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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año vinculada a la Coparticipación Federal de Impuestos. El entendimiento establece que la administración central transferirá al Gobierno porteño una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos pendientes.
El acuerdo fue cerrado entre el Ministerio de Economía y el Gobierno de la Ciudad luego de varios meses de negociaciones políticas y técnicas. La medida busca normalizar la situación fiscal entre ambas administraciones tras las demoras registradas en las transferencias acordadas durante 2025.
La deuda corresponde a pagos vinculados al coeficiente de coparticipación del 1,55% reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo cautelar de fines de 2022.
En septiembre de 2024, el Gobierno nacional y la Ciudad habían firmado un primer acuerdo mediante el cual la Nación se comprometía a transferir semanalmente los fondos correspondientes a ese porcentaje adicional.
Sin embargo, a partir de julio del año pasado comenzaron a registrarse demoras en los pagos, lo que generó una acumulación de deuda que ahora será cancelada mediante bonos.
El nuevo entendimiento no incluye el reclamo histórico que mantiene la Ciudad por los fondos recortados durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Actualmente, el Gobierno porteño continúa reclamando cerca de 6.000 millones de dólares correspondientes a la reducción de recursos aplicada en 2020.
El conflicto por la coparticipación comenzó durante la pandemia, cuando el Gobierno nacional redujo mediante el Decreto 735/2020 el porcentaje de fondos coparticipables que recibía la Ciudad de Buenos Aires.
En ese momento, el coeficiente pasó del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, la Ley 27.606 redujo aún más la participación porteña hasta un 1,4%, más una suma fija destinada al financiamiento de Seguridad.
A fines de 2022, la Corte Suprema dictó una medida cautelar que ordenó restituir a la Ciudad el coeficiente equivalente al 1,55%, elevando el porcentaje total a 2,95%.
Pese al fallo judicial, durante el gobierno de Alberto Fernández no se cumplió plenamente con las transferencias establecidas por la Corte.
Tras la llegada de la nueva administración nacional, ambas partes alcanzaron un acuerdo operativo para regularizar los pagos mediante transferencias directas desde el Tesoro nacional, en reemplazo del mecanismo diario previsto originalmente a través del Banco Nación.
La normalización de la deuda había sido contemplada por el Gobierno de la Ciudad en el Presupuesto 2026, debido al impacto que las demoras tenían sobre las cuentas fiscales porteñas.
Con el nuevo acuerdo, la administración porteña busca estabilizar el flujo de fondos mientras continúa el reclamo judicial por la deuda histórica generada tras la quita de recursos dispuesta en 2020.
El conflicto por la coparticipación entre Nación y Ciudad se convirtió en uno de los principales debates fiscales e institucionales de los últimos años, con impacto directo sobre las finanzas públicas y la relación entre ambas jurisdicciones.
