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El gobierno de Uruguay presentó al Parlamento un proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que apunta a simplificar trámites, reducir cargas burocráticas, fomentar la competencia y estimular la innovación. La iniciativa, impulsada por la administración de Yamandú Orsi, busca atacar los obstáculos microeconómicos que limitan el crecimiento de una economía que logró estabilidad macroeconómica, pero mantiene un ritmo de expansión moderado.
La propuesta fue definida por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, como una “modesta pero importante reforma del Estado” y uno de los proyectos centrales de la actual gestión. El objetivo es mejorar la competitividad del país, reducir costos para empresas y consumidores y generar condiciones más favorables para la inversión y el desarrollo productivo.
Uruguay llega a este debate con indicadores macroeconómicos relativamente sólidos. La inflación se mantiene cerca del 4% anual y el país conserva su grado inversor. Sin embargo, el crecimiento económico promedio de la última década apenas superó el 1% anual, una cifra considerada insuficiente para elevar sostenidamente los niveles de productividad y bienestar.
La iniciativa legislativa parte de un diagnóstico claro: la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no alcanza por sí sola para impulsar una expansión económica más acelerada. Según el Poder Ejecutivo, los desafíos actuales se encuentran en la estructura microeconómica, donde persisten regulaciones, trámites y costos que afectan la actividad empresarial y el consumo.
Uno de los ejes principales del proyecto es la simplificación administrativa. La propuesta establece que los procedimientos de habilitación, autorización, registro, certificación y control deberán regirse por criterios de proporcionalidad, transparencia, previsibilidad, eficiencia y gestión basada en riesgos.
Además, se crea un programa destinado a identificar y eliminar obstáculos burocráticos considerados innecesarios. El proyecto también incorpora mecanismos para evitar la generación de nuevas cargas regulatorias, exigiendo que futuras normas sean acompañadas por evaluaciones de impacto y justificaciones técnicas.
Otro capítulo relevante está orientado a fortalecer la competencia económica. Entre las medidas incluidas figura la transformación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un organismo descentralizado con mayores capacidades de investigación y control.
La iniciativa también busca facilitar el ingreso de empresas al mercado mediante habilitaciones provisorias para determinados sectores vinculados a productos de salud, cosméticos, alimentos y dispositivos médicos.
En materia tributaria, propone esquemas de simplificación para micro y pequeñas empresas, mientras que en las compras públicas procura generar procesos más abiertos y competitivos.
La reforma incorpora además herramientas vinculadas a la innovación financiera. Entre ellas se destaca la posibilidad de que el Banco Central del Uruguay autorice entornos de prueba regulatorios o sandboxes para el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y financieras. También prevé la creación de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a los usuarios compartir información financiera con entidades autorizadas mediante consentimiento.
Otro aspecto del proyecto está enfocado en el consumidor. La iniciativa obliga a determinados comercios a exhibir junto al precio de venta el valor por unidad de medida, ya sea por kilo, litro o metro, con el objetivo de facilitar la comparación de precios y mejorar la transparencia en las compras.
La propuesta impulsada por el gobierno de Orsi representa uno de los intentos más ambiciosos de los últimos años para abordar problemas estructurales de competitividad en Uruguay. Más allá de las diferencias ideológicas, el proyecto ya comenzó a generar apoyos en distintos sectores políticos y económicos, al entender que la reducción de costos regulatorios y la mejora del clima de negocios son factores clave para acelerar el crecimiento de largo plazo.
