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La discusión sobre la propiedad intelectual en semillas volvió a ocupar un lugar central en la agenda del agro argentino. En un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), representantes del sector privado analizaron el impacto de las reglas vigentes sobre la innovación y el desarrollo tecnológico. En ese contexto, desde Bayer advirtieron que la falta de un marco jurídico que garantice la protección de las nuevas variedades y desarrollos biotecnológicos desalienta inversiones y limita el ingreso de tecnologías de última generación al país,informo La Nación.
El debate se produce mientras Argentina analiza su posible adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y continúa la discusión sobre una eventual incorporación al convenio UPOV 91, un régimen internacional que fortalece los derechos de propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales.
Durante la jornada organizada por AmCham, Gonzalo Rovira, responsable del área de Propiedad Intelectual y Licencias para América Latina de Bayer e integrante del comité de propiedad intelectual de la entidad, sostuvo que la previsibilidad jurídica constituye un factor determinante para que las empresas decidan lanzar nuevas tecnologías en determinados mercados.
Según publicó La Nación, el ejecutivo afirmó: "Cuando una empresa tiene trabas para poder lanzar un desarrollo en el mercado de manera segura, se decide no avanzar", al referirse a las dificultades que enfrentan las compañías para proteger sus innovaciones en la Argentina.
Rovira explicó que esa situación tuvo consecuencias concretas para el desarrollo de nuevos eventos biotecnológicos en soja. De acuerdo con su exposición, determinadas tecnologías de última generación no llegaron al mercado argentino debido a las condiciones regulatorias existentes, mientras que sí fueron comercializadas en países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay.
Para el representante de Bayer, esa diferencia termina afectando directamente a los productores, que ven limitado el acceso a herramientas capaces de mejorar la productividad y reducir costos de producción.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al denominado uso propio de semillas, una práctica contemplada por la actual Ley de Semillas, sancionada en 1973.
La legislación vigente permite que los productores conserven parte de la producción obtenida para utilizarla como semilla en la campaña siguiente sin necesidad de volver a pagar regalías por la tecnología incorporada.
Ese mecanismo es uno de los aspectos que podría modificarse si el país avanzara hacia una adhesión a UPOV 91, ya que ese convenio amplía los derechos de los obtentores vegetales y establece mayores mecanismos de protección para quienes desarrollan nuevas variedades.
Durante su presentación, Rovira utilizó una comparación para explicar la posición de la industria respecto del sistema actual.
Según consignó La Nación, el ejecutivo sostuvo que constituye un problema "si quiere tener acceso a la última tecnología, pero quiere pagar solamente por la primera bolsa de semillas y después hacer una la fotocopia", en referencia a la reutilización de semillas por parte de algunos productores.
Desde la industria argumentan que la posibilidad de recuperar la inversión mediante el cobro de regalías resulta indispensable para sostener los elevados costos que demanda la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas.
Durante el encuentro también se expusieron cifras vinculadas al proceso de innovación dentro del sector biotecnológico.
Rovira indicó que, de aproximadamente 5.000 moléculas que ingresan a la etapa inicial de investigación, apenas una logra convertirse en un producto comercial.
Además, explicó que el desarrollo completo puede demandar entre 10 y 15 años y requiere inversiones superiores a 2.000 millones de dólares.
En ese marco, sostuvo que la protección de la propiedad intelectual constituye una herramienta necesaria para recuperar las inversiones y generar incentivos para continuar desarrollando nuevas tecnologías.
Si bien ejemplificó el proceso con el desarrollo de productos farmacéuticos, señaló que la lógica resulta similar en el caso de la investigación aplicada a la agricultura y a la obtención de nuevas variedades vegetales.
Durante la jornada también se analizaron experiencias de otros países de la región.
Rovira destacó el funcionamiento de Embrapa, la empresa brasileña de investigación agropecuaria, a la que definió como una institución comparable al INTA argentino.
Según explicó, la adhesión de Brasil al sistema internacional de patentes facilitó la articulación entre organismos públicos de investigación y empresas privadas para impulsar nuevos desarrollos tecnológicos.
El ejecutivo señaló que esa interacción permitió fortalecer los procesos de innovación y generar nuevas fuentes de financiamiento para proyectos biotecnológicos.
En ese sentido, sostuvo que una eventual adhesión de Argentina a UPOV 91 también permitiría que desarrollos generados por organismos públicos como el INTA reciban un mayor reconocimiento en materia de propiedad intelectual.
Sin embargo, la posibilidad de modificar el esquema vigente genera posiciones contrapuestas dentro del sector agropecuario.
Entre las entidades que expresaron reparos se encuentra la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
La organización considera que Argentina necesita reglas previsibles para fortalecer la innovación y garantizar mecanismos eficientes de protección de la propiedad intelectual, pero sostiene que la adhesión a UPOV 91 no constituye la solución adecuada para la realidad productiva del país.
En un comunicado reciente citado por La Nación, Carbap señaló que el convenio internacional restringe el uso propio de semillas, amplía los derechos de los obtentores y modifica el equilibrio histórico entre quienes desarrollan tecnología y quienes la incorporan a sus sistemas productivos.
Desde la entidad afirman que el principal desafío consiste en construir un sistema consensuado que permita remunerar la innovación sin afectar las condiciones de producción de los agricultores.
La discusión sobre propiedad intelectual también alcanza al plano legislativo.
Actualmente, Argentina aún no integra el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque la iniciativa para avanzar con la adhesión comenzó a analizarse en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, las empresas que buscan proteger sus desarrollos tecnológicos deben iniciar procedimientos independientes en cada uno de los países donde pretenden registrar sus innovaciones, un esquema que incrementa costos y complejiza los procesos administrativos.
Con la posible incorporación al PCT y el debate abierto sobre una nueva legislación en materia de semillas, el país enfrenta una discusión que excede el plano jurídico. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación, el estímulo a la inversión privada y el mantenimiento de condiciones que permitan sostener la competitividad de la producción agropecuaria argentina.
