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La discusión por una nueva legislación para los biocombustibles volvió a instalarse en el centro de la agenda energética nacional. Este miércoles, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomaron el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la actual Ley 27.640, con el objetivo de avanzar hacia un esquema regulatorio que contemple las necesidades de la industria, las pequeñas y medianas empresas, las petroleras y las economías regionales. La definición resulta estratégica para el futuro de la matriz energética argentina, el desarrollo industrial y la generación de empleo en distintas provincias productoras.
El encuentro se realizó en el Senado de la Nación y reunió a legisladores, especialistas y representantes de diversos sectores vinculados a la producción y comercialización de biocombustibles. Con seis iniciativas legislativas sobre la mesa, el oficialismo decidió continuar con la ronda de consultas para intentar construir un texto de consenso que permita emitir dictamen en las próximas semanas.
La jornada estuvo encabezada por Flavio Fama, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ambos coincidieron en la necesidad de escuchar a todos los actores involucrados antes de avanzar con una propuesta definitiva.
Uno de los expositores centrales fue Mauricio Alejandro Martín, director suplente de YPF y vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de la compañía. Durante su presentación sostuvo que la nueva ley tendrá un impacto determinante en la política energética de los próximos años y planteó la necesidad de corregir aspectos que, según su visión, limitan la eficiencia del sistema actual.
El ejecutivo señaló que el régimen vigente presenta distorsiones que afectan el funcionamiento del mercado y consideró necesario avanzar hacia un esquema que incentive la innovación tecnológica, la competitividad y la eficiencia productiva.
En ese marco, defendió la incorporación de las refinerías al desarrollo de biocombustibles avanzados y a los procesos de coprocesamiento, una tecnología que permite integrar materias primas renovables dentro de los procesos tradicionales de refinación.
Martín también planteó reparos sobre la posibilidad de elevar significativamente los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiésel en gasoil. Según explicó, incrementos superiores al 10% podrían generar dificultades técnicas señaladas por fabricantes de vehículos y demandar inversiones adicionales en infraestructura de distribución y expendio.
Además, expresó el respaldo de YPF a una de las iniciativas actualmente en análisis legislativo al considerar que ofrece un equilibrio entre los distintos sectores involucrados y permite avanzar en una transición energética gradual.
Entre las voces que reclamaron cambios profundos apareció la de Claudio Molina, especialista en energías renovables, quien cuestionó el funcionamiento de la normativa actual.
Durante su exposición sostuvo que la legislación vigente se alejó de los objetivos que impulsaron el desarrollo de los biocombustibles en Argentina durante las últimas dos décadas. Según planteó, existen amplios consensos en torno a la necesidad de actualizar el marco regulatorio para ampliar oportunidades y corregir restricciones que afectan la competencia.
Molina propuso incorporar modificaciones destinadas a evitar posiciones dominantes dentro del mercado, promover una mayor participación de actores provinciales y fortalecer los programas regionales de desarrollo energético.
También destacó la importancia de generar políticas de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno y otorguen previsibilidad a las inversiones, un aspecto que diferentes sectores consideran indispensable para expandir la capacidad productiva del país.
Uno de los planteos más firmes llegó desde las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
Tomás Lorda, vicepresidente de ENRESA, expresó su preocupación por algunos de los proyectos actualmente en discusión y advirtió que determinadas modificaciones podrían afectar la sustentabilidad económica de numerosas plantas instaladas en el interior del país.
Según explicó, el esquema vigente permitió el crecimiento de una red de PyMES orientadas principalmente al abastecimiento del mercado interno, mientras que los grandes jugadores del sector concentraron buena parte de su actividad en los mercados de exportación.
Desde esa perspectiva, reclamó que cualquier reforma preserve la participación de las empresas de menor escala y garantice reglas de juego estables para proteger inversiones realizadas durante los últimos años.
Entre sus propuestas figura elevar el porcentaje obligatorio de mezcla al 12% y establecer mecanismos que permitan competir en igualdad de condiciones según el tamaño y la capacidad productiva de cada empresa.
Otra de las posiciones relevantes fue la presentada por Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, quien propuso avanzar hacia una ampliación de los porcentajes de corte obligatorio tanto para el biodiésel como para el bioetanol.
Según señaló, incrementar gradualmente la participación de combustibles renovables permitiría fortalecer la seguridad energética nacional, reducir emisiones y generar nuevas oportunidades para las cadenas agroindustriales.
La propuesta contempla elevar inicialmente al 15% la mezcla de biodiésel en gasoil y de bioetanol en naftas, bajo un esquema de libre competencia que habilite la participación de todos los actores del mercado.
Para Marra, la expansión del uso de biocombustibles representa una oportunidad para agregar valor a la producción agrícola, diversificar la matriz energética y promover inversiones en distintas regiones del país.
El debate refleja la complejidad de una actividad donde convergen intereses industriales, energéticos, ambientales y productivos.
Durante la reunión también participaron representantes de la actividad forestal, empresas energéticas, cámaras empresarias, entidades agroindustriales y organizaciones vinculadas al comercio de combustibles.
Entre los expositores estuvieron Juan Ángel Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones; Juan Antonio Khouri, CEO de Dosbio; Federico Puciarello, CEO de Essential Energy Holding; Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario; además de representantes de FECRA y CECHA.
Las posiciones exhibidas durante la jornada dejaron en evidencia que aún existen diferencias importantes sobre aspectos centrales de la futura legislación, especialmente en torno a los niveles de corte obligatorio, el rol de las petroleras, la participación de las PyMES y los mecanismos para evitar concentraciones de mercado.
Sin embargo, todos los sectores coincidieron en la necesidad de contar con reglas claras que permitan impulsar inversiones y otorgar previsibilidad a una cadena considerada estratégica para el desarrollo productivo argentino.
Al cierre del encuentro, el senador Flavio Fama confirmó que el Senado continuará convocando especialistas y representantes de distintos sectores para enriquecer la discusión. El objetivo es acercar posiciones y construir un proyecto que reúna el mayor respaldo posible antes de llegar al recinto.
La definición de una nueva ley de biocombustibles aparece como uno de los debates energéticos más relevantes del año. El resultado de esa discusión no solo impactará en productores, industrias y empresas energéticas, sino también en el futuro de la transición hacia una matriz más diversificada y en el desarrollo de numerosas economías regionales vinculadas a la producción de materias primas para combustibles renovables.
