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A tres meses de haber asumido el control de Vicentin, el grupo encabezado por Mariano Grassi informó que ya desembolsó cerca de US$30 millones, reactivó la totalidad de la estructura industrial de la empresa y puso en marcha un esquema de pago para acreedores, en una etapa clave tras más de seis años de crisis desde el default de 2019.
El proceso de cambio comenzó el pasado 18 de diciembre, cuando el juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo de cramdown que permitió el ingreso del grupo Grassi al control de la compañía, desplazando a los antiguos accionistas vinculados a la familia Vicentin. Días después, el 26 de diciembre, se formalizó el traspaso accionario y se conformó un nuevo directorio. Desde entonces, la prioridad de la conducción fue restablecer el funcionamiento operativo y financiero de la empresa.
Según explicó Grassi, la firma logró poner en funcionamiento todas sus plantas industriales, que si bien nunca habían estado completamente paralizadas, operaban con niveles de actividad irregulares y con mantenimiento postergado. “Tenemos todas las plantas funcionando”, afirmó el empresario, al describir el primer objetivo alcanzado en esta etapa.
En paralelo, la compañía comenzó a destinar recursos propios tanto al mantenimiento como a la mejora de sus instalaciones. “Estamos invirtiendo un montón de plata”, sostuvo Grassi, quien estimó que alcanzar el máximo nivel de capacidad productiva demandará entre uno y dos años. Este proceso incluye trabajos técnicos, mejoras operativas y una planificación para estabilizar la producción.
En el plano industrial, uno de los focos principales está puesto en la planta de Ricardone, en el sur de Santa Fe, donde la actividad vinculada a la molienda de girasol muestra una evolución favorable. Según detalló el empresario, el volumen procesado se ubica actualmente entre 80.000 y 90.000 toneladas mensuales, impulsado por una buena campaña agrícola.
En tanto, en el complejo de San Lorenzo, la empresa comenzó a escalar su operación en soja. Allí funcionan dos líneas de molienda con capacidades de 10.000 y 6.000 toneladas diarias. “Hoy arrancó la segunda línea de 6000 toneladas”, precisó Grassi, en referencia al incremento reciente en la actividad.
Para sostener este nivel de producción, Vicentin implementó acuerdos estratégicos con grandes compañías del sector agroindustrial. En el caso de Ricardone, trabaja en conjunto con Bunge y Cargill en un esquema asociativo vinculado al procesamiento de girasol. “Es como que compartimos el negocio en girasol”, explicó.
Un modelo similar se replica en el segmento de soja. En San Lorenzo, la empresa también mantiene acuerdos con Cargill, bajo un esquema en el que la multinacional aporta la comercialización internacional y Vicentin su capacidad industrial. “Ellos nos aportan la comercialización y nosotros, a cambio, les damos parte de la capacidad de molienda”, detalló.
Uno de los casos más relevantes dentro de este esquema es el de Renova, la planta ubicada en Timbúes que Vicentin comparte con Viterra, actualmente controlada por Bunge. Con una capacidad de procesamiento cercana a las 35.000 toneladas diarias, se posiciona entre las más grandes del mundo. Allí, la operatoria también se distribuye mediante acuerdos comerciales.
En el frente financiero, la nueva gestión comenzó a avanzar en el pago a acreedores, uno de los aspectos más sensibles tras el default de 2019, que dejó una deuda superior a US$1500 millones. Según Grassi, cerca de 1000 acreedores ya recibieron algún tipo de pago en esta primera etapa, sobre un total aproximado de 1700.
El esquema incluye pagos en efectivo y un sistema vinculado a la entrega de granos. Con el inicio de la cosecha, se espera una mayor dinámica en este proceso. “Ahora empieza la cosecha y en abril empiezan a entregar un montón de acreedores que son los granarios”, explicó el empresario.
En ese modelo, los productores reciben el valor de mercado de la soja más un adicional. “Por cada tonelada de soja que entregan cobran el precio más 10 dólares”, indicó. Este mecanismo está diseñado para movilizar alrededor de 5 millones de toneladas anuales, lo que permitiría avanzar en la cancelación progresiva de la deuda.
En términos de desembolsos, Grassi detalló que unos US$20 millones corresponden a pagos vinculados al proceso de cramdown, mientras que entre US$12 y 15 millones se destinaron a cubrir deudas operativas acumuladas. En conjunto, el esfuerzo financiero inicial alcanza los US$30 millones en apenas tres meses.
Además de la reactivación productiva y el inicio de pagos, la empresa busca recomponer relaciones dentro del sector, tras años de tensiones durante el proceso concursal. En ese sentido, Grassi señaló que mantienen conversaciones con distintas compañías, incluidas aquellas que también habían presentado ofertas por Vicentin en la etapa final del proceso, como Molinos Agro y Louis Dreyfus Company.
“Estamos intentando arrimar posiciones, porque a nadie le sirve estar peleado”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el objetivo inmediato es normalizar vínculos comerciales más que avanzar en acuerdos conjuntos en el corto plazo.
En el plano laboral, la nueva gestión afirmó que no hubo despidos desde que asumió el control. Por el contrario, se inició un proceso de incorporación de personal y reorganización interna. “Estamos aumentando la cantidad de gente, no bajando”, aseguró Grassi.
El empresario explicó que la estructura de la compañía había quedado debilitada tras la crisis, con salida de empleados y contratación de personal temporario. En este contexto, se trabaja en la planificación de una estructura más estable, incluyendo la conformación de un nuevo equipo de trading, dado que la empresa había dejado de exportar.
Finalmente, respecto del frente judicial, que aún presenta apelaciones en trámite, Grassi minimizó el impacto potencial de esos procesos. Según planteó, revertir la situación actual implicaría un escenario crítico para la empresa.
“Que ahora un juez venga y diga que no somos los dueños implicaría llevar la empresa a la quiebra”, advirtió.
Con la entrada plena de la cosecha gruesa y el avance del plan de pagos, la nueva conducción considera que se abre una etapa decisiva para la recuperación de Vicentin, marcada por la necesidad de sostener la producción, recomponer la confianza del mercado y cumplir con los compromisos asumidos tras años de crisis, según consignó La Nación.
