Claudio Molina: “El proyecto de las petroleras en el Senado destruye el mercado del biodiésel”

El sector agroindustrial y energético nacional atraviesa un momento de máxima tensión y se encuentra ante una encrucijada histórica frente al debate por la reforma de la ley de biocombustibles (Ley 27.640). Mientras el Senado acelera la discusión legislativa sobre una iniciativa que promete modificar los porcentajes de corte obligatorio y desregular fuertemente el mercado interno, las alarmas se encienden en las cadenas agroindustriales debido al impacto directo que el proyecto oficialista podría tener sobre la producción de granos, aceites y derivados.

En una pormenorizada entrevista con El Post Energético, el contador y analista de bioenergías Claudio Molina alertó sobre los puntos más críticos de la propuesta que hoy lidera la agenda parlamentaria. La iniciativa, firmada por la senadora Patricia Bullrich junto a otros legisladores, responde prácticamente en su totalidad a los lineamientos trazados por la Secretaría de Energía de la Nación, bajo la órbita de funcionarios como Daniel González, y cuenta con el respaldo estratégico de las grandes empresas refinadoras de petróleo.

El estado actual del sector y la urgencia por modificar la Ley 27.640

El sector de los biocombustibles transita un período de marcadas tensiones debido a que el esquema actual de formación de la oferta para el mercado interno va a cambiar de forma inminente, según explicó Molina. La Ley 27.640 fue sancionada con errores estructurales que exigen un tratamiento y una modificación rápida para dar previsibilidad a las inversiones futuras. Si bien la normativa vigente le otorga a la Secretaría de Energía la facultad de elevar los porcentajes de mezcla, la industria reclama incrementar formalmente el corte obligatorio para superar la inercia regulatoria y los incumplimientos históricos registrados en determinados segmentos.

Bioetanol: alto consenso, competitividad frente a la nafta y cumplimiento

En el segmento del bioetanol —vinculado fuertemente a las cadenas sucroalcoholera y maicera— existe un grado muy elevado de acuerdo entre todos los actores involucrados. Las refinerías de petróleo ven al producto con buenos ojos porque aporta octanos a bajo costo, logrando que el objetivo sea elevar el contenido al 15% en las naftas mediante la formalización de un corte que ya cuenta con un 12% obligatorio y un 3% optativo. Tal como señaló el especialista, este cumplimiento ha sido históricamente alto, al punto que empresas como YPF se encuentran operando por encima del 14% gracias a compras voluntarias, demostrando una excelente integración económica y técnica con los combustibles fósiles tradicionales.

Biodiésel, poder calorífico y el debate sobre las externalidades sanitarias

A diferencia del bioetanol, el mercado del biodiésel enfrenta un escenario complejo atravesado por la resistencia de los refinadores a utilizar el biocombustible y la falta de actualización en los precios por parte del Estado. Desde una perspectiva técnica, el poder calorífico del biodiésel es un 9% inferior al del gasoil convencional y resulta más costoso en términos nominales, lo que exige computar las externalidades positivas vinculadas con la protección del medio ambiente y la salud pública. En este sentido, Molina recordó que el gasoil fue clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del grupo 1, advirtiendo que la exposición a sus emisiones puede provocar cáncer de pulmón y vejiga, por lo que el Estado debería ser mucho más riguroso e impulsar su reemplazo masivo.

El peligro del gasoil coprocesado y las fallas del proyecto de Patricia Bullrich

El núcleo de la discordia radica en que el proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich —alineado en un 100% con los requerimientos de la Secretaría de Energía y avalado por el viceministro Daniel González— plantea un corte teórico de biodiésel del 7,5% que en la práctica se ve amenazado. La iniciativa otorga a las petroleras la posibilidad de incorporar progresivamente hasta un 3% de gasoil coprocesado, lo que podría reducir la mezcla efectiva real al 7% al computar un producto que, si bien contiene materia biológica, también genera sustancias nocivas como la acroleína. Asimismo, el especialista cuestionó que el texto introduce definiciones ambiguas al incluir combustibles sintéticos no biológicos y plásticos reciclados bajo el paraguas de los biocombustibles, favoreciendo una visión sesgada propia de las refinerías.

Desregulación, asimetrías de las pymes y la inconstitucionalidad del mercado

Otro de los flancos más cuestionados del proyecto es la apertura y desregulación del mercado sin contemplar las profundas asimetrías existentes entre los distintos actores. Actualmente, la ley prohíbe tanto a los grandes crushers (industrias aceiteras radicadas en la ribera del Paraná) como a las petroleras abastecer directamente el mercado interno de biocombustibles, una restricción considerada inconstitucional por violar garantías de la Constitución Nacional como la igualdad ante la ley y el derecho a ejercer una industria lícita (artículos 14 y 16). Al respecto, Molina aclaró declaraciones previas de referentes del sector como Marcos Bulgheroni realizadas en localidades santafesinas como San Agustín, señalando que las restricciones vigentes limitan el mercado interno pero permiten la exportación.

Permitir que los grandes productores compitan directamente con las empresas no integradas y pymes sin un esquema de transición justo equivaldría, según el analista, a "poner a competir en una misma pista a un auto de Fórmula 1 con uno de Fórmula 4", condenando a la quiebra a plantas distribuidas en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.