América Latina enfrenta una brecha de USD 630.000 millones en inversiones de transporte y necesita destinar cada año alrededor del 1,3% de su PBI regional para reducir ese déficit, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el LAC Transport Forum 2026 realizado en Miami. El encuentro reunió a representantes de 17 países y empresas para impulsar nuevos proyectos de infraestructura, según informó Infobae.
El diagnóstico del organismo apunta a uno de los principales desafíos para el desarrollo regional: ampliar y modernizar carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de movilidad urbana en un contexto de restricciones fiscales.
Durante el foro se presentaron más de 110 proyectos de transporte por un valor superior a USD 65.000 millones, con perspectivas de licitación durante los próximos 18 meses.
Entre los países participantes estuvieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.
El BID considera que mejorar la planificación y ejecución de las obras permitiría obtener un mayor impacto sin necesariamente elevar los recursos comprometidos.
“Buscando proyectos más sostenibles, más eficientes y más competitivos, estimamos que podemos aumentar hasta el 35% los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo, que es fundamental dada la restricción fiscal que todos los países de la región tienen”, explicó Goldfajn.

Tomás Serebrisky, gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID, indicó que la cartera presentada contempla proyectos de distinta escala. Además de carreteras, puertos y aeropuertos, incluye líneas de metro, trenes suburbanos, servicios ferroviarios de pasajeros y movilidad urbana.
El organismo también puso el foco en las condiciones necesarias para atraer capital privado. Entre los principales obstáculos aparecen los tiempos requeridos para obtener permisos y avanzar con los procesos de contratación pública.
“A veces les lleva mucho tiempo conseguir los permisos, las licitaciones llevan mucho tiempo”, indicó Goldfajn al describir algunas de las inquietudes planteadas por las empresas.
El presidente del BID agregó que en determinados procesos los inversores “a veces no sienten que hay competición” o “a veces piensan que hay conflicto de interés”.
Frente a esas dificultades, el Grupo BID presentó Transport Delivers, una plataforma regional destinada a “mejorar la calidad, la transparencia y la competitividad de los procesos de inversión”.
La iniciativa incorporará reformas del programa Procure+ en proyectos de infraestructura y buscará mejorar los procedimientos utilizados para desarrollar y contratar las obras.
Goldfajn sostuvo que los gobiernos deben ofrecer “todas las condiciones para invertir”, con “reglas claras y buenas y procesos licitatorios transparentes”. El organismo también propone priorizar proyectos sostenibles y evaluar su impacto en el mediano y largo plazo.
La participación privada aparece como un componente central para avanzar sobre una brecha de infraestructura que supera ampliamente la capacidad de financiamiento de los gobiernos de la región.

El encuentro también funcionó como espacio de vinculación entre proyectos latinoamericanos e inversores internacionales. El BID organizó el foro junto con la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y presentó además a Marc Lopes como responsable de su nueva oficina en Miami.
“Lo hacemos acá en Miami porque pensamos que Miami es un centro que nos facilita el papel de puente entre la región y los inversionistas y por eso inauguramos nuestra oficina acá”, explicó Goldfajn.
El desafío planteado por el organismo no consiste únicamente en incrementar el volumen de recursos destinados al transporte. El BID busca que la inversión también avance sobre eficiencia, transparencia, sostenibilidad y competitividad, con proyectos capaces de mejorar la conectividad y reducir costos para las economías latinoamericanas.
La estimación de una brecha de USD 630.000 millones dimensiona la necesidad de infraestructura que enfrenta la región. Al mismo tiempo, la cartera superior a USD 65.000 millones presentada en Miami muestra el volumen de proyectos que podrían comenzar a movilizar inversiones durante los próximos 18 meses.