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Argentina formalizó su pedido para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un bloque que concentra cerca del 15% del comercio mundial de bienes. La solicitud, presentada por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, inicia un proceso de negociación que, además de los beneficios comerciales, tendrá un fuerte impacto sobre la pesca, la sustentabilidad de los recursos marinos y la estrategia argentina respecto de Malvinas.
El CPTPP reúne a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, economías que representan un mercado de más de 500 millones de consumidores. Durante 2025, las exportaciones argentinas hacia esos países superaron los US$16.300 millones, con un saldo comercial positivo cercano a US$8.900 millones.
Más allá del acceso preferencial a esos mercados, el tratado establece un conjunto de normas vinculadas con la pesca sostenible, la trazabilidad, la captura legal, la administración de los recursos pesqueros y el control de los subsidios que puedan favorecer la sobrepesca.
Para Argentina, esto implica demostrar que sus productos provienen de un sistema de manejo sustentable respaldado por evidencia científica. El esquema vigente, basado en investigaciones del INIDEP, cuotas de captura, vedas, monitoreo satelital y controles de desembarque, constituye una base importante para cumplir con esas exigencias internacionales.
El acuerdo también incorpora disposiciones destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Este aspecto cobra especial relevancia en el Atlántico Sur, donde el control de los recursos pesqueros y la actividad de flotas extranjeras forman parte de una agenda permanente para las autoridades argentinas.
Otro de los puntos centrales es el tratamiento de los subsidios a la pesca. El CPTPP busca limitar aquellas ayudas estatales que puedan contribuir a la sobrepesca o beneficiar a embarcaciones vinculadas con actividades ilegales. En consecuencia, cualquier política de incentivo deberá demostrar que fortalece la competitividad sin incrementar la presión sobre especies vulnerables.
La incorporación del Reino Unido como miembro pleno del bloque también agrega un componente geopolítico. Si bien el tratado no se aplica automáticamente a las Islas Malvinas, existe un mecanismo que permite extender determinados beneficios a territorios bajo responsabilidad británica mediante acuerdos específicos entre los miembros.
Ese escenario mantiene abierta una cuestión sensible para Argentina, que sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Cualquier eventual extensión de beneficios comerciales hacia esos territorios podría generar nuevas discusiones diplomáticas dentro del proceso de adhesión.
Para la industria pesquera argentina, el ingreso al CPTPP representa una oportunidad para ampliar mercados de alto valor para productos como langostino, merluza, calamar y merluza negra, especialmente en Asia-Pacífico. Sin embargo, el acceso estará acompañado por mayores exigencias en materia de documentación, certificaciones ambientales, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales.
La negociación recién comienza y podría extenderse durante varios años. No obstante, el pedido de adhesión ya marca un cambio estratégico para la política comercial argentina, al vincular la apertura de nuevos mercados con compromisos crecientes en materia de sustentabilidad, administración pesquera y defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
