capacitación sobre prevención del delito y el uso de tecnología aplicada a la seguridad, así como instancias de evaluación y seguimiento trimestral para medir resultados y ajustar estrategias.
El acuerdo fue suscripto por el Ministerio de Bioagroindustria; el Ministerio de Seguridad; el Ministerio de Justicia y Trabajo; el Ministerio Público Fiscal de la Provincia; y las entidades rurales Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
La seguridad rural se mantiene como uno de los ejes centrales de la agenda del interior productivo. Productores y entidades vienen reclamando mayor presencia policial, respuestas judiciales ágiles y coordinación entre organismos frente a delitos como abigeato, robos de maquinaria, vandalismo y usurpaciones.
En una provincia con amplias zonas agrícolas y ganaderas, la dispersión territorial y las largas distancias entre establecimientos y centros urbanos representan un desafío adicional para la prevención y el control.
Con la creación del Consejo, el Gobierno provincial busca institucionalizar un ámbito de trabajo permanente que articule políticas públicas y demandas sectoriales. El nuevo esquema apunta a ordenar la información, optimizar recursos y generar mecanismos de respuesta más rápidos.
La puesta en marcha del organismo abre una nueva etapa en la política de seguridad rural de Córdoba, con un esquema formal de coordinación entre el Estado, la Justicia y las entidades agropecuarias, en un contexto donde el fortalecimiento de la protección en el campo continúa siendo una prioridad para el sector productivo, indico TNCampo.
