El Senado comenzará esta semana el tratamiento de una reforma integral de la Ley de Biocombustibles, en un debate que podría redefinir el funcionamiento de una de las industrias más relevantes para las economías regionales argentinas. La discusión arrancará el próximo miércoles 3 de junio en el ámbito de las comisiones de Energía y Presupuesto, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, además de representantes de cámaras empresarias. El proyecto que aparece como principal referencia es el impulsado por la senadora Patricia Bullrich, respaldado por sectores de la industria que promueven una ampliación de los cortes obligatorios y una mayor apertura del mercado.
La iniciativa cobra relevancia en un contexto internacional marcado por la escalada del precio del petróleo, impulsada por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, situación que volvió a colocar a los combustibles renovables en el centro de la agenda energética. Al mismo tiempo, el sector reclama desde hace años una actualización normativa que aporte previsibilidad a las inversiones y permita acompañar la transición hacia matrices energéticas más sustentables.
El proyecto promovido por el oficialismo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, que en los últimos meses mantuvo reuniones con distintos actores de la cadena productiva para consensuar una propuesta. La iniciativa plantea aumentar gradualmente los porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles y avanzar hacia un esquema de comercialización más flexible.
En concreto, la propuesta eleva el corte obligatorio de biodiesel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año. Además, habilita a la autoridad de aplicación a incrementar esos porcentajes cuando las condiciones del mercado lo permitan. En los casos de mezclas superiores, se contempla la utilización de vehículos equipados con tecnología Flex Fuel, ampliamente utilizada en otros países productores de biocombustibles.
Otro de los puntos centrales es la creación de un sistema electrónico de comercialización destinado a transparentar las operaciones y favorecer la competencia entre productores. Desde el Gobierno sostienen que esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia del mercado y reducir distorsiones vinculadas a la asignación de cupos y a los mecanismos de formación de precios.
Sin embargo, el proyecto no será el único que se analizará durante el debate parlamentario. Existen otras cuatro iniciativas impulsadas por distintos bloques y representantes provinciales. Entre ellas se destacan las presentadas por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, junto a Carlos Espínola; por la tucumana Beatriz Ávila; por Flavia Royón; y por los legisladores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
La presencia de múltiples proyectos refleja la diversidad de intereses que conviven dentro de la industria. Mientras algunas provincias buscan acelerar la liberalización del mercado para potenciar la producción y las inversiones, otras procuran mantener mecanismos de protección para las pequeñas y medianas empresas que abastecen el mercado interno.
Un debate que también avanza en Diputados
La discusión sobre el futuro de los biocombustibles también comenzó a ganar espacio en la Cámara de Diputados. Allí, la legisladora Belén Avico, de La Libertad Avanza, defendió públicamente la necesidad de ampliar los porcentajes de mezcla obligatoria y permitir una mayor participación del mercado.
Según explicó durante una reunión informativa realizada en las comisiones de Comercio y de Pymes, el objetivo es ampliar la demanda de bioetanol y biodiesel mediante cortes más elevados y la posibilidad de mezclas superiores. Para la diputada, el sector cuenta con capacidad productiva suficiente para competir en condiciones de mercado y expandir su participación dentro de la matriz energética nacional.
En paralelo, otros legisladores impulsan posiciones más orientadas al consenso. El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, uno de los referentes históricos del sector en el Congreso, planteó la necesidad de alcanzar acuerdos amplios para evitar nuevas demoras legislativas.
De acuerdo con declaraciones reproducidas por el medio especializado Letra P, Gutiérrez sostuvo que la Argentina debe adaptarse con rapidez a los cambios globales en materia energética y aprovechar la oportunidad que representan los combustibles renovables para generar inversiones, empleo y valor agregado en el interior productivo.
Respaldo de los grandes productores
Entre las entidades empresarias que participaron de las discusiones preliminares, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se manifestó a favor de avanzar con una reforma en línea con la propuesta oficial.
Su presidente, Luis Zubizarreta, afirmó —según publicó Letra P— que resulta necesario abandonar los esquemas de regulación basados en cupos y precios administrados para dar paso a mecanismos de mercado donde compradores y vendedores puedan acordar libremente las condiciones comerciales.
Desde la entidad consideran que una mayor competencia contribuiría a mejorar la eficiencia productiva, incrementar las inversiones y favorecer una reducción de costos para los consumidores.
Una postura similar expresó la Cámara de Bioetanol de Maíz, que agrupa a las principales empresas productoras del país. Su representante, Patrick Adam, destacó que varios de los planteos realizados por el sector fueron incorporados al proyecto que se debatirá en el Senado.
Según explicó, el esquema propuesto no solo incrementaría el mercado regulado mediante cortes obligatorios más altos, sino que abriría un segmento adicional de demanda a través de mezclas libres superiores a los porcentajes mínimos establecidos por ley.
La preocupación de las pymes
No obstante, la reforma enfrenta una fuerte resistencia por parte de los productores pyme de biodiesel. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) considera que la iniciativa podría favorecer una mayor concentración económica y perjudicar a las pequeñas plantas ubicadas principalmente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Desde la entidad sostienen que la liberalización del mercado, sin mecanismos específicos de protección, podría acelerar la pérdida de participación de empresas regionales frente a grandes operadores con mayor capacidad financiera y logística.
Por ese motivo, anticiparon que presentarán propuestas alternativas durante el proceso legislativo para introducir modificaciones que garanticen condiciones de competencia más equilibradas.
La discusión que comenzará en el Senado aparece como una de las más relevantes para el futuro energético y productivo del país. Más allá de las diferencias entre los distintos actores, existe consenso respecto de la necesidad de actualizar una legislación que permita acompañar los desafíos de la transición energética, fortalecer las inversiones y consolidar el papel de los biocombustibles como una herramienta estratégica para el desarrollo de las economías regionales y la reducción de emisiones.
