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El presidente Javier Milei logró en los últimos días consolidar una mayoría legislativa con respaldo de gobernadores y sectores del peronismo disidente para avanzar con su programa económico en el Congreso. La estrategia, desplegada entre la Casa Rosada y el Parlamento durante la última semana, permitió garantizar la aprobación de iniciativas vinculadas al equilibrio fiscal y a la reorganización de partidas presupuestarias. El movimiento es relevante porque asegura gobernabilidad en un contexto de fuerte ajuste y redefine el esquema de alianzas políticas en un año determinante para la economía.
La nueva etapa se apoya en acuerdos concretos con provincias que enfrentan restricciones financieras tras la reducción de transferencias discrecionales. Según datos oficiales, durante el último ejercicio las partidas no automáticas a distritos registraron una caída real superior al 60% interanual, lo que obligó a los gobernadores a recalibrar sus presupuestos provinciales. En ese marco, la Nación ofreció previsibilidad fiscal en giros automáticos, financiamiento para obras estratégicas y mecanismos de compensación fiscal a cambio de acompañamiento legislativo.
El resultado fue visible en el recinto: el oficialismo consiguió los votos necesarios para sostener artículos centrales del plan de ajuste, con el respaldo de bloques vinculados a mandatarios provinciales y legisladores del peronismo no kirchnerista.
El eje de la negociación estuvo puesto en la sustentabilidad fiscal. El Gobierno defendió su meta de mantener el superávit primario, que en el último balance acumulado alcanzó el 1,8% del PBI, y prometió no alterar la distribución automática de recursos coparticipables. Para las provincias, que dependen en más de un 50% de esos envíos en promedio, la garantía de estabilidad en ese flujo fue clave para sostener sus finanzas públicas.
Además, se acordó la reactivación selectiva de obras con financiamiento compartido y la posibilidad de que los distritos accedan a líneas de crédito multilaterales con aval nacional. En términos numéricos, el paquete en discusión involucra proyectos por más de US$ 1.200 millones, orientados a infraestructura vial, energética y sanitaria.
Gobernadores dialoguistas interpretaron el entendimiento como una forma de asegurar previsibilidad presupuestaria en un escenario de recesión económica. La actividad acumuló una contracción cercana al 3% anual, según estimaciones privadas, lo que redujo la recaudación propia de varias provincias y tensionó sus cuentas.
Desde la Casa Rosada sostienen que el acuerdo no implica un giro en el programa, sino una adaptación política para sostener el orden macroeconómico. El Ejecutivo remarca que el gasto primario nacional se redujo en términos reales más de 30% durante el último año y que el compromiso es no revertir esa tendencia de disciplina fiscal.
El respaldo de sectores del peronismo disidente fue determinante para alcanzar la mayoría. Legisladores alineados con gobernadores de peso territorial acompañaron los proyectos económicos, lo que permitió superar resistencias internas y desplazar a aliados tradicionales que no garantizaron apoyo pleno.
En términos parlamentarios, la votación mostró un bloque oficialista ampliado que superó el umbral de los 129 votos necesarios para aprobar iniciativas clave en Diputados. Esa cifra, que hasta hace meses parecía inalcanzable sin acuerdos estructurales, fue posible gracias a una construcción caso por caso, basada en negociaciones políticas y compromisos fiscales concretos.
El nuevo equilibrio altera la dinámica política. Algunos socios originales del Gobierno observaron con incomodidad el acercamiento a dirigentes peronistas, aunque desde el Ejecutivo descartan un quiebre formal. La prioridad, insisten, es sostener las reformas estructurales que apuntan a consolidar la estabilidad macroeconómica, bajar la inflación y estabilizar el mercado cambiario.
La inflación mensual, que había superado los dos dígitos a comienzos de la gestión, se desaceleró en los últimos meses hasta ubicarse por debajo del 5%, según los últimos registros oficiales. Para el Gobierno, esa tendencia es un activo central que debe preservarse con equilibrio presupuestario y respaldo legislativo.
El entendimiento con gobernadores envía una señal de previsibilidad institucional hacia los mercados y los organismos internacionales. Analistas financieros destacan que la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías reduce el riesgo político y mejora las expectativas sobre la sostenibilidad del programa económico.
El riesgo país, que había superado los 2.000 puntos básicos en momentos de alta incertidumbre, mostró una baja sostenida en las últimas semanas. Aunque sigue en niveles elevados, la reducción refleja una percepción de menor conflictividad y mayor capacidad de gestión.
El desafío hacia adelante será sostener el apoyo cuando se discutan medidas con impacto directo en las economías regionales o en el empleo público. Varias provincias dependen en más de un 35% de su planta estatal para la dinámica laboral local, lo que podría generar tensiones si el ajuste se profundiza.
Por ahora, el Presidente logró articular un frente pragmático que combina disciplina fiscal, negociación política y objetivos de estabilidad económica. La nueva etapa con los gobernadores no constituye una alianza formal, pero sí un entendimiento económico que le permite avanzar con su hoja de ruta. En un contexto de restricciones presupuestarias, caída de actividad y necesidad de financiamiento, el oficialismo apuesta a que la estabilidad macro sea el eje que ordene la política y consolide su posición en el Congreso.
