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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que su provincia aceptó un adelanto de coparticipación otorgado por el Gobierno nacional, con una tasa del 15% anual, destinado a cubrir compromisos urgentes. La decisión se enmarca en un contexto de restricciones financieras provinciales y reclamos por fondos retenidos.
“El gobierno Nacional se comunicó conmigo por medio del ministerio del interior preguntado si aceptábamos un aporte de la Nación con un crédito del 15% interés anual que será retenido de la coparticipación después de 6 meses otorgado el crédito”, explicó el mandatario.
En ese sentido, remarcó: “Lo aceptamos sin condicionamientos y como un gesto de la Nación hacia la provincia debido a que la Nación retuvo muchos fondos a la provincia”.
La asistencia forma parte de un paquete dispuesto por el Gobierno nacional que contempla el envío de hasta 400.000 millones de pesos a doce provincias mediante adelantos de coparticipación. En el caso de La Rioja, los recursos estarán destinados a cubrir obligaciones inmediatas y sostener el funcionamiento del Estado.
El gobernador advirtió que la provincia atraviesa un escenario de “ahogo financiero”, similar al de otros distritos. “Al igual que muchas provincias tenemos un ahogo financiero por no poder cumplir con nuestros compromisos primarios en tiempo y forma y con la calidad prestacional de los servicios”, señaló.
Según detalló, la falta de transferencias impacta directamente en áreas sensibles. “Se deteriora la salud, educación, seguridad, la paralización de la obra pública es total salvo algunas obras que la provincia puede garantizar”, afirmó.
El mecanismo acordado implica que el crédito será descontado automáticamente de la coparticipación en un plazo de seis meses. Esto permite aliviar la caja en el corto plazo, aunque compromete ingresos futuros.
En paralelo, Quintela volvió a cuestionar la relación fiscal con la Nación y sostuvo que la provincia sufrió recortes que afectaron su capacidad de financiamiento. El reclamo por los fondos retenidos se mantiene como uno de los ejes del vínculo entre el gobierno provincial y la administración central.
En otro frente, el mandatario también se refirió al debate por la Ley de Glaciares en el Congreso. Si bien expresó una postura crítica hacia la norma, buscó marcar una posición intermedia respecto al desarrollo productivo.
“No vamos a atentar contra los glaciares en nuestra provincia”, aseguró, al tiempo que defendió la posibilidad de avanzar con una minería sustentable y controlada a nivel provincial.
El planteo refleja la tensión entre la necesidad de generar recursos económicos y la preservación ambiental, un debate que atraviesa a varias provincias con potencial minero.
El caso de La Rioja expone el escenario actual de las finanzas subnacionales en Argentina: dependencia de transferencias nacionales, presión sobre el gasto y necesidad de financiamiento de corto plazo para sostener servicios básicos.
