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La eventual adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) volvió a encender el debate por la Ley de Semillas, tras el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y las referencias del presidente Javier Milei en el Congreso. Según informó TNCampo, la discusión enfrenta a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que rechaza sumarse al nuevo esquema y defiende el uso propio, y a la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que respalda la iniciativa oficial al considerar que fortalecerá la propiedad intelectual y la competitividad del agro.
De acuerdo con lo publicado por TNCampo, el eje del debate es la actualización del régimen que regula los derechos de obtentores y productores. Argentina integra actualmente UPOV 78, un marco vigente desde hace más de cuatro décadas que, según entidades rurales, permitió impulsar el mejoramiento genético sin eliminar la posibilidad de que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrar.
Desde CARBAP manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el país avance hacia UPOV 91, una versión que amplía los derechos de los obtentores y establece mayores restricciones sobre el uso propio. La entidad sostuvo que celebra los pasos hacia una mayor apertura comercial, pero advirtió sobre los compromisos asumidos en materia de propiedad intelectual vegetal.
El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, planteó que el país necesita reglas previsibles que incentiven la innovación, aunque consideró que la adhesión al Acta 1991 no es el camino adecuado para la realidad productiva local. Desde la entidad sostienen que el equilibrio histórico entre desarrolladores de tecnología y productores no debe alterarse.
Según consignó TNCampo, la organización rural remarcó que el debate no puede reducirse a una confrontación entre innovación y defensa del productor. Señalan que Argentina cuenta con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas y con una base tecnológica consolidada, lo que demuestra que el sistema actual no ha impedido la incorporación de genética avanzada.
La posición de CARBAP apunta a modernizar la legislación vigente dentro del marco de UPOV 78. Propone reforzar los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, así como mejorar la transparencia del sistema, sin modificar el principio del uso propio que forma parte de la cultura productiva argentina.
En contraste, ASA respaldó explícitamente la decisión del presidente Milei de impulsar la adhesión a UPOV 91. Tal como detalló TNCampo, la entidad afirmó que la actualización del régimen de propiedad intelectual vegetal es una prioridad estratégica para recuperar competitividad y revertir el atraso normativo acumulado.
Según ASA, el esquema basado en UPOV 78 dejó a la Argentina fuera del estándar internacional adoptado por más de 60 países. Para la industria semillera, la modernización permitiría brindar mayor seguridad jurídica, incentivar la inversión en investigación y desarrollo y evitar la migración de capitales hacia mercados con reglas más claras.
El director ejecutivo de ASA, Alfredo Paseyro, sostuvo que el nuevo marco no implica eliminar el uso propio, sino regularlo bajo parámetros más precisos y sostenibles. Además, destacó que la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas fortalecería la protección de los obtentores y aportaría mayor transparencia a la cadena.
La industria argumenta que un sistema alineado con estándares internacionales es clave para aumentar rendimientos, mejorar la productividad y consolidar la inserción del agro argentino en el comercio global.
El trasfondo del debate combina aspectos técnicos, económicos y políticos. La propiedad intelectual en semillas es un componente central para la inversión en genética, un factor determinante en los rindes y en la adaptación a desafíos climáticos y sanitarios.
Quienes apoyan la adhesión a UPOV 91 sostienen que una protección más robusta favorece el desarrollo de nuevas variedades y la llegada de tecnología de punta. En cambio, los sectores críticos advierten que un esquema más restrictivo podría incrementar costos para los productores y alterar prácticas tradicionales.
CARBAP incorporó además otro eje a la discusión: los Derechos de Exportación (DEX). De acuerdo con lo informado por TNCampo, desde la entidad señalaron que mientras persista esa carga impositiva, cualquier debate sobre incentivos tecnológicos quedará condicionado. A su entender, los DEX representan hoy el principal obstáculo estructural para la inversión y el crecimiento productivo.
La organización rural insistió en que reformas de esta magnitud deben surgir de un amplio consenso entre productores, obtentores, industria y Estado. Rechazó que decisiones estratégicas se adopten como consecuencia de compromisos externos sin un debate interno profundo.
El intercambio de posiciones anticipa un debate legislativo intenso. El Congreso será el ámbito donde se definirá si la Argentina mantiene el esquema de UPOV 78 con modificaciones o avanza hacia el Acta 1991.
La discusión excede el plano técnico y remite al modelo de desarrollo del agro argentino. Por un lado, se plantea la necesidad de atraer inversiones y garantizar previsibilidad normativa. Por otro, se busca preservar prácticas históricas y evitar mayores cargas para el productor.
En un contexto internacional que exige trazabilidad, innovación y estándares ambientales crecientes, la definición sobre la Ley de Semillas tendrá impacto directo en la competitividad del sector. La resolución del debate marcará las reglas de juego para la genética vegetal en las próximas décadas.
