El Gobierno abre la puja por Transener y busca recaudar al menos US$205 millones con la venta de su participación

El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con la apertura de sobres para vender el 50% de Citelec, la sociedad que controla a Transener, en una operación que apunta a recaudar al menos US$205 millones y a profundizar la reorganización del sector energético. La licitación, impulsada por el Ministerio de Economía, busca desprender al Estado de su participación indirecta en la principal transportista de electricidad del país y atraer nuevos inversores con capacidad financiera para sostener futuras inversiones en la red de alta tensión.

La compañía es un activo estratégico: opera el 85% de las líneas de alta tensión de la Argentina y supervisa el 15% restante. Actualmente tiene a su cargo más de 15.000 kilómetros de líneas de 500 kV, que constituyen la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. Su valuación bursátil ronda los US$800 millones, lo que convierte la venta en uno de los movimientos más relevantes del programa oficial de desinversión en empresas energéticas.

Entre los potenciales interesados figura Edison Energía, un vehículo de inversión que en los últimos años protagonizó una expansión acelerada en el sector. El grupo está integrado por los hermanos Patricio y Juan Neuss; los socios del fondo Inverlat —Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, también dueños de Havanna—; y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan.

En el último tiempo, Edison Energía adquirió la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Líneas de Transmisión del Litoral (Litsa) y la central hidroeléctrica Potrerillos, en Mendoza. Más adelante, sumó dos de las cuatro represas del Comahue concesionadas por el Gobierno por 30 años: Alicurá y Cerros Colorados, por un total de US$226 millones. Con ese recorrido, el grupo consolidó presencia en generación, distribución y transporte eléctrico.

Cómo es la estructura accionaria

El paquete en venta corresponde a la participación que hoy posee el Estado a través de Energía Argentina (Enarsa), que controla el 50% de Citelec. El otro 50% está en manos de Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin.

A su vez, Citelec controla el 52,64% de las acciones clase A de Transener. El resto del capital de la transportista se distribuye entre la Anses (19,57%) y el capital flotante que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%). De esta forma, el Estado mantiene hoy una participación indirecta del 26,32% en la empresa.

Para despejar eventuales trabas a la operación, el Gobierno cerró una negociación previa con Pampa Energía. Según reveló el portal especializado EconoJournal, la compañía aceptó renunciar a sus derechos de preferencia y de acompañamiento, cláusulas que históricamente blindaban la sociedad. Esa decisión permite que nuevos inversores puedan competir sin restricciones por el activo y, en consecuencia, elevar el precio final por encima del piso fijado en la tasación oficial.

El Ministerio de Economía publicó los pliegos y estableció como base de la licitación una valuación mínima de US$205 millones, cifra determinada por el Banco BICE. Además, impuso requisitos financieros estrictos: los oferentes deberán acreditar un patrimonio neto equivalente, como mínimo, al valor de la tasación oficial. El objetivo es garantizar que el eventual comprador cuente con la espalda financiera necesaria para gestionar una empresa clave en la infraestructura energética.

Red saturada y necesidad de inversiones

La concesión de Transener comenzó en la década del noventa y, desde entonces, la empresa atravesó distintos marcos regulatorios y períodos de emergencia económica. De hecho, el sector eléctrico estuvo bajo régimen de emergencia durante buena parte de las últimas décadas, lo que impactó en el ritmo de inversiones y en el esquema tarifario.

En una audiencia pública, el director general de la compañía, Pablo Tarca, advirtió sobre la creciente presión sobre la red. “La demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas 54%. Desde el punto de vista cuantitativo, el diagnóstico es claro: tenemos un sistema fuertemente saturado”, señaló. Según explicó, esa sobrecarga incrementa los costos de mantenimiento y obliga a realizar tareas fuera del horario habitual, lo que encarece la operación.

En paralelo a la privatización parcial, el Gobierno tiene pendiente la licitación de tres grandes obras de ampliación de la red de alta tensión: AMBA I, para reforzar el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires; la línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins, destinada a evacuar generación de Cuyo y del Comahue; y la línea de 500 kV Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, que fortalecerá la integración de la Patagonia con el sistema troncal.

En conjunto, estos proyectos demandarán más de US$1.900 millones. El esquema previsto establece que las empresas adjudicatarias financien, construyan y operen las líneas, y recuperen la inversión mediante un canon que se trasladará a los usuarios beneficiarios una vez que las obras entren en servicio.

Impacto fiscal y estrategia oficial

La venta de la participación en Citelec forma parte de la estrategia oficial de reducción de la presencia estatal en la economía y de fortalecimiento de las cuentas públicas. El ingreso estimado resulta clave para el programa financiero, en un contexto de fuertes vencimientos de deuda que la Argentina debe afrontar en los próximos meses.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo busca capitalizar la mejora en la valuación de Transener, cuyos ingresos registraron en el último año un incremento por encima de la inflación. La expectativa oficial es cerrar la operación en el corto plazo y asegurar que los fondos ingresen de manera directa al Tesoro.

Con la apertura de sobres prevista en el cronograma oficial, el proceso entra en su etapa decisiva. Según informó IProfesional, el interés de grupos empresarios con fuerte presencia en el sector energético anticipa una competencia que podría superar la base fijada por el Gobierno y redefinir el mapa de uno de los activos más estratégicos del sistema eléctrico argentino.