Las grandes empresas de Estados Unidos están trasladando cada vez más a los consumidores el impacto de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, según una encuesta de KPMG realizada entre altos ejecutivos y difundida este lunes. El relevamiento, elaborado entre el 9 y el 24 de febrero, muestra que el 34% de las compañías ya traslada la mayor parte de esos costos a precios finales, mientras que el 55% prevé aumentos de al menos 15% en los próximos seis meses. El dato cobra relevancia en un contexto de incertidumbre regulatoria tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegales parte de esas medidas, pero no disipó las dudas sobre el rumbo de la política comercial.
El estudio, basado en respuestas de 300 ejecutivos de empresas con ingresos anuales superiores a los 1.000 millones de dólares, evidencia un cambio sostenido en la estrategia empresarial frente a los aranceles. En septiembre de 2025, solo el 21% de las compañías trasladaba la mayor parte de esos costos, mientras que en mayo de 2025 —poco después del anuncio inicial de la política arancelaria— el porcentaje era del 13%. La tendencia marca una clara aceleración en la transferencia de costos hacia el consumidor final.
Además, más de la mitad de los líderes empresariales encuestados anticipó nuevas subas de precios en el corto plazo. El 55% señaló que sus compañías aplicarán incrementos de al menos 15% en los próximos seis meses, en un intento por compensar el aumento de costos derivados de los aranceles y de un entorno comercial más volátil e incierto.
La encuesta también revela que el traslado de costos no se limita a los productos directamente afectados por los aranceles. Un 37% de los ejecutivos indicó que sus empresas aumentaron precios en bienes que no están alcanzados por esas medidas, mientras que el 19% reconoció haber aplicado subas por encima del costo de importación. Estos datos sugieren que las empresas están utilizando el contexto para recomponer márgenes o anticiparse a futuras disrupciones.
En términos de actividad, el impacto también se refleja en las ventas. El 82% de los encuestados reportó una caída en las exportaciones, mientras que el 61% informó una disminución en las ventas dentro del mercado doméstico. Estos resultados refuerzan la percepción de que la política arancelaria no solo afecta los precios, sino también la dinámica comercial global de las compañías.
Brian Higgins, director del sector de manufactura industrial de KPMG en Estados Unidos, sintetizó este escenario en un comunicado difundido por la consultora: “La carga de los aranceles ahora recae directamente sobre el consumidor. Si bien las empresas absorbieron el impacto inicial en sus márgenes, la gran mayoría está ahora reestructurando sus modelos de precios para un entorno comercial donde las presiones sobre los costos son la nueva constante”.
Incertidumbre tras el fallo judicial
El relevamiento se realizó antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el 20 de febrero una parte central del esquema arancelario impulsado por la administración Trump. El tribunal determinó que el presidente no tenía autoridad para imponer esos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que abrió un nuevo escenario de incertidumbre jurídica y económica para las empresas.
A pesar del fallo, el gobierno avanzó con la imposición de aranceles globales del 10%, aunque con un límite legal de 150 días. Además, el presidente prometió implementar nuevas medidas bajo otras normativas, lo que mantiene en vilo a los sectores productivos.
Según una encuesta de seguimiento realizada por KPMG tras la decisión judicial, el 50% de los ejecutivos manifestó tener baja confianza en la ejecución de los planes y en la estrategia de inversión de sus empresas. Este dato refleja que la incertidumbre regulatoria sigue siendo un factor clave en la toma de decisiones corporativas.
Expertos en comercio internacional ya habían advertido que ciertos sectores, especialmente los bienes de consumo minorista, podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse a cambios en los aranceles debido a la diversidad de productos y cadenas de suministro involucradas.
Reembolsos y dudas empresariales
El fallo de la Corte Suprema también abrió la posibilidad de que el gobierno deba devolver a los importadores los aranceles cobrados bajo el esquema declarado ilegal. En este sentido, el 62% de los ejecutivos encuestados afirmó esperar reembolsos, aunque solo el 28% indicó que planea solicitarlos activamente.
Entre quienes aún no definieron su postura o descartaron iniciar el proceso, muchos señalaron que los costos legales podrían superar los montos a recuperar. Esta situación plantea un dilema para las empresas, que deben evaluar si vale la pena iniciar reclamos en un contexto de alta incertidumbre.
La administración estadounidense aseguró ante la Justicia que implementará un sistema para facilitar la solicitud de reembolsos, luego de que un juez determinara que no podía obligar a las compañías a recurrir individualmente a los tribunales.
Sin embargo, aún no está claro cómo estos posibles reembolsos impactarán en la política de precios de las empresas ni si los consumidores podrían beneficiarse de alguna devolución indirecta. En paralelo, comenzaron a multiplicarse las demandas colectivas de consumidores que buscan recuperar los aumentos asociados a los aranceles.
Antecedentes y contexto político
La política arancelaria de Trump se consolidó como uno de los pilares de su estrategia económica desde abril de 2025, cuando anunció la imposición de aranceles generalizados a casi todos los países. Aunque su implementación plena se concretó en agosto, el impacto en los mercados y en las expectativas empresariales fue inmediato.
Las medidas generaron preocupación entre economistas y analistas, que advirtieron sobre su potencial efecto inflacionario y su impacto negativo en el comercio global. Estas advertencias parecen confirmarse en los resultados de la encuesta de KPMG, que muestran una combinación de mayores precios y menor actividad económica.
El esquema fue impugnado judicialmente por pequeñas empresas y fiscales generales estatales, lo que derivó en fallos adversos en tribunales inferiores y finalmente en la decisión de la Corte Suprema. Pese a ello, el presidente criticó duramente la resolución y aseguró que continuará utilizando otras herramientas legales para avanzar con su agenda comercial.
En el plano político, los aranceles también enfrentan resistencia. Encuestas recientes muestran que una mayoría de la población considera que estas medidas contribuyeron al aumento del costo de vida. Incluso entre votantes republicanos, el 64% coincide en que los aranceles encarecieron los precios.
Un escenario abierto
A medida que se redefine el marco legal de los aranceles en Estados Unidos, las empresas parecen haber tomado una decisión clara: trasladar los costos al consumidor para sostener su rentabilidad. Esta estrategia, sin embargo, podría tener efectos en la demanda, el consumo y la evolución de la inflación.
El futuro de la política comercial estadounidense sigue siendo incierto. Las definiciones que adopte el gobierno en los próximos meses —así como la respuesta de los mercados y de la Justicia— serán determinantes para evaluar el impacto de estas medidas en la economía global.
Según datos relevados por Forbes, el costo de los aranceles ya no se queda en las empresas: está llegando, cada vez con más fuerza, al bolsillo de los consumidores.
