El economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, presentó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una propuesta para reducir las retenciones agropecuarias y ampliar el empleo rural registrado sin comprometer el equilibrio fiscal. Durante un encuentro organizado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y VISEC, expuso un estudio de Fundación Capital que plantea que la formalización laboral podría compensar el costo fiscal de eliminar los principales derechos de exportación, estimado en el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
La iniciativa busca vincular la competitividad del sector agroindustrial con la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de los ingresos tributarios.
Según informó Infocampo, Redrado sostuvo que la reducción de las retenciones no genera automáticamente más empleo registrado, por lo que consideró necesario incorporar políticas específicas de formalización.
El economista planteó que el crecimiento de la producción y las exportaciones debe acompañarse con medidas que permitan ampliar la contratación formal de trabajadores rurales.
El estudio de Fundación Capital propone integrar tres objetivos: reducir impuestos distorsivos, promover empleo de calidad y preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
Durante su exposición, Redrado destacó la importancia económica de la agroindustria argentina y su capacidad para generar actividad en distintas regiones del país.
Según los datos presentados, el sector comprende 32 cadenas de valor distribuidas en el territorio nacional, genera 1,5 millones de puestos de trabajo y representa el 65% de las exportaciones argentinas.
Sin embargo, el economista señaló que estos indicadores conviven con dificultades estructurales relacionadas con la informalidad laboral, los niveles salariales y la capacitación de los trabajadores.
En ese contexto, identificó diferencias regionales en los niveles de registración.
El Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA) presentan mayores desafíos de formalización laboral, mientras que la región pampeana registra indicadores de informalidad inferiores al promedio.
Redrado también destacó la necesidad de ampliar la capacitación tecnológica para acompañar la transformación de las actividades agropecuarias.
Uno de los puntos centrales de su propuesta es que la eliminación de retenciones debe estar acompañada por incentivos concretos para registrar trabajadores.
El economista analizó distintos modelos utilizados para estimar el impacto económico de una reducción de los derechos de exportación.
Entre ellos mencionó metodologías del Fondo Monetario Internacional (FMI), estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario, proyecciones del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y un análisis del economista Alberto Porto.
Según explicó, buena parte de esos trabajos se concentra en los efectos sobre la producción, la rentabilidad y las exportaciones, pero no distingue suficientemente entre la creación de empleo formal e informal.
El Consejo Agroindustrial Argentino había proyectado la generación de 878.381 puestos de trabajo adicionales en diez años, aunque esa estimación no diferencia entre trabajadores registrados y no registrados.
Para Redrado, esa distinción resulta fundamental al momento de evaluar el impacto social y fiscal de las políticas destinadas al sector.
El estudio presentado por Fundación Capital estima que eliminar los principales derechos de exportación representaría un costo fiscal equivalente al 0,7% del PIB.
La propuesta sostiene que ese impacto podría compensarse mediante una combinación de mayor actividad económica, incremento de la recaudación de otros impuestos y ampliación del empleo registrado.
Entre los tributos que podrían contribuir a esa compensación se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias.
A diferencia de las retenciones, ambos impuestos forman parte del sistema de coparticipación federal, por lo que una mayor recaudación también podría beneficiar a las provincias.
La formalización laboral constituye, según el planteo de Redrado, un componente necesario para sostener la reducción tributaria.
La incorporación de trabajadores al sistema registrado ampliaría la base de aportes y contribuciones, además de mejorar el acceso a derechos laborales y mecanismos de protección social.
No obstante, la compensación fiscal planteada constituye una proyección del estudio y dependería de la cantidad de trabajadores formalizados, la evolución de la actividad y la recaudación efectiva.
El economista también propuso revisar los impuestos provinciales que afectan a las cadenas agroindustriales.
En particular, planteó que una mayor recaudación coparticipable podría generar condiciones para avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos sobre las actividades vinculadas con la producción agroalimentaria.
La iniciativa busca reducir los costos tributarios acumulados a lo largo de las cadenas de valor y mejorar la competitividad de las empresas.
También mencionó la necesidad de analizar otros tributos y avanzar en la formalización de actividades vinculadas con las semillas.
El encuentro organizado por UATRE y VISEC también abordó las nuevas exigencias comerciales de la Unión Europea.
El Reglamento europeo 1115, conocido como EUDR, establece requisitos relacionados con productos libres de deforestación y el cumplimiento de la legislación pertinente en los países de origen.
En ese marco, la reunión puso el foco en la importancia de acreditar el cumplimiento de las normas laborales para facilitar el acceso a mercados internacionales.
La denominada Constancia de Legalidad fue presentada como una herramienta para demostrar el cumplimiento de requisitos vinculados con la producción y el trabajo rural.
Para las cadenas de soja y carne bovina, estas exigencias representan un desafío de adaptación que involucra tanto la trazabilidad ambiental como la documentación correspondiente a la actividad productiva.
La formalización laboral puede contribuir a fortalecer la posición de los productores frente a compradores internacionales que requieren mayores garantías sobre el origen y las condiciones de producción.
La propuesta de Redrado busca articular los intereses de productores, trabajadores y gobiernos dentro de una estrategia de desarrollo agroindustrial.
El planteo reconoce que la reducción de impuestos puede mejorar la competitividad, pero sostiene que esa medida debe complementarse con mecanismos destinados a ampliar el empleo registrado.
De concretarse, el esquema requeriría coordinación entre el Estado nacional, las provincias, las empresas y las organizaciones laborales.
El principal objetivo es construir una alternativa que combine menor presión tributaria, mayor formalización y crecimiento de la producción agroindustrial.
La iniciativa de Fundación Capital abre así un debate sobre cómo financiar una reducción de retenciones sin trasladar todo el impacto a las cuentas públicas.
Para Redrado, el desafío consiste en diseñar políticas que permitan mejorar simultáneamente la competitividad exportadora y las condiciones laborales del campo argentino.
