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El Gobierno nacional eliminó el Registro de Operadores Lácteos, una medida que alcanza a 468 empresas del sector y que forma parte del proceso de simplificación administrativa que impulsa para distintas actividades agroindustriales. La decisión fue oficializada este 6 de julio mediante la Resolución N.º 103/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), que excluye definitivamente a la actividad láctea del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL). Según informó TN, el Ejecutivo consideró que el registro había perdido utilidad como herramienta de fiscalización comercial y representaba una carga administrativa para las empresas.
La medida se suma a otras iniciativas orientadas a reducir la cantidad de trámites obligatorios para el sector agropecuario y forma parte del plan oficial de reorganización de los sistemas de información y control comercial.
La Resolución N.º 103/2026 deja sin efecto la obligación de inscripción para las empresas de la cadena láctea dentro del SIOCAL.
Al momento de su eliminación, el padrón reunía 468 operadores, entre usinas lácteas, industrias, cooperativas y firmas dedicadas a la comercialización de productos lácteos.
De acuerdo con la fundamentación oficial, el registro ya no cumplía una función efectiva para supervisar la actividad comercial y únicamente generaba obligaciones administrativas para el sector privado.
Según consignó TN, desde la Secretaría de Agricultura señalaron que el sistema constituía "una carga administrativa inconducente, carente de utilidad real para la fiscalización comercial".
Fuentes oficiales también sostuvieron que el padrón se había transformado en un mecanismo que demandaba recursos tanto al Estado como a las empresas sin traducirse en mejores capacidades de control.
En ese sentido, indicaron que el esquema obligaba a mantener procedimientos burocráticos que no aportaban herramientas concretas para intervenir sobre eventuales irregularidades comerciales.
Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la eliminación del registro es que la actividad láctea presenta un marco regulatorio distinto al de otras cadenas agropecuarias.
Mientras sectores como el de granos o ganados cuentan con normas específicas que otorgan facultades de fiscalización y sanción a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), la actividad láctea no dispone de una legislación equivalente.
Como consecuencia, el Registro de Operadores Lácteos funcionaba principalmente como una base de datos administrativa, pero sin capacidad legal para ejercer controles o aplicar sanciones frente a incumplimientos.
Esta situación, según la evaluación oficial, limitaba el valor práctico del sistema y justificaba su eliminación.
Desde el sector privado, la decisión es interpretada como una reducción de los costos asociados a la gestión administrativa.
La eliminación del registro implica que las empresas ya no deberán realizar trámites vinculados a la inscripción, actualización o mantenimiento de datos dentro del SIOCAL.
Si bien la medida no modifica las obligaciones fiscales, sanitarias o comerciales vigentes, sí reduce una instancia administrativa que el Gobierno considera redundante.
Antes de la supresión definitiva del registro, la actividad ya había experimentado una simplificación parcial.
Según recordó TN, las categorías obligatorias de inscripción para empresas lácteas habían sido reducidas de 13 a solo 2, como parte del mismo proceso de revisión normativa.
La nueva resolución completa ahora esa reforma eliminando por completo el régimen específico para el sector.
La decisión también responde al objetivo oficial de reasignar recursos dentro de la administración pública.
Al desaparecer el registro, el Estado dejará de destinar personal técnico y presupuesto al mantenimiento de un sistema que, de acuerdo con el análisis realizado por las autoridades, no contaba con herramientas suficientes para ejercer un control efectivo sobre la actividad comercial.
La intención es concentrar los esfuerzos en mecanismos considerados más eficientes y compatibles con las necesidades actuales del comercio agroindustrial.
En esa línea, el Gobierno sostiene que la simplificación administrativa permitirá optimizar la gestión pública y reducir costos tanto para el Estado como para las empresas.
La eliminación del Registro de Operadores Lácteos forma parte de una política más amplia de revisión de normas y registros vinculados al sector agropecuario.
En los últimos meses, la administración nacional avanzó con modificaciones en distintos sistemas de control comercial.
Entre ellas se encuentra la eliminación del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y la reorganización de diversos procedimientos bajo otros esquemas de información, como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para determinadas actividades.
El objetivo oficial es avanzar hacia plataformas unificadas, con menos superposición de requisitos y mayor integración de la información disponible.
Desde el Gobierno sostienen que la simplificación normativa busca generar un entorno más competitivo para los distintos eslabones de las cadenas agroindustriales, reduciendo tiempos administrativos y eliminando obligaciones que consideran innecesarias.
La actividad láctea atraviesa desde hace años un escenario marcado por desafíos productivos, costos crecientes y necesidad de mejorar su competitividad.
En ese contexto, las autoridades consideran que la eliminación de trámites administrativos puede contribuir a facilitar el funcionamiento de empresas, cooperativas e industrias sin afectar los mecanismos esenciales de control.
La medida no modifica las regulaciones vinculadas con la inocuidad alimentaria, los controles sanitarios ni las obligaciones tributarias, que continuarán bajo la órbita de los organismos competentes.
Según publicó TN, el Ejecutivo anticipó que continuará revisando la normativa vigente con el propósito de avanzar en un esquema regulatorio más simple y adaptado a las necesidades actuales del sector agroindustrial.
Con esta resolución, la cadena láctea deja de integrar uno de los registros históricos del sistema de control comercial y se incorpora al proceso de desburocratización que el Gobierno impulsa para distintas actividades productivas, con el argumento de reducir costos administrativos y concentrar los recursos estatales en mecanismos de fiscalización que cuenten con respaldo legal y mayor capacidad operativa.
