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A pocos meses del inicio de una nueva temporada de mayor riesgo de incendios rurales y forestales, la Red de Manejo del Fuego Rural advirtió que Argentina continúa enfrentando importantes desafíos en materia de prevención y reclamó avanzar hacia una política integral que combine inversión, tecnología y coordinación entre los sectores público y privado. Según informó Bichos de Campo, la entidad sostiene que ampliar la cobertura de los sistemas de detección temprana y consolidar modelos de gestión compartida resulta clave para reducir el impacto económico, social y ambiental de los incendios que afectan periódicamente a distintas regiones del país.
El planteo surge luego de los incendios registrados durante el último verano en provincias como Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y La Pampa, donde miles de hectáreas de bosques, campos y áreas naturales resultaron afectadas por el avance del fuego.
Desde la organización consideran que el período previo al comienzo de la nueva temporada representa una oportunidad para fortalecer las tareas preventivas y evitar que nuevos focos se transformen en emergencias de gran magnitud.
Según expresaron en declaraciones difundidas por Bichos de Campo, la inversión en prevención continúa siendo significativamente menor que el costo económico y ambiental que generan los incendios una vez desatados.
"Cada año que pasa sin ampliar la cobertura es un año en que incendios evitables se convierten en catástrofes", señalaron desde la Red de Manejo del Fuego Rural.
Uno de los principales ejes del planteo se centra en la incorporación de tecnologías que permitan detectar los focos ígneos durante los primeros minutos de desarrollo.
Los especialistas destacan que reducir el tiempo entre el inicio del incendio y la intervención de los equipos de respuesta puede modificar significativamente el resultado de una emergencia.
Actualmente existen distintas herramientas capaces de cumplir esa función.
Entre ellas se encuentran los sistemas de monitoreo satelital y las redes de cámaras inteligentes equipadas con inteligencia artificial.
Cada una presenta ventajas y limitaciones.
El monitoreo satelital permite cubrir grandes extensiones territoriales sin costos operativos directos elevados y resulta especialmente útil para realizar un seguimiento general de áreas remotas.
Sin embargo, su capacidad de detección depende de la frecuencia con la que los satélites sobrevuelan una determinada región y puede verse afectada por condiciones meteorológicas que dificultan la observación.
Las cámaras inteligentes, por su parte, ofrecen una respuesta mucho más rápida.
Según la información difundida por la Red de Manejo del Fuego Rural, estos sistemas pueden emitir alertas entre tres y cinco minutos después de detectarse un foco, gracias a sensores de alta precisión y algoritmos de reconocimiento de humo y fuego.
El principal obstáculo radica en los elevados costos de instalación y mantenimiento.
La infraestructura necesaria incluye torres, redes de comunicación, suministro eléctrico y tareas permanentes de operación.
La organización sostiene que actualmente la utilización de estas tecnologías se concentra principalmente en zonas donde existen grandes empresas forestales capaces de financiar las inversiones.
Esa situación se observa especialmente en la Mesopotamia y el Delta del Paraná, regiones donde la actividad privada impulsó la incorporación de sistemas automatizados de vigilancia.
En cambio, amplias áreas del país continúan sin acceso a este tipo de herramientas.
Según advirtió la Red de Manejo del Fuego Rural, esta diferencia responde tanto a limitaciones presupuestarias como a la ausencia de mecanismos estables de financiamiento conjunto.
"Esto significa que vastas regiones del país carecen de sistemas automatizados simplemente porque no existe un actor privado con escala suficiente para financiarlos, o porque el Estado provincial o municipal no cuenta con el presupuesto para hacerlo por sí solo. La brecha de cobertura es, en definitiva, una brecha de financiamiento y de voluntades", señalaron desde la entidad, según publicó Bichos de Campo.
Frente a ese escenario, la organización propone fortalecer un modelo basado en la cooperación entre distintos actores.
La Red considera que los Consorcios de Manejo del Fuego constituyen actualmente la herramienta más eficiente para coordinar acciones de prevención y respuesta.
Estos espacios reúnen a productores, empresas, organismos públicos e instituciones locales con el objetivo de compartir infraestructura, intercambiar información y actuar de manera conjunta ante situaciones de emergencia.
En la actualidad existen experiencias de este tipo en Corrientes, Misiones, Buenos Aires y Entre Ríos, donde funcionan tanto consorcios como agrupaciones de colaboración empresaria vinculadas con la gestión del riesgo de incendios.
La articulación permite optimizar recursos disponibles en cada región.
Entre las acciones posibles se incluyen la utilización compartida de pistas de aterrizaje, reservorios de agua ubicados en establecimientos privados, maquinaria pesada y equipamiento especializado para el combate del fuego.
La coordinación también favorece la planificación preventiva y la elaboración de protocolos comunes de actuación.
Desde la Red sostienen que la política de manejo del fuego debe priorizar las acciones preventivas por encima de la respuesta una vez iniciado el incendio.
La inversión en monitoreo, infraestructura y planificación permitiría disminuir considerablemente la magnitud de los eventos extremos.
"El costo de instalar y operar una red de cámaras inteligentes es incomparablemente menor al impacto económico, social y ambiental de un incendio descontrolado", remarcaron desde la entidad.
En ese sentido, consideran necesario avanzar hacia un esquema de gobernanza que involucre de manera permanente a los distintos niveles del Estado, al sector productivo y a organizaciones de la sociedad civil.
"El llamado es concreto: gobiernos, empresas del sector productivo, organismos nacionales y actores de la sociedad civil deben sentarse en la misma mesa, acordar modelos de financiamiento compartido y asumir el compromiso de que ninguna región vulnerable quede desprotegida", expresaron.
Aunque gran parte de la infraestructura tecnológica se encuentra actualmente asociada a la actividad forestal, la problemática alcanza a múltiples actividades económicas y ecosistemas.
Los incendios afectan bosques nativos, plantaciones forestales, áreas ganaderas, infraestructura rural y reservas naturales, además de generar pérdidas ambientales difíciles de revertir.
La experiencia de los últimos años mostró que la intensidad de estos eventos exige respuestas cada vez más rápidas y coordinadas.
Por ese motivo, la Red de Manejo del Fuego Rural insiste en que la prevención debe transformarse en una política sostenida y no limitarse únicamente a las etapas de emergencia.
Con una nueva temporada de riesgo cada vez más cercana, la entidad considera que el tiempo disponible para ampliar la cobertura tecnológica, fortalecer los mecanismos de cooperación y mejorar la capacidad de respuesta comienza a reducirse. La planificación anticipada, la inversión en detección temprana y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado aparecen como los principales desafíos para disminuir el impacto de futuros incendios y proteger tanto la producción como los recursos naturales del país.
