Soja: ROSARIO
$460.000 1.10%
Maíz: ROSARIO
$247.500 -1.12%
Trigo: ROSARIO
$251.600 0.84%
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) debatió en su 55° Asamblea Extraordinaria el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), con la participación de representantes de 21 jurisdicciones, en una reunión que dejó en evidencia una marcada división política y técnica sobre el futuro del régimen de protección de estos ecosistemas estratégicos. El encuentro se realizó recientemente y tuvo como eje central el análisis del texto en estudio y del informe previo elaborado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo del organismo.
El COFEMA, que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las provincias y de la Nación, funciona como ámbito de coordinación de políticas públicas en un país de estructura federal. En este caso, la discusión giró en torno a posibles cambios en la norma que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
El resultado de la votación reflejó un escenario de paridad y fragmentación. Ocho jurisdicciones votaron en contra de la iniciativa: La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe. Otras ocho se manifestaron a favor: Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cinco provincias se abstuvieron, Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes, y tres estuvieron ausentes: Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis.
La igualdad entre votos afirmativos y negativos, sumada al número de abstenciones, dejó en claro la falta de consensos sobre una norma que regula bienes ambientales críticos, en particular el agua de origen glaciar.
En representación de La Pampa, participó la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, quien expuso la postura crítica de esa provincia frente al proyecto de reforma. Desde esa jurisdicción se advirtió que, bajo el argumento de reforzar la autonomía provincial, podría producirse un debilitamiento efectivo de los estándares nacionales de protección ambiental.
El planteo pampeano se sustenta en una interpretación constitucional que articula el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias (artículo 124) con la responsabilidad del Estado nacional de fijar presupuestos mínimos de protección ambiental (artículo 41). Según esa visión, cualquier modificación que fragmente esos estándares comunes podría derivar en asimetrías regulatorias y en una eventual competencia entre jurisdicciones.
Durante la asamblea se advirtió que “cualquier modificación al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares debe preservar y fortalecer el carácter de los presupuestos mínimos ambientales, garantizar la gestión integral de cuencas interjurisdiccionales y asegurar que ninguna provincia vea comprometido su derecho a un ambiente sano por decisiones adoptadas fuera de su territorio”.
La Pampa remarcó además su condición de provincia aguas abajo, cuya disponibilidad hídrica depende de cuencas interprovinciales como las de los ríos Colorado y Atuel. En ese sentido, sostuvo que las decisiones adoptadas en territorios ubicados aguas arriba tienen impactos directos sobre su ambiente, su producción y su desarrollo social.
El documento presentado ante el COFEMA señaló que la eventual fragmentación de la evaluación de impacto ambiental y la ausencia de mecanismos federales sólidos podrían agravar conflictos interprovinciales y debilitar la gestión integral de cuencas. Desde esa perspectiva, se planteó que sin un Estado nacional con capacidad de fijar reglas comunes, las provincias aguas abajo quedarían en una situación de desventaja estructural.
Más allá del resultado de la votación, la asamblea dejó planteado un debate más amplio sobre el modelo de gobernanza ambiental en Argentina. La tensión entre autonomía provincial y estándares nacionales no es nueva, pero en el caso de los glaciares —reguladores clave de las cuencas hídricas y reservas estratégicas de agua dulce— adquiere una dimensión central en un contexto de variabilidad climática y creciente presión sobre los recursos hídricos.
El tratamiento legislativo de la eventual reforma continuará en las instancias correspondientes, mientras persiste la discusión sobre cómo equilibrar las competencias provinciales con la necesidad de sostener criterios ambientales homogéneos en todo el territorio nacional.
