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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió en el Senado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), afirmó que tendrá “efectos positivos netos extraordinarios” sobre la economía uruguaya y garantizó que las empresas públicas, los programas industriales y las políticas de desarrollo contarán con salvaguardas específicas. Las autoridades comparecieron ante la comisión especial parlamentaria que analizó el tratado para explicar su impacto en el Producto Bruto Interno (PBI), el empleo, el salario real y el margen de acción del Estado, en un contexto internacional que el Ejecutivo definió como inestable y marcado por decisiones unilaterales.
Durante la sesión, el ministro Gabriel Oddone sostuvo que el entendimiento con la UE responde a un cambio profundo en los equilibrios globales. “Los equilibrios geopolíticos cambiaron, los equilibrios comerciales cambiaron y las élites de los gobiernos de Occidente, europeos y del Mercosur, hemos entendido que es inminente lograr un acuerdo de este tipo”, afirmó el jerarca ante los legisladores.
Oddone remarcó la importancia de la pertenencia al bloque regional y rechazó la idea de una estrategia en solitario. “Qué importante es ser miembro del Mercosur”, expresó, al tiempo que recordó que en las últimas dos décadas Uruguay debatió si debía apartarse del bloque o negociar acuerdos comerciales por fuera. A su juicio, el escenario actual —con menor multilateralismo y mayor fragmentación— exige “tener un ámbito de pertenencia con un tamaño mayor”.
El ministro subrayó además el peso del mercado regional para la industria nacional. Según indicó, el 20% del empleo industrial depende de productos que se exportan a Argentina y Brasil, como químicos, productos de laboratorio y plásticos, que no encuentran con facilidad otros destinos internacionales.
Las estimaciones oficiales presentadas en el Parlamento prevén que el acuerdo impulse un crecimiento del PBI superior al 1,5%, un aumento de 4% en las exportaciones, una suba de 0,5% en el empleo y un incremento del 1% en el salario real. El gobierno sostiene que el efecto agregado será positivo en términos de actividad económica, ingresos y bienestar social.
El director de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, señaló que estudios preliminares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anticipan también “una caída significativa de la pobreza y una mejora en los índices de desigualdad también significativa”, según expresó ante los senadores.
En relación con el impacto fiscal derivado de la quita de aranceles, Labraga explicó que la renuncia será de cinco millones de dólares anuales durante los primeros diez años y de 1,7 millones entre el año diez y el quince. A su entender, se trata de un costo “no muy desafiante” para las cuentas públicas y compatible con la estructura tributaria actual.
Las autoridades reconocieron que habrá sectores con “desafíos comerciales”, entre ellos autopartes, automóviles, vino y lácteos. En el caso del vino, Labraga sostuvo que la competencia más intensa se dará entre la Unión Europea y Argentina, más que con Uruguay.
Para el sector automotor, el impacto fue calificado como “muy marginal”, en parte porque las desgravaciones arancelarias se implementarán de forma gradual y comenzarán a regir dentro de diez o quince años, lo que, según el MEF, otorgará tiempo suficiente para la reconversión productiva.
En lácteos, el Mercosur concedió una cuota de 10.000 toneladas a diez años, mientras Uruguay exporta a Brasil alrededor de 60.000 toneladas. En quesos, la cuota será de 30.000 toneladas y excluye la mozzarella, que representa el 25% de las exportaciones uruguayas a ese mercado. Entre los productos con mayores beneficios potenciales se mencionaron la carne bovina, el arroz y la miel, considerados estratégicos para la matriz exportadora.
Uno de los puntos centrales del debate fue el alcance del acuerdo sobre las empresas estatales. Labraga explicó que el texto establece que estas deberán comportarse con criterios comerciales cuando realicen actividades en el territorio de otra parte del tratado.
No obstante, aclaró que esa disposición no se aplica al mercado interno. Además, el capítulo correspondiente reconoce excepciones para aquellas entidades que cumplen funciones de interés nacional, como el financiamiento de viviendas, el apoyo a exportaciones, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la seguridad social o los planes públicos de jubilación. Esas actividades, indicaron las autoridades, quedan preservadas de exigencias que limiten su carácter público.
En materia de compras públicas, el acuerdo prevé el trato nacional para proveedores europeos, lo que implica que no podrán establecerse diferencias entre oferentes locales y extranjeros en determinados procesos de contratación.
Sin embargo, Uruguay exceptuó las adquisiciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Además, el trato nacional solo regirá para compras superiores a 770.000 dólares, mientras que en obra pública el umbral será de 8 millones de dólares, lo que deja fuera a una porción significativa de licitaciones de menor escala.
También quedaron excluidos subprogramas vigentes de promoción industrial, como los vinculados a la industria farmacéutica, la industria textil y vestimenta y la industria del calzado. A esto se suma la exclusión del programa de compras públicas para el desarrollo creado por ley en 2008. En el sector de la construcción, el acuerdo habilita otorgar un margen de preferencia en el precio para la contratación de empresas nacionales en la ejecución de obras.
Por su parte, la vicecanciller Valeria Csukasi informó que, en el capítulo de indicaciones geográficas, se realizó una consulta pública a empresas que utilizan denominaciones como “parmesano”, “gruyer” o “fontina”. Un total de 38 firmas fueron incluidas en un listado de excepción que les permitirá continuar empleando esos nombres. Las nuevas empresas, en cambio, no podrán utilizarlos una vez que el tratado entre en vigor.
En materia de propiedad intelectual, el Ejecutivo aseguró que no habrá extensión de plazos en patentes ni en la protección de datos de prueba, un punto que había generado inquietudes en distintos sectores productivos.
Con estos argumentos, el gobierno buscó reforzar la idea de que el acuerdo constituye una oportunidad estratégica de inserción internacional, al tiempo que mantiene herramientas de política pública para proteger sectores sensibles y preservar el rol del Estado en áreas consideradas clave para el desarrollo.
