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El Gobierno nacional puso en marcha un régimen transitorio de licencias destinado a los productores de semillas, plantines y esquejes de cannabis medicinal, con el objetivo de brindar un marco regulatorio provisorio a esa actividad mientras continúa demorada la implementación del sistema integral previsto por la Ley 27.669, sancionada hace cuatro años para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La medida, oficializada mediante la Resolución 41/2026 de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arricame), tendrá vigencia hasta marzo de 2027.
La información surge de la resolución publicada en el Boletín Oficial y fue difundida por Bichos de Campo, que destacó que el nuevo esquema representa una solución parcial para un segmento específico de la actividad, mientras el resto de la cadena productiva continúa esperando la reglamentación completa del régimen de licencias contemplado por la normativa nacional.
El nuevo mecanismo crea un "Régimen Especial de Adecuación para el otorgamiento de la licencia para actividades vinculadas a órganos de propagación de la especie Cannabis sativa L. con fines medicinales", una autorización excepcional destinada exclusivamente a quienes producen material vegetal utilizado para la reproducción de plantas.
En la práctica, el esquema busca evitar que los productores de semillas, esquejes y plantines queden sin respaldo legal mientras el sistema definitivo continúa en proceso de implementación.
La decisión de Arricame no implica la puesta en marcha del régimen general previsto por la ley, sino que constituye una medida de transición para una actividad puntual dentro de la cadena del cannabis medicinal.
Los beneficiarios podrán desarrollar tareas vinculadas a la multiplicación y obtención de órganos de propagación, accediendo a una licencia temporal válida hasta marzo de 2027.
Sin embargo, la resolución establece límites precisos sobre el alcance de esa autorización.
Quedan expresamente excluidas las actividades relacionadas con la obtención, elaboración, industrialización, almacenamiento, acopio, distribución y comercialización de productos derivados del cannabis, así como la venta de flores, biomasa floral, inflorescencias y sumidades floridas.
De esta manera, el nuevo régimen no habilita la producción comercial de derivados medicinales ni otras etapas industriales previstas dentro del marco regulatorio original.
La licencia especial permitirá únicamente producir el material necesario para la reproducción de plantas.
La normativa aclara que cualquier inflorescencia que pudiera generarse durante el proceso de multiplicación no podrá comercializarse, industrializarse ni utilizarse para otros fines productivos.
Por el contrario, ese material deberá ser destruido e inutilizado, ya que la autorización alcanza exclusivamente a la producción de órganos de propagación.
El objetivo oficial es separar claramente la actividad vinculada al desarrollo genético y la reproducción vegetal del resto de los eslabones industriales que todavía no cuentan con un régimen definitivo de habilitación.
La Ley 27.669, sancionada en 2022, creó un marco regulatorio integral para promover la producción, industrialización y comercialización del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en Argentina.
Sin embargo, su implementación viene desarrollándose de manera gradual y con distintos cambios administrativos.
Durante 2024 el Gobierno intentó disolver la Arricame, organismo creado para regular la actividad, aunque finalmente resolvió mantenerla bajo intervención.
Desde entonces, la estrategia oficial consistió en habilitar distintos segmentos del mercado mediante resoluciones específicas en lugar de implementar el régimen integral previsto originalmente.
A fines de 2024, por ejemplo, se aprobó un esquema de licencias destinado exclusivamente al cáñamo industrial no psicoactivo, que posteriormente fue articulado con el Instituto Nacional de Semillas (Inase) para el registro de cultivares.
Ahora, el foco está puesto en quienes producen semillas y plantines para cannabis medicinal.
Mientras este segmento obtiene un marco regulatorio provisorio, otros actores del sector continúan sin definiciones.
Empresas dedicadas a la elaboración de aceites medicinales, procesamiento de biomasa, industrialización, almacenamiento o comercialización siguen aguardando la implementación del régimen general de licencias.
La propia resolución reconoce que el sistema previsto por la ley "se encuentra en proceso de implementación progresiva", razón por la cual se consideró necesario crear este mecanismo transitorio.
Esta situación mantiene abiertas algunas de las principales demandas del sector, que desde hace varios años reclama reglas claras para desarrollar inversiones de largo plazo.
Argentina cuenta con condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, además de capacidades científicas y tecnológicas que posicionan al país como un potencial proveedor regional.
No obstante, distintos actores de la cadena sostienen que la demora en la implementación plena del régimen regulatorio limita el ingreso de nuevas inversiones y dificulta la consolidación de proyectos productivos.
La falta de un esquema integral también genera incertidumbre para empresas que ya realizaron inversiones en infraestructura, genética y desarrollo tecnológico.
En ese contexto, el nuevo registro constituye una herramienta para resolver parcialmente la situación de un grupo de productores, aunque deja pendiente la reglamentación del resto de las actividades contempladas por la ley.
Con la creación de este régimen especial, el Gobierno busca evitar la paralización de quienes producen material de propagación para cannabis medicinal. Sin embargo, la implementación fragmentada del marco regulatorio mantiene abiertas las expectativas de un sector que continúa esperando la puesta en marcha del sistema integral de licencias diseñado para impulsar el desarrollo completo de la industria en Argentina.
