Soja: ROSARIO
$481 -100.97%
Maíz: ROSARIO
$267,50 -0.89%
Trigo: ROSARIO
$291,30 -99.59%
Ignacio Garciarena, presidente de Fundación Barbechando para el período 2026-2029, buscará ampliar los vínculos de la entidad con legisladores de distintos espacios políticos e impulsar una agenda que incluye retenciones, ley de semillas, biocombustibles y vandalismo rural. El productor agropecuario fue elegido en reemplazo de Ángeles Naveyra, según publicó LA NACION el 29 de octubre de 2026.
El recambio de autoridades no supone un cambio en las prioridades institucionales. Garciarena, quien se desempeñaba como secretario de la fundación, definió la nueva etapa como una continuidad del trabajo previo: “No hay un cambio de agenda, no es un borrón y cuenta nueva, al contrario, es una absoluta continuidad de los temas”.
La comisión directiva quedó integrada, además, por Tristán de Villalobos como secretario y David Hughes, quien continuará como tesorero. Naveyra seguirá vinculada a la entidad como vocal. Garciarena ejercerá la presidencia durante el ciclo 2026-2029.
Uno de los principales planteos de la fundación es que la reducción y eventual eliminación de los derechos de exportación se establezca mediante una ley del Congreso. La propuesta también apunta a limitar la posibilidad de que futuras administraciones aumenten las alícuotas por decisión del Poder Ejecutivo.
Garciarena señaló que el debate podría contemplar una aplicación gradual, con atención al impacto fiscal. Al referirse a proyectos que buscaron avanzar en esa dirección, afirmó: “Hubo intenciones hace unos meses de proyectos de eliminación gradual, donde se entiende esto del desfinanciamiento del Estado, de que no hay que desfinanciar y que tiene que ser progresivo y gradual. Eso se entiende y hay consenso en eso”.
El nuevo titular de Barbechando sostuvo que el Poder Ejecutivo no quiere asumir un compromiso legal que traslade al Congreso la decisión sobre la baja de las retenciones. También explicó que, desde la perspectiva de la entidad, una reducción del tributo podría impulsar la producción y la actividad económica, con una compensación parcial de la recaudación mediante otros impuestos nacionales y provinciales.
La fundación buscará que la discusión legislativa aporte previsibilidad a los productores. La iniciativa pretende que las modificaciones futuras de los derechos de exportación tengan tratamiento parlamentario y no dependan exclusivamente de decisiones del gobierno de turno.
En el plano legislativo, Garciarena identificó dos proyectos que ya tuvieron avances parlamentarios. La iniciativa sobre vandalismo rural obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y está pendiente de tratamiento en el Senado. El proyecto de biocombustibles realizó el recorrido inverso y espera la firma de un dictamen.
La discusión sobre una nueva ley de semillas presenta otro escenario. Según Garciarena, todavía existen diferencias entre entidades rurales y la industria semillera, por lo que considera necesario alcanzar un acuerdo entre los actores privados antes de avanzar en el Congreso. “No hay un consenso entre los privados todavía”, señaló.
Sobre fitosanitarios, indicó que se trabaja desde hace años en una propuesta que continúa en instancias del Poder Ejecutivo. La fundación también seguirá la discusión sobre un marco para las aplicaciones y la actualización de las normas vinculadas con la actividad.
Para ampliar la llegada de esos temas al Congreso, Garciarena buscará fortalecer el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA). Según detalló, el espacio pasó de una integración inicial de cuatro o cinco legisladores a reunir 78 representantes con quienes la fundación mantiene conversaciones.
La estrategia incluye reuniones con legisladores y asesores, jornadas sobre asuntos específicos y articulación con entidades de las cadenas agroindustriales para acercar información técnica. Garciarena definió ese trabajo como “una tarea de construcción de confianza” para que las demandas del sector puedan traducirse en decisiones legislativas.
El presidente de Barbechando también planteó que el agro tiene un peso económico mayor que su representación política. Consultado sobre la principal deuda de la política con el sector, respondió que es “la escucha”. A la vez, consideró que las organizaciones agropecuarias deben mejorar la forma en que comunican sus demandas para convertirlas en propuestas que puedan debatirse y votarse.
