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El 6 de octubre de 2026, el medio Bichos de Campo dio a conocer que el Gobierno nacional oficializó la extensión de la intervención sobre la agencia encargada de regular y fiscalizar la producción de cáñamo industrial y medicinal en el país. La medida quedó formalizada a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial, modificando los plazos iniciales previstos para la normalización institucional del organismo encargado de regir esta cadena productiva emergente.
La normativa establece la continuidad transitoria de la conducción interventora para ordenar los procedimientos administrativos y consolidar las bases normativas destinadas a los inversores y productores inscriptos en el sistema. Desde el sector empresario y los emprendedores vinculados a las economías regionales se aguardaban definiciones sobre el esquema definitivo de gobernanza para agilizar los permisos de importación de semillas, ensayos agronómicos y habilitaciones comerciales de derivados medicinales y fibras textiles.
Los analistas institucionales recordaron que la actividad cuenta con un marco legal específico sancionado en años anteriores, pero su implementación operativa ha sufrido demoras administrativas y reestructuraciones de carácter político. La continuidad de la intervención busca dar certidumbre jurídica mientras se evalúan las estructuras definitivas de control y fiscalización estatal sobre toda la cadena de valor del cáñamo.
