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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Justicia en el que señaló presuntas irregularidades en el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía navegable del país. Según informó LA NACION, el documento fue entregado en los tribunales de Comodoro Py y advierte sobre un posible “direccionamiento” del procedimiento impulsado por el Gobierno nacional.
El informe lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez y fue presentado en la fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuan, mientras que la causa está bajo la órbita del juez Sebastián Casanello. El dictamen no solicita medidas concretas, pero pone a disposición de la fiscalía una serie de observaciones que podrían derivar en pedidos judiciales o cautelares.
Entre los principales cuestionamientos, la PIA remarcó presuntas deficiencias en los pliegos licitatorios, limitaciones para la participación de empresas y problemas vinculados con la evaluación ambiental del proyecto. Además, el organismo sostuvo que existen elementos que permiten advertir un “posible direccionamiento del proceso”.
Según informó LA NACION, la investigación se originó tras denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y una de las empresas participantes de la licitación abierta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en diciembre de 2025.
La PIA también cuestionó el acceso a la información pública ambiental durante la audiencia informativa. De acuerdo con el dictamen, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación presentó más de 9.000 páginas de documentación en un plazo reducido, lo que habría impedido una participación ciudadana “real y efectiva”.
Otro de los puntos observados fue la redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones previstas para una eventual cesión del contrato y las restricciones para que las compañías participen mediante Uniones Transitorias de Empresas (UTE). El organismo señaló además que varias de estas objeciones ya habían sido advertidas en procesos anteriores.
En el documento, la PIA sostuvo que “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, lo que podría derivar en “reproches administrativos y/o penales” sobre la futura adjudicación.
La fiscalía especializada también alertó por la falta de un “adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental” con intervención de la autoridad nacional competente en materia ambiental. Según el análisis presentado ante la Justicia, esa omisión no puede ser reemplazada únicamente con informes técnicos o planes de gestión ambiental.
Mientras tanto, el Gobierno nacional ratificó el avance del proceso de privatización de la vía navegable troncal. En un comunicado oficial, sostuvo que la licitación continúa “con apoyo multisectorial y sin impugnaciones” y confirmó que la próxima etapa será la apertura de las ofertas económicas.
La definición de la concesión enfrenta actualmente a dos grupos empresarios. Por un lado, el consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus. Por otro, la firma belga DEME junto a las estadounidenses Great Lakes, Clear Street y KKR.
La concesión de la Hidrovía es considerada estratégica para el comercio exterior argentino, ya que por esa vía circula gran parte de las exportaciones agroindustriales del país. La futura adjudicación contempla el control y mantenimiento del corredor fluvial durante los próximos 25 años.
