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Por: Vanina Pietragalla
Lic. en Economia y Administración Agrarias
La degradación de tierras implica la pérdida sostenida de la capacidad del suelo para brindar servicios ecosistémicos, como la producción de alimentos o la regulación hídrica. Este proceso, impulsado tanto por factores naturales como por presiones antrópicas, se ha intensificado en las últimas décadas. Actividades como la deforestación, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y el uso inadecuado del agua han acelerado la pérdida de diversas funciones y servicios ecosistémicos que nuestros suelos proveen, generando impactos acumulativos sobre la estabilidad de los ecosistemas y la productividad (CNULD, 2026; FAO, 2025).
A escala global, las cifras son contundentes, más de 1,56 billones de hectáreas están afectadas por procesos de degradación, cerca de 1,3 billones de personas están expuestas a sus impactos, y alrededor de 1,84 billones de personas enfrentan condiciones de sequía (UNCCD, 2026), siendo esta última un fenómeno “silencioso”, que amplifica los impactos económicos, sociales y ambientales. Sus consecuencias incluyen la reducción de la productividad agrícola, el deterioro de la biodiversidad y el aumento de la inseguridad alimentaria.
La degradación de tierras afecta directamente la seguridad alimentaria. Alrededor de 1,7 mil millones de personas viven en regiones donde los rendimientos disminuyen por degradación (FAO, 2025). Este fenómeno no solo reduce la productividad, sino que amplía las brechas sociales y económicas. La convergencia entre degradación, pobreza y malnutrición genera “puntos críticos” de alta vulnerabilidad.
Además, existe un riesgo sistémico asociado: la pérdida de productividad en tierras ya cultivadas impulsa la expansión agrícola hacia nuevas áreas, contribuyendo a la deforestación. De hecho, cerca del 90% de la deforestación global está vinculada a la expansión agrícola. La degradación no es solo un problema ambiental: es una amenaza estructural para el desarrollo sostenible, especialmente en regiones donde la economía depende fuertemente de los recursos naturales, como es el caso de nuestro país.
La matriz productiva de Argentina, fuertemente vinculada al sector agropecuario, la vuelve particularmente sensible a la degradación de tierras y a la variabilidad climática. Según el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), la degradación en el país es un proceso extendido que afecta distintos ecosistemas y regiones, entre sus principales manifestaciones se encuentran la erosión, la pérdida de fertilidad, la salinización y la reducción de la cobertura vegetal.
El Observatorio destaca que estos procesos están estrechamente vinculados a prácticas inadecuadas de uso del suelo, cambios en el uso de la tierra y condiciones climáticas cada vez más variables, especialmente en zonas áridas y semiáridas del país (1).
De esta manera, a través del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD, www.desertificacion.gob.ar), creado para monitorear, evaluar y diseñar estrategias de gestión sostenible, se han desarrollado diversas respuestas interinstitucionales, funcionando como una red federal con participación de organismos científicos y técnicos, incluyendo más de 180 integrantes y 24 sitios piloto distribuidos a lo largo y ancho del país.
Las experiencias muestran que la restauración es posible cuando se combinan prácticas de manejo sostenible con políticas adecuadas. Entre las principales prácticas de manejo sostenible de tierras (MST) se destacan:
Rotación de cultivos y uso de cultivos de cobertura.
Reducción de la labranza (siembra directa).
Restauración de ecosistemas degradados.
Restauración forestal y de pastizales.
Manejo integral del agua.
Estas acciones permiten reducir la erosión, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la resiliencia frente a sequías, además de contribuir a la mitigación del cambio climático.
Estas prácticas permiten mejorar la productividad y aumentar la resiliencia frente a sequías (FAO, 2025; UNCCD, 2023). Asimismo, la FAO indica que revertir solo el 10% de la degradación podría alimentar a 154 millones de personas adicionales, lo que resalta el potencial de estas medidas (FAO, 2025).
De esta manera, el avance hacia un manejo sostenible requiere un marco institucional sólido, con el cual Argentina ha contribuido ampliamente a través de:
Estrategias de lucha contra la desertificación.
Programas de restauración de tierras degradadas.
Iniciativas de manejo sostenible en sistemas productivos.
La degradación de tierras, la desertificación y la sequía constituyen un desafío global de enorme magnitud, con implicancias directas sobre la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la estabilidad social. Sin embargo, también representan una oportunidad. La transición hacia sistemas productivos sostenibles no solo permite detener y revertir los procesos de degradación, sino también mejorar la productividad, fortalecer la resiliencia y generar beneficios económicos y sociales.
En este contexto, la implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras y el fortalecimiento de los programas nacionales resultan fundamentales. La acción coordinada entre gobiernos, sector productivo, comunidad científica y sociedad civil será clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo que preserve la base natural sobre la cual se sustenta.
Tal como propone el lema de la UNCCD, “Restaurar la tierra es restaurar la esperanza”, una consigna que sintetiza la urgencia y, al mismo tiempo, el potencial transformador de las acciones necesarias para enfrentar este desafío.
CPIA ( Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica).
