La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) sancionó al Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI), anteriormente conocido como CUCICBA, con una multa de $290.010.000 por abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas contra corredores vinculados a REMAX. La resolución, emitida el 9 de octubre de 2026, responde a una denuncia presentada en 2021 y establece medidas destinadas a garantizar condiciones de competencia en el mercado inmobiliario porteño.
La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre REMAX Argentina y el Colegio Profesional Inmobiliario, una disputa que lleva más de una década y que involucra diferencias sobre los modelos comerciales utilizados por los corredores matriculados.
De acuerdo con la información difundida por la compañía, la investigación determinó que el colegio profesional utilizó sus facultades regulatorias, administrativas y disciplinarias de manera discriminatoria para limitar el desarrollo de profesionales vinculados a la red inmobiliaria.
Entre las conductas identificadas se encuentran la aplicación desigual de sanciones, obstáculos para la matriculación y restricciones en el acceso a herramientas institucionales necesarias para ejercer la actividad.
La resolución también cuestionó el tratamiento diferenciado entre corredores que trabajaban bajo el modelo de franquicias de REMAX y otros profesionales que desarrollaban actividades similares fuera de esa estructura comercial.
Uno de los aspectos centrales del expediente fue el uso de las facultades disciplinarias del colegio. Según los resultados comunicados, los corredores vinculados a la marca recibieron sanciones de manera selectiva frente a situaciones comparables de otros matriculados.
La investigación también señaló posibles conflictos de intereses derivados de la participación de profesionales que, además de ejercer funciones regulatorias dentro de la institución, competían comercialmente con los corredores afectados.
Como consecuencia, la ANC ordenó al CPI cesar las conductas consideradas anticompetitivas, además de imponer la sanción económica.
El organismo también formuló recomendaciones al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Legislatura porteña.
Estas recomendaciones apuntan a revisar las barreras de acceso a la actividad inmobiliaria, promover condiciones de igualdad entre profesionales y establecer mecanismos de control sobre las facultades disciplinarias de los colegios.
La medida pone nuevamente en discusión la relación entre regulación profesional, libertad comercial y competencia en el mercado inmobiliario argentino.
El conflicto entre REMAX y el colegio profesional tiene antecedentes relevantes. En 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso la disolución y liquidación de REMAX Argentina a partir de cuestionamientos relacionados con su estructura comercial.
Sin embargo, en mayo de 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto aquella resolución al considerar que la IGJ había excedido sus competencias.
Esa decisión judicial permitió revertir la medida administrativa, aunque no resolvió todos los cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de la red inmobiliaria.
En paralelo, REMAX y un grupo de corredores habían presentado una denuncia ante las autoridades de competencia por las prácticas que atribuían al entonces CUCICBA.
El procedimiento derivó en la investigación que culminó con la multa de $290.010.000 y la orden de modificar las conductas cuestionadas.
Para Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, la resolución representa un avance en el reconocimiento de la libertad de los profesionales para seleccionar sus herramientas comerciales.
"Siempre sostuvimos que cada profesional debe tener la libertad de elegir las herramientas comerciales y de marketing que considere más adecuadas para desarrollar su actividad, sin enfrentar obstáculos ni un trato desigual por adoptar un modelo de trabajo diferente", afirmó.
El ejecutivo también destacó que la competencia entre diferentes modelos comerciales puede ampliar las alternativas disponibles para los consumidores y favorecer la incorporación de nuevas herramientas en el sector.
REMAX opera en Argentina desde 2005 y cuenta con más de 220 oficinas distribuidas en el país, de acuerdo con los datos proporcionados por la compañía.
Su estructura se basa en una red de oficinas y corredores que utilizan una marca común y acceden a servicios compartidos, herramientas comerciales y estrategias de marketing para desarrollar sus operaciones.
Este sistema fue uno de los principales puntos de discusión con el colegio profesional, especialmente respecto de las condiciones que deben cumplir los corredores matriculados y las facultades regulatorias de las entidades que supervisan la actividad.
La resolución de la ANC introduce ahora un nuevo elemento en ese debate, al establecer que el ejercicio de las competencias institucionales debe respetar las normas de defensa de la competencia.
Además, las recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y porteñas podrían abrir una instancia de revisión de determinadas condiciones de acceso y ejercicio profesional.
El caso REMAX vuelve a colocar en el centro de la discusión la necesidad de compatibilizar la regulación inmobiliaria con la competencia entre distintos modelos de negocio, en un mercado donde conviven inmobiliarias tradicionales, redes de franquicias y profesionales independientes.
La sanción económica y las medidas ordenadas al colegio profesional marcan una nueva etapa del conflicto, con posibles implicancias para la organización y el funcionamiento de la actividad inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires.
