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La decisión del Gobierno nacional de derogar la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fue recibida con respaldo por parte de la industria semillera y organizaciones vinculadas a la innovación tecnológica. La medida, oficializada esta semana, elimina criterios que restringían la patentabilidad de determinados desarrollos biotecnológicos y, según el sector, permitirá fortalecer la propiedad intelectual, mejorar el clima de inversión y acercar a la Argentina a los estándares internacionales en la materia,segun información fue publicada por La Nación.
La resolución 197 del INPI dejó sin efecto una normativa vigente desde 2015 que, de acuerdo con el Gobierno y representantes del sector privado, incorporaba requisitos adicionales para evaluar solicitudes de patentes relacionadas con desarrollos biotecnológicos y materia viva, criterios que no estaban contemplados en la legislación nacional sobre patentes.
Desde hace varios años, distintas entidades de la cadena agroindustrial venían planteando la necesidad de revisar esa regulación al considerar que generaba obstáculos para la protección de innovaciones científicas y tecnológicas aplicadas a la producción agropecuaria.
Entre quienes celebraron la decisión se encuentra la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que sostuvo que la eliminación de la resolución representa un avance para fortalecer la seguridad jurídica y estimular nuevas inversiones en investigación y desarrollo.
El director ejecutivo de la entidad, Alfredo Paseyro, aseguró que la medida corrige una situación que, según la visión del sector, afectaba el desarrollo tecnológico. "La derogación de la resolución 283/15 del INPI fortalece la protección de los eventos biotecnológicos. Era una norma restrictiva sin sentido técnico", afirmó Paseyro, según declaraciones publicadas por La Nación.
El dirigente agregó que el reclamo llevaba más de una década de trabajo por parte de la entidad. "Desde ASA hace casi once años que veníamos trabajando para corregir y eliminar la resolución para volver al espíritu de la ley", sostuvo, de acuerdo con el mismo medio.
Desde la industria semillera consideran que contar con un sistema de propiedad intelectual más sólido resulta determinante para incentivar la inversión en mejoramiento genético, investigación aplicada y nuevas tecnologías destinadas al agro.
Según explicó Paseyro, las limitaciones existentes desalentaban el lanzamiento de innovaciones y reducían la previsibilidad para quienes desarrollan tecnología. "La limitación a los derechos de propiedad intelectual restringe el lanzamiento de nuevas tecnologías, resta previsibilidad a las inversiones y por último reduce la competitividad del agro argentino", expresó en declaraciones reproducidas por La Nación.
No obstante, el representante de ASA aclaró que la modificación normativa no implica cambios sobre la imposibilidad de patentar plantas o variedades vegetales, aspecto que continúa regulado por la legislación vigente.
"Mejora las patentes de los desarrollos biotecnológicos, que no son patentes de plantas o variedades", explicó, según publicó el diario.
La distinción es considerada relevante por el sector debido a que el debate sobre propiedad intelectual en el agro suele generar interpretaciones vinculadas a los derechos sobre semillas y variedades vegetales, cuestiones que continúan bajo marcos regulatorios específicos.
Al presentar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la derogación permitirá que la Argentina recupere criterios de patentabilidad alineados con los estándares internacionales.
De acuerdo con la posición oficial, la resolución eliminada había incorporado restricciones que excedían lo previsto en la legislación nacional sobre patentes, generando un escenario menos favorable para el desarrollo tecnológico y la llegada de nuevas innovaciones al país.
En los fundamentos de la resolución, el INPI señaló que la normativa de 2015 establecía requisitos adicionales para evaluar solicitudes vinculadas con desarrollos biotecnológicos, generando interpretaciones restrictivas que no surgían de la ley vigente.
Desde el Ejecutivo sostienen que la modificación contribuirá a facilitar la incorporación de tecnologías destinadas a mejorar la productividad agropecuaria y fortalecer la competitividad del sector.
La decisión también fue respaldada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), que consideró que la derogación contribuye a normalizar el marco regulatorio y fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo tecnológico.
En un comunicado, la entidad sostuvo que el cambio permitirá "realinear los criterios de patentabilidad con la legislación argentina y los estándares internacionales", además de recuperar previsibilidad y seguridad jurídica para estimular la inversión, la investigación y el desarrollo.
AmCham remarcó que la agroindustria constituye uno de los principales motores de la economía argentina y recordó que durante 2025 las cadenas agroindustriales generaron exportaciones superiores a los US$52.000 millones, además de superar las 115 millones de toneladas exportadas.
Para la entidad, una mayor protección de la innovación favorecerá la incorporación de tecnologías disponibles en otros mercados y permitirá mejorar la productividad, la sustentabilidad y la competitividad internacional del sector agropecuario.
Asimismo, reiteró su respaldo a la adhesión de la Argentina al sistema UPOV 91, al considerar que representa un paso relevante para fortalecer la protección de los desarrollos vegetales y consolidar un esquema de mayor seguridad jurídica para las inversiones.
La discusión sobre los mecanismos de protección de la innovación tecnológica en el agro argentino no es nueva. Durante los últimos años, empresas semilleras, desarrolladores biotecnológicos y organizaciones vinculadas a la investigación promovieron distintas iniciativas para actualizar el régimen de propiedad intelectual y adecuarlo a los estándares internacionales.
Uno de los principales argumentos del sector es que la falta de protección sobre determinadas innovaciones reduce los incentivos para invertir en investigación, especialmente en cultivos autógamos como la soja, donde históricamente existieron debates respecto del reconocimiento económico de las nuevas tecnologías.
Con la derogación de la resolución 283/2015, tanto el Gobierno como las entidades empresariales consideran que se abre una nueva etapa para el desarrollo de la biotecnología agrícola en la Argentina. El objetivo, sostienen, es generar un marco regulatorio que incentive la innovación, promueva nuevas inversiones y facilite la incorporación de avances científicos capaces de mejorar la competitividad del agro argentino en los mercados internacionales.
