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El gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado una nueva estrategia para imponer aranceles tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles generalizados que su administración había aplicado previamente. La reestructuración busca cumplir las promesas de campaña del mandatario de proteger la industria estadounidense, pero mediante un proceso más complejo y segmentado que podría tardar meses en implementarse.
Funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) y del Departamento de Comercio están evaluando cómo dividir la autoridad para llevar a cabo estas medidas, generando fricciones internas mientras se busca satisfacer la demanda de Trump de aranceles rápidos y punitivos, dijeron personas familiarizadas con el asunto a ABC News.
Según informó la cadena estadounidense, la oficina de Jamieson Greer, representante comercial, comenzó a trabajar en investigaciones que abarcan la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Estas indagaciones podrían derivar en aranceles agrupados por país, tema comercial o producto. En una entrevista reciente en el programa This Week de ABC, Greer explicó que iniciará indagaciones sobre el exceso de capacidad industrial, una medida que afectaría a varios países de Asia que “fabrican más de lo que pueden consumir”, citó la fuente.
Greer indicó que la administración tuvo que diseñar planes de respaldo tras la pérdida de autoridad directa para imponer aranceles generales. “Ahora no tiene la misma flexibilidad que tenía el presidente con la autoridad anterior que utilizaba, pero nos proporciona herramientas muy duraderas”, mencionó, según ABC News. La estrategia permitirá al gobierno imponer aranceles específicos por sector o país, cumpliendo con los límites legales señalados por la Corte Suprema.
La USTR ha detallado que las investigaciones abarcarán una amplia gama de temas, incluyendo trabajo forzado, precios de productos farmacéuticos, discriminación contra empresas tecnológicas estadounidenses, contaminación oceánica, prácticas comerciales injustas en arroz y productos del mar, y el exceso de capacidad industrial. La base legal utilizada será la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Estados Unidos imponer aranceles si se encuentra evidencia de prácticas comerciales injustas.
Greer recalcó que, aunque la herramienta legal para aplicar los aranceles cambie, la política de Trump no se modifica: “El presidente había hecho campaña sobre los aranceles y pretendía cumplir sus promesas. La herramienta legal para aplicarla puede cambiar, pero la política no ha cambiado”, citó ABC News.
El proceso ha generado disputas internas dentro de la administración, ya que la USTR y el Departamento de Comercio discuten qué entidad debe liderar las investigaciones y la implementación de aranceles. Funcionarios consultados por ABC News aseguraron que estas tensiones reflejan la presión por cumplir con la visión del presidente de aplicar sanciones rápidas y efectivas.
Según Greer, la USTR comenzará un cronograma acelerado de investigaciones, aunque se espera que la implementación real de los aranceles tarde varios meses debido a la complejidad de las medidas y la necesidad de cumplir con los procedimientos legales. Los aranceles podrían aplicarse por país, por tema comercial o por producto, y tendrán un alcance más segmentado que los aplicados anteriormente.
Analistas señalan que esta nueva estrategia podría reconfigurar la estructura de ganadores y perdedores en el comercio internacional. Mientras que los aranceles anteriores afectaban de manera general a determinados sectores, los nuevos gravámenes podrían concentrarse en industrias específicas o países concretos, generando un mapa distinto de impactos económicos.
El contexto global es sensible, dado que muchas naciones ya han expresado su preocupación por los aranceles estadounidenses y han amenazado con represalias. Entre los países que podrían verse afectados se incluyen China y Brasil, sobre los cuales la USTR mantiene investigaciones previas de la Sección 301.
La estrategia surge tras la declaración de la Corte Suprema que consideró ilegales los aranceles generalizados impuestos por la administración de Trump. La Corte señaló que la autoridad utilizada previamente no era suficiente para aplicar medidas tan amplias sin pasar por los procedimientos legislativos correspondientes. Esto obligó al gobierno a buscar alternativas legales que permitan continuar con la política arancelaria sin infringir la ley.
La USTR y el Departamento de Comercio han trabajado en la creación de un mosaico de aranceles legales, que permitan cumplir los objetivos políticos y comerciales de Trump mientras se ajustan a los límites establecidos por la Corte Suprema. Las nuevas investigaciones de la Sección 301 forman parte de este plan y serán clave para determinar qué sectores y países enfrentarán los nuevos gravámenes.
Greer enfatizó que la administración está comprometida con la protección de la industria estadounidense y la corrección de prácticas comerciales injustas, mencionó ABC News. La oficina continuará las investigaciones existentes sobre China y Brasil, mientras expande su alcance a otros países de Asia y a diferentes sectores industriales.
El proceso refleja un cambio en la estrategia de aranceles: de medidas rápidas y generalizadas a acciones más segmentadas y legalmente fundamentadas, que podrían tardar en tener efecto, pero que buscan mantener la presión comercial en línea con la agenda del presidente.
En resumen, la reestructuración de los aranceles representa un esfuerzo por conciliar la política arancelaria de Trump con los límites impuestos por la Corte Suprema, mientras se mantiene un enfoque amplio sobre prácticas comerciales injustas que afectan a diversas industrias y países. La eficacia de la nueva estrategia dependerá de la coordinación entre agencias, la precisión de las investigaciones y la respuesta de los socios comerciales internacionales.
