La ausencia de un plan económico previsible y la incertidumbre sobre la continuidad institucional y jurídica se mantienen como los principales frenos para la inversión privada en Argentina, advirtió el analista económico Damián Di Pace. Según explicó, tanto empresarios locales como extranjeros requieren garantías concretas de estabilidad para comprometerse en proyectos de mediano y largo plazo, algo que el contexto actual del país no ofrece.
“En Argentina estamos entre el yin y el yang, un modelo de país u otro completamente distinto; esto se basa en los extremos, esta sociedad no encontró el gris en puntos clave”, aseguró Di Pace, subrayando el riesgo que implica la polarización extrema para la construcción de consensos permanentes.
El especialista señaló que uno de los problemas centrales radica en la descoordinación entre expectativas gubernamentales y los plazos reales de recuperación económica. “Los gobiernos quieren adelantar el ciclo y dar buenas noticias de que esto va a ser rápido cuando no lo va a ser”, indicó. Según Di Pace, estrategias de desinflación en América Latina requieren habitualmente entre seis y ocho años, mientras que en Argentina la sociedad exige resultados inmediatos, generando una ansiedad social que profundiza la inestabilidad.
El impacto de esta situación se refleja en los indicadores económicos. Mientras la inflación promedio de alimentos en América Latina es del 4,8%, en Argentina alcanza el 33,2%, lo que evidencia un problema de carácter estructural y no meramente coyuntural.
El rol del sector privado y los incentivos
Al analizar el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, Di Pace comparó la situación con una metáfora automovilística: el traspaso del impulso económico desde el sector público hacia el privado solo será posible si existen incentivos sólidos tanto en el mercado interno como en el internacional.
Sin embargo, señaló tres trabas principales para este tránsito: la baja capacidad instalada de sectores como el textil o el calzado, que desalienta la inversión en bienes de capital; la falta de certeza sobre la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, incluso cuando existen incentivos como el Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI); y la preocupación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ante cada ciclo electoral, dado que el retorno de un bien de capital se estima entre cinco y diez años.
“¿Por qué invertir si la capacidad instalada es tan baja? Tengo serias dudas de que la inversión privada crezca por capacidad instalada o por previsibilidad institucional”, afirmó Di Pace.
El especialista identificó tres instrumentos que podrían dinamizar la inversión privada: el crédito, los fondos provenientes de la regularización fiscal y el RIMI. Sobre el crédito, explicó que pasó del 6% al 12% del producto, lo que constituyó un impulso importante para la actividad económica.
En cuanto al RIMI, detalló que una inversión de USD 150.000 en bienes de capital, como computadoras de alta gama, puede descontarse del pago de impuestos mediante amortización acelerada. Citó el ejemplo de Chile, donde políticas similares permitieron un crecimiento sostenido de las pymes: “Esto en Chile generó un nivel de capitalización enorme y las pymes fueron creciendo a lo largo del tiempo”.
Respecto al blanqueo fiscal y los regímenes de inocencia fiscal, Di Pace comentó que las previsiones iniciales apuntaban a recaudar USD 30.000 millones, pero los cambios en el régimen simplificado de ganancias redujeron la proyección a entre USD 5.000 y 7.000 millones.
“Un empresario no invierte solamente por la herramienta, invierte por cómo ve la pista hacia adelante”, puntualizó el especialista, destacando que la visión empresarial sobre el contexto económico resulta clave para atraer inversiones.
Presión tributaria y coordinación federal
Comparando la situación actual con la década de 1990, Di Pace observó que entonces la Argentina enfrentaba un entorno externo adverso con sequías, caída de los precios de commodities y un menor stock exportable. Para financiar un déficit creciente, el gobierno de aquella época aumentó los impuestos.
En contraste, afirmó que aunque el gobierno de Milei prometió reducir tributos y los impuestos nacionales cayeron respecto al producto, la presión fiscal consolidada —incluyendo niveles nacional, provincial y municipal— hoy es más elevada que al inicio de su gestión.
El especialista subrayó que una transformación económica estructural requiere coordinación entre los tres niveles del Estado: nación, provincia y municipio, y que actualmente esta coordinación es insuficiente. “Hay un problema que es una mesa de cuatro patas que se tienen que juntar y que no lo van a hacer por ahora: nación, provincia y municipio, y esto corre por el Congreso de la Nación”, enfatizó.
La combinación de incertidumbre institucional, polarización política y expectativas sociales de resultados inmediatos ha generado un entorno donde la inversión privada se retrasa y la economía no logra estabilidad. Según Di Pace, los discursos gubernamentales que afirman que “lo peor ya pasó” o que “los salarios van a subir” no se reflejan en los indicadores económicos.
El resultado, concluyó, es que Argentina sigue sin un plan económico previsible en el tiempo, lo que impide atraer la inversión necesaria para restablecer los niveles de crecimiento y estabilidad que observan otros países de la región, según informó Infobae.
