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La administración de Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump, anunció que en los próximos días incrementará los aranceles del 10% al 15% o más para ciertos países, en una decisión que será formalizada mediante una proclamación de la Casa Blanca y que busca reforzar la posición comercial del país frente a prácticas consideradas desleales. La medida, confirmada por el representante comercial Jamieson Greer, sustituirá gravámenes de emergencia anulados recientemente por la Corte Suprema y se aplicará bajo instrumentos legales vigentes.
El anuncio introduce un nuevo capítulo en la política comercial estadounidense, en un contexto de revisión de acuerdos internacionales y creciente presión sobre socios estratégicos. Aunque el Gobierno no precisó qué países serán alcanzados por el aumento, Greer indicó que las tasas podrían superar el 15% en casos puntuales y que la implementación se ajustará a los niveles previamente definidos por la administración.
“No tenemos intención de ir más allá de las tasas que están actualmente en vigor. Tenemos la intención de cumplir realmente el acuerdo que tenemos con ellos”, afirmó Greer en referencia a China, al descartar una escalada adicional sobre productos del gigante asiático. El funcionario subrayó que no se prevén incrementos por encima de los aranceles ya aplicados a bienes chinos.
El mensaje llega en momentos en que Trump tiene previsto viajar a China en las próximas semanas, lo que refuerza la intención oficial de mantener el entendimiento comercial vigente entre ambas potencias. Desde Washington sostienen que la prioridad es garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y evitar nuevas tensiones que afecten el intercambio bilateral.
El nuevo esquema arancelario se apoyará en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita la aplicación temporal de gravámenes para hacer frente a desequilibrios en la balanza de pagos o a situaciones excepcionales. Esta disposición comenzó a regir el martes con una tasa base del 10% y, según explicó Greer, es compatible con los acuerdos comerciales en curso.
El núcleo de la estrategia, sin embargo, se centrará en investigaciones bajo la Sección 301, instrumento que permite a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) responder ante prácticas injustas o discriminatorias. Entre los puntos bajo análisis figuran el exceso de capacidad industrial, el uso de mano de obra forzada en cadenas de suministro, la discriminación contra empresas tecnológicas estadounidenses y los subsidios estatales a determinados productos, como arroz y mariscos.
Greer y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, plantearon en reiteradas ocasiones a funcionarios chinos su preocupación por el exceso de capacidad industrial. Según la visión de Washington, empresas con resultados negativos continúan operando gracias al respaldo estatal, lo que distorsiona los precios internacionales y afecta la competitividad de la industria estadounidense.
De acuerdo con el representante comercial, esta problemática no se limita a China. También mencionó a Vietnam y a otros países que, a juicio de la administración, presentan dinámicas similares en sectores sensibles.
En el plano bilateral, Greer citó el caso de Indonesia, que aceptó un arancel del 19% para determinadas exportaciones hacia Estados Unidos a cambio de ampliar el acceso a su mercado interno para productos estadounidenses. El funcionario adelantó que la USTR abrirá una investigación bajo la Sección 301 para evaluar la capacidad industrial y las subvenciones a la pesca en ese país. Los resultados de ese proceso determinarán la continuidad y el nivel de los aranceles aplicados.
Además, recordó que la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 —que habilita aranceles de hasta el 50% contra países que discriminen el comercio estadounidense— sigue vigente, aunque aclaró que no constituye el eje central de la estrategia actual.
El foco, insistió, está puesto en las investigaciones por país bajo la Sección 301 y en las acciones sectoriales enmarcadas en la Sección 232, que permite imponer restricciones comerciales por razones de seguridad nacional. Estas últimas, según destacó, han demostrado mayor solidez jurídica frente a desafíos judiciales.
El Departamento de Comercio continúa evaluando sectores estratégicos en los que podrían aplicarse medidas adicionales. La administración Trump argumenta que los nuevos aranceles y las investigaciones asociadas son compatibles con los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos y responden a la necesidad de proteger la industria nacional.
Desde la Casa Blanca sostienen que el objetivo no es cerrar mercados, sino garantizar condiciones de competencia equitativas. En ese sentido, remarcan que las herramientas legales utilizadas —Sección 122, 301 y 232— forman parte del marco normativo vigente y han sido empleadas por distintas administraciones.
El endurecimiento arancelario se produce en un escenario global marcado por tensiones comerciales, subsidios industriales y disputas por cadenas de suministro críticas. Para Washington, el exceso de capacidad en sectores como el acero, la tecnología y la pesca no solo afecta a productores locales, sino que también altera los precios internacionales y genera dependencia estratégica.
A la espera de la proclamación formal de la Casa Blanca, el mercado internacional sigue de cerca la evolución de la medida y la eventual reacción de los países involucrados. Si bien el Gobierno estadounidense insiste en que no busca una escalada generalizada, el aumento de aranceles reabre el debate sobre el equilibrio entre protección industrial y estabilidad del comercio global.
La definición final de los países alcanzados y los porcentajes aplicables marcará el alcance real de la decisión. Según informó Infobae, por ahora la administración reafirma que la política comercial seguirá guiada por la defensa de la competitividad interna y la utilización de mecanismos legales para responder a lo que considera prácticas desleales.
