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Productores tabacaleros de Misiones, Jujuy, Tucumán, Corrientes y Salta anunciaron que se presentarían en Buenos Aires el 14 de octubre de 2026 para llevar sus reclamos ante integrantes del Congreso de la Nación y autoridades de la Secretaría de Agricultura. El planteo apunta a presuntas irregularidades en la comercialización del tabaco y en la distribución de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).
Las denuncias, difundidas por Bichos de Campo el 13 de octubre, incluyen posibles maniobras de sobrefacturación y registros de volúmenes de producción que, según los reclamantes, no se corresponderían con la actividad real. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y cuya veracidad no puede darse por acreditada sin una verificación oficial.
El FET fue establecido por la Ley 19.800 y se financia principalmente mediante un gravamen del 7% aplicado sobre el precio de venta de los paquetes de cigarrillos, además de otros recursos previstos por la normativa.
De acuerdo con la legislación, el 80% de los fondos se destina prioritariamente a complementar el precio que reciben los productores por el tabaco comercializado. El 20% restante se utiliza para financiar planes y proyectos en las regiones tabacaleras.
Uno de los cuestionamientos de los productores se relaciona con los volúmenes declarados, ya que la distribución de los recursos entre las provincias considera el valor de la producción informada.
Maximiliano Hoff, productor de Misiones e integrante de la delegación, sostuvo ante Bichos de Campo que existen casos en los que un mismo volumen de tabaco habría sido facturado más de una vez. También afirmó que, para la campaña 2025/26, mientras la producción real habría sido de 80 millones de kilos, en los registros figurarían más de 120 millones.
Esas cifras forman parte de las denuncias de los productores y requieren comprobación documental y administrativa.
Pablo Sánchez, productor de Jujuy, planteó que las presuntas irregularidades afectarían los ingresos de quienes producen y entregan tabaco efectivamente. Según su testimonio, algunos registros de venta consignarían cantidades superiores a las entregadas.
El productor también cuestionó los mecanismos de control para acreditar que quienes reciben recursos del FET sean productores activos. Señaló que las inscripciones requieren información sobre la superficie implantada, las fechas de plantación y la situación tributaria, pero reclamó verificaciones más rigurosas.
De acuerdo con Sánchez, la situación reduce los márgenes de los productores y dificulta la compra de semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios para sostener la actividad.
El reclamo también incluye el ingreso de cigarrillos de contrabando desde países de la región. Sánchez afirmó que esa mercadería no tributa al FET y que, a su entender, afecta los recursos que perciben los tabacaleros argentinos.
Desde Tucumán, Simón Lobo calificó la situación denunciada como “una estafa hacia el FET y hacia el productor genuino que trabaja”. La expresión corresponde a su valoración sobre los hechos señalados por el sector.
Según el petitorio que la delegación anunció que presentaría ante las autoridades, los principales pedidos incluyen:
Actualizar y fortalecer los controles sobre la aplicación de la Ley 19.800 y el funcionamiento de la Coordinación Nacional del Tabaco.
Investigar la posible utilización de documentación con volúmenes de producción inexistentes.
Revisar los procedimientos de rendición de cuentas y el destino de los recursos distribuidos durante los últimos años.
Implementar mecanismos para verificar que los kilos declarados correspondan a producción real.
Mejorar la oportunidad y la transparencia en la transferencia de recursos, especialmente los correspondientes a los Planes Operativos Anuales.
Los productores también señalaron que en Misiones se habría presentado una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen posibles maniobras vinculadas con el cobro de fondos por producción inexistente. La existencia de una denuncia no implica que los hechos hayan sido probados ni que exista una resolución judicial.
El planteo coloca bajo discusión los mecanismos de control del Fondo Especial del Tabaco y la transparencia en la distribución de sus recursos. La respuesta de los organismos competentes y los resultados de eventuales investigaciones serán determinantes para establecer si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
